Hace menos de un mes, el fiscal de Delitos Complejos y Económicos, Alejandro Machado, archivó la causa del Antel Arena con un dictamen de 88 páginas donde rebatió punto por punto todos los argumentos de la denuncia presentada por el Directorio de Antel. En el dictamen, Machado no se privó de poner en evidencia que la auditoría de Ecovis presentada por este Directorio no era una auditoría; que la Jutep actuó con falta de rigurosidad al pronunciarse con base en ella y sin tomar en cuenta las otras auditorías y el conjunto de los elementos del expediente; que no cabía quejarse de gastos observados cuando hasta el propio abogado que llevaba la denuncia había sido contratado con un gasto observado –y reiterado–; que el precio informado por el denunciante no era cierto, porque no costó 120 millones, como venían repitiendo hace años, sino 86 millones; y que ese monto se ajustaba a los costos previstos en uno de los escenarios proyectados, que era claro desde el principio que los 40 millones se referían solo a la obra civil, sin todo el equipamiento y que, salvo uno de los más de diez informes jurídicos, todos consideraban que Antel no violaba el principio de especialidad del ente con la obra.
Desviando la atención
El arenero del presidente
¿Qué puede justificar que el presidente de la República, le ordene a la presidenta de Antel, pedir el reexamen del dictamen de archivo del caso Antel Arena, cuando es tan contundente?