Se archivó el caso de la construcción del Antel Arena, pero todavía más: lo que surge del dictamen sugiere que los que sí incurrieron en conductas reprochables son los denunciantes, que malgastaron millones de dólares en producir un cúmulo de prueba malintencionada, cuando no falsa, y se presentaron a la Justicia truchando datos, intentando manipular la verdad para salirse con las suyas, en un ejercicio ostentoso de politiquería de baja estofa.
Claro que tiene razón el Frente Amplio cuando festejan sus autoridades como un gol de media cancha el dictamen fiscal. Porque el archivo del caso Antel Arena no es el archivo de cualquiera de las múltiples persecuciones que se intentaron durante este es gobierno: es el archivo de toda una forma de hacer política, judicializando con mala fe, de forma de deshonesta, para lograr en los tribunales lo que no se puede defender en el debate público. El cierre de la causa Antel Arena es el cierre de un capítulo nefasto de la política uruguaya, es el cierre del show de las gabardinas, de las tentaciones de importar el lawfare, de destruir a los adversarios sembrando sospechas sobre su honestidad cuando no había ni un solo elemento para esa siembra.
Carolina Cosse sale fortalecida indudablemente de este dictamen, pero toda la izquierda puede celebrar este desenlace, porque, de algún modo, anticipa el desenlace de todas las acusaciones que vinieron y que van a venir, siempre que se fragüen con inquina y sin papeles. Esta era, por lejos, la peor de las operaciones, la que fue urdida por más tiempo y de modo más complejo, en la que participaron más actores y la que, en última instancia, perseguía una finalidad ideológica más profunda, el disciplinamiento. Lo que la derecha quería con esta causa no era sólo perjudicar a Cosse, aunque naturalmente eso los motiva mucho, también era conseguir un fallo ejemplarizante para que nunca más a un jerarca se le ocurra hacer grandes inversiones que favorezcan a la gente común, a los barrios que quedan en “la loma del quinoto”, como se escandalizaba a los gritos Sergio Puglia, entonces un aparente cocinero y comunicador, pero hoy referente principal de Cultura del Partido Nacional, que no podía tolerar una obra tan sofisticada, “un lujo”, pero no en Punta del Este, donde le gusta a él, sino en la zona obrera de Villa Española.
Ahora sí, el fiscal Alejandro Machado tiene en sus manos causas donde hay verdaderas posibilidades de destapar ollas de corrupción: la causa madre del pasaporte del narco Sebastián Marset, donde es probablemente muy difícil llegar a probar que fue una entrega VIP, aunque es obvio para todo el mundo que obtener un pasaporte no le pasa a la gente común, y la causa hija de ese caso, que surge luego de la declaración de Carolina Ache y que no puede terminar sin imputaciones, porque es completamente obvio, y hasta lo confesaron, que destruyeron las copias certificadas de los chats entre Ache y Maciel para no cumplir con un fallo judicial y esconder al Senado y al pueblo que siempre supieron quién era este narco. Estas causas son las que más preocupan al Gobierno que está encomendado al santo de la lentitud de los procesos judiciales, porque es muy difícil, pero muy difícil, que zafen.
