En el día de ayer se reunió la Asamblea General a fin de recibir el informe por el cual se activa la cláusula de salvaguarda prevista en el artículo 699 de la Ley Nº 19.924, de 18 de diciembre de 2020, relativa al endeudamiento público nacional la que de acuerdo con el planteo oficial se enmarca en las presiones que determinan la emergencia hídrica. El Poder Ejecutivo “consideró que la actual emergencia de déficit hídrico ha hecho necesario solicitar a la Asamblea General activar el mencionado mecanismo de salvaguarda para hechos extraordinarios”.
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Asamblea General a fin de recibir el informe del Ejecutivo por el cual se activa la cláusula de salvaguarda relativa al endeudamiento público nacional.
Foto: Dante Fernandez / FocoUy,Caras y Caretas Diario
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La ley Nº 19.924, de Presupuesto Nacional, fija un límite anual al endeudamiento del gobierno y un nuevo marco para autorizar deuda pública nacional. El gobierno utilizó el mecanismo del artículo 699 del Presupuesto para solicitar al parlamento que el tope de endeudamiento para el 2023 pase a 2.860 millones de dólares que hoy es de 2.700 millones de dólares.
Los antecedentes del uso de estos mecanismos se remontan al año 2021, cuando el Poder Ejecutivo había recurrido al mismo para atender la emergencia sanitaria Covid 19 y en ese momento se justificaba en solventar así las políticas sanitarias y sociales que se implementaron.
Ahora, si bien los efectos de la sequía son importantes, ¿pueden comprarse a los de la pandemia?, ¿hay argumentos suficientes? ¿Como se da un cambio tan abrupto entre estimaciones?
Surgen muchos planteos, por ejemplo el del economista Javier de Haedo, quien publicó en su cuenta de Twitter: “Asumir que el efecto fiscal de la sequía será de la misma magnitud que el de la pandemia es una exageración. No tiene sentido ampliar en 30% el tope de deuda. El Parlamento debe calibrar bien el monto a autorizar al Poder Ejecutivo”.
A este comentario, el economista Martín Vallcorba, ex coordinador de Inclusión financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, agregó que estando de acuerdo con el planteo también “llama la atención la magnitud del ajuste de las proyecciones del MEF”. Y agregó: “En may-23 la Unidad de Deuda proyectaba para 2023 un endeudamiento neto de US$1.939 millones. Un mes después en la Rendición de Cuentas se proyectan 2.370 millones (431 millones más, 22%)”.
Surgen muchas interrogantes y cuestiones que vale la pena profundizar en medio de una Rendición de Cuentas tan importante, con reiterados ajustes en las proyecciones y una realidad cambiaria compleja que se ha agudizado como resultado de la política monetaria.