Así pierde credibilidad la Justicia

En suma, la fiscal Fossati indaga una posibilidad sin evidencia de una “intención” y para eso transformó a Leal en el tema político de la última semana, desviando el cometido central de su investigación. Es el colmo de la discrecionalidad escudriñar sobre lo posible o lo eventual de una intención de tener una conducta que, además, no es delito, sin contar con evidencia para ello, a partir de una reunión privada entre dos personas sobre las que no recae sospecha ninguna, sucedida en otro país, fuera, por ello, de la jurisdicción de nuestro sistema judicial.

Imaginemos que se pusiera de moda que los fiscales te obliguen a designar abogado y te tomen declaración en calidad de indagados porque se les ocurre o tienen la sospecha de que existía la posibilidad de que tuvieras la intención de hacer algo. Algo que, además, no es claro qué sería y que, en el caso de que efectivamente fuera un delito, sucedió fuera de su jurisdicción, en otro país.

Mañana la fiscal podría citar a periodistas como testigos, pasarlos a indagados y, por cierto, dar la misma explicación. De hecho, podría citar a cualquiera, siempre y cuando ella sospechara de la posibilidad de la intención, porque además lo hace sin evidencia suficiente y sin necesidad de precisar el delito. Es un acto de pura propaganda, y ya que estamos para sospechar flojos de papeles, sospecho que existe la posibilidad de que la fiscal tuviera la intención de tomar esta decisión pour la galerie, es decir, para satisfacer a una tribuna, con el cometido desviado de provocar un efecto determinado en el auditorio, en la sociedad, en el pueblo y, en consecuencia, entorpecer la instigación judicial del caso.

Es notable que la Fiscalía de Corte o quienes tengan a cargo la supervisión de las actuaciones de los fiscales no hayan reparado en este absurdo y no hayan dicho absolutamente nada. Porque lo que está creciendo con este tipo de situaciones es la desconfianza, la suspicacia, a esta altura enorme e innegable, de la gente ante la actuación de la fiscal Fossati, en particular, y del sistema judicial, en general, en un caso que compromete a altas autoridades del gobierno, incluso al propio presidente.

Todavía resulta más sospechoso que haya pedido la actuación de Asuntos Internos, una división investigativa de la Policía que se dedica, como lo explica su nombre, a analizar casos que involucran a policías, cuando ninguno de los civiles a los que se le tomó declaración pertenecen o han pertenecido a la fuerza. Es tan llamativo ese proceder de la fiscal que no cabe otra cosa que sospechar de la posibilidad de que haya tenido una intención aviesa.

Hace mucho tiempo que le perdimos la confianza a la funcionaria del ministerio público a la que le tocó este caso tan dramático y complejo. Hace rato que nos es imposible creer que su motivación sea la que le corresponde por ley y por su responsabilidad en el sistema. Pero esta confianza que hemos perdido en la fiscal puede propagarse a una generalizada desconfianza a todo el sistema si el sistema no tiene forma de poner las cosas en su lugar y sigue permitiendo semejantes actuaciones, tan notablemente extrañas, y tan sospechosas de intencionalidad política y garantía de impunidad para los poderosos. Una cosa es que reiteremos que confiamos en la Justicia porque confiamos en ella y otra cosa es que lo digamos hasta el cansancio, como un mantra, como quien quiere convencerse de un autoengaño y no llegar a una decepción abrupta. Lo primero es racional, lo segundo es voluntarista, inconducente y, finalmente, a término.