Con la finalidad de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) recibe los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de parte de los sujetos obligados del sector financiero y no financiero.
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Antecedentes
En el 2020 los ROS que elevan privados como bancos, inmobiliarias y estudios contables al Banco Central habían disminuido drásticamente según la UIAF por una «eventual reducción de la percepción de riesgo como consecuencia de las disposiciones que introdujo Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada en 2020. La reducción de la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de Evaluación Mutua del GAFI (Grupo de Acción Financiera), así como también la existencia de un menor contacto con ese sector de sujetos obligados como consecuencia de la pandemia» .
La LUC en escena
Sin lugar a dudas la LUC es determinante en los informes y en el seguimiento de estas operaciones fraudulentas por la intruducción de las dos modificaciones que realizó al Sistema de Prevención de Lavado y Financiamiento de Terrorismo, una al Sector Financiero y otro al No Financiero.
Respecto al Sector Financiero, el artículo 226 de la LUC sustituyó el artículo 12 de la ley 19574 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, que es el que establece que todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a realizar reportes de operaciones sospechosas y por tanto a contar con un sistema de prevención en la materia.
La novedad del artículo es que indica que las empresas de seguros y reaseguros estarán alcanzadas por la obligación de informar únicamente cuando participen en actividades relacionadas con suscripción y colocación de seguros de vida y otros seguros relacionados con la inversión (seguros con ahorro por ejemplo). Cualquier otra modalidad de seguros (los llamados seguros generales) dejan de generar la obligación de reportar y por lo tanto de aplicar sistema de debida diligencia de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (LAFT) .
Respecto al Sector No Financiero, o sea aquellas actividades y profesiones no financieras obligadas a la aplicación de sistema de prevención en LAFT , el artículo 225 de la LUC agrega un inciso al artículo 17 de la ley 19574 , el que refiere a medidas simplificadas de debida diligencia. El mismo ya establecía que los sujetos obligados debían aplicar debida diligencia simplificada respecto de los clientes, productos u operaciones que tengan un riesgo bajo de acuerdo a su evaluación de riesgo. Lo que la LUC agrega es la posibilidad de también aplicar debida diligencia simplificada cuando la operación se realice usando medios electrónicos tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones de intermediación financiera o de los que estas fueran obligadas al pago o valores de los que estas fueran depositarias.
Panorama actual
En 2021 los ROS de lavado de activos totalizaron 816 frente a 694 de 2020, lo que marcó un aumento de 17,6%. La cifra marca un «máximo histórico» de reportes de operaciones sospechosas de lavar activos según la “Memoria anual 2020 y Plan de actividades 2021” de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.
Sin embargo al evaluar por grandes sectores, se ve que el crecimiento en los ROS solo vino del lado financiero con un reporte de 777, un 24% más que en 2020. En cambio las entidades no financieras como escribanos, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, inmobiliarias, volvieron a reducir los ROS. En 2021 este sector realizó apenas 39 ROS el menor nivel desde el 2014 y una baja de 42% respecto al 2020.
Es el tercer año seguido de caída en los reportes de entidades no financieras, ya que habían sido de 68 en 2020, 149 en 2019 y 263 en 2018, una tendencia por demás preocupante, consecuencia directa de la aplicación de la LUC.
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