El Derecho no puede ser torcido

El final no dejó bien parado al sistema de justicia y generó desconfianza en una parte muy importante de la ciudadanía.

Como enseña un precepto universal de las ciencias jurídicas, el derecho no puede ser torcido. Cuando el derecho colide con la justicia, la balanza debería inclinarse sobre el platillo de lo justo.

El argumento más fuerte que da la fiscal a favor del juicio abreviado que condenó a Astesiano es que salió rápido y barato, y se obtuvo el resultado esperado y deseado por ella.

Se sacrificó la transparencia, el debate público, la igualdad ante la ley, el derecho del acusado, la justa valoración de la prueba y la exhaustividad de la investigación.

Si algún personaje escapó a la acción de la Justica, no es porque el defensor fuera astuto o la fiscal tímida, es porque había poco tiempo y pocos recursos.

Es lo que pasa siempre en la sociedad de clases, una justicia para arriba y otra para abajo según los recursos disponibles.

Tanto hablar del respaldo a la Policía y en la primera de cambio los milicos son imputados y los del British festejan, se hamacan en las olas de la Paloma, van a mirar cuchillos con Loly en el principal balneario, se prueban un poncho en la tienda de ropa de los malla oro y se sacan selfies en el corso del carnaval de Melo.

Mientras tanto su hermano de la vida, el que cuidó a su padre a su madre, a sus hermanos, a su esposa y a sus hijos, el que le hacía los mandados y les lavaba los trapos sucios, está en cana y prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra , malandrín y estafador.

El fiscal de Corte enumeró los recursos que puso a disposición de la fiscal que son los mismos con que la Fiscalía de Corte apoya en los casos más complejos a los demás fiscales.

En algunos casos la fiscal Fossati parece haberlos desestimado.

Ya en noviembre la fiscal Gabriela Fossati lo advirtió cuando expresó -y aún no lo ha desmentido- que no se inmolaría para investigar una causa en la que a nadie le interesaba la justicia. Ya en noviembre la fiscal Gabriela Fossati lo advirtió cuando expresó -y aún no lo ha desmentido- que no se inmolaría para investigar una causa en la que a nadie le interesaba la justicia.

El proceso fue complejo, corto en su duración y apresurado en su finalización. Dejó por fuera a los de arriba y le dio con un fierro al de abajo.

No por haraganería, ineptitud o inexperiencia. Todos los que conocen a la fiscal, la valoran como una magistrada trabajadora e inteligente. Tengo entendido que la inteligencia es un agravante.

Tal vez, si se hubiera seguido investigando, podrían haber surgido otras situaciones irregulares o delictivas, especialmente relacionadas con el encubrimiento, el falso testimonio y el abuso de funciones.

Llama la atención que se haya considerado sin apariencia delictiva el uso probado por la Fiscalía, por parte del entorno político de la Presidencia, de información obtenida ilegalmente para ejecutar, implementar, planificar o preparar el seguimiento de dirigentes políticos y sindicales, menores de edad, docentes e incluso a la exesposa del presidente. También que no se hayan investigado algunas acusaciones en que aparentemente algún testigo habría mentido en audiencia.

Es curioso que nadie haya percibido que la información era obtenida por medios ilegales y que estaban obligados a denunciarlo, que no podía obtener servicios para sí o sus empresas mediante gestiones irregulares.

Es raro que el episodio del liceo 41 no haya sido investigado por la Fiscalía de menores y que no se haya interesado el INAU. De la ANEP ni hablemos.

Hay que recordar que esto comenzó en el mes de setiembre y que la fiscal esperaba encontrar un caso en que se investigaría una organización que obtenía pasaportes uruguayos a naturales rusos.

Desde el inicio la fiscal percibió que la investigación iba a ser difícil, en un terreno inexplorado y en un clima tormentoso.

Astesiano, que estaba de viaje con el presidente y sus hijos, se enteró de que iba a ser detenido al arribar a Carrasco, aunque se habían previsto precauciones para que no lo supiera.

No lo arrestaron al aterrizar en la terminal aérea, sino que lo dejaron viajar en auto oficial con el presidente hasta la residencia de la avenida Joaquín Suárez.

Los oficiales de Inteligencia que intervinieron le habrían dejado tiempo para tratar de borrar los chats del celular y ocultar o hacer desaparecer otros dos celulares que usaba habitualmente.

La Policía acordó con el presidente y eventualmente con la Fiscalía, condicionando la entrega del único celular a que no se descifraran los intercambios de mensajes entre el presidente y Astesiano. Cuando aparecieron los chats, aparecieron los primeros indicios de que el caso se complicaba.

Lo del pasaporte era solo una parte y los intercambios entre Astesiano y los jerarcas de la Policía enredaban todas las hipótesis que la fiscal había imaginado.

Inicialmente la fiscal había aceptado la versión de que la Policía sólo había podido desencriptar 10% de la información que había en el dispositivo incautado, pero alcanzó cierto escándalo público para que todo apareciera como un malentendido.

Después resultó que también lo era el acuerdo que eventualmente ocultaría los chats de Astesiano con el presidente.

Sin perder tiempo, la Fiscal los imputó por cuatro delitos, el principal de los mismos es la asociación para delinquir, que aumenta la importancia de los otros.

Aparentemente en esos días la fiscal elaboró la llamada “teoría del caso”, un relato que imagina una hipótesis sobre la que trabajar con la finalidad de procurar pruebas que permitan obtener una condena por los delitos imputados.

La aparición en los chats incautados con innumerables intercambios entre Astesiano y diversos protagonistas -algunos con altos jerarcas de la Presidencia, del Ministerio del Interior y la Policía Nacional- dieron la pauta a la fiscal de que a la complejidad de investigar al Ministerio del Interior y al de Relaciones Exteriores por la causa de los pasaportes, se agregaban nuevos hechos que, verdaderos o ficticios, agregaban informaciones y sospechas a una investigación ya compleja.

Ya en noviembre la fiscal Gabriela Fossati lo advirtió cuando expresó -y aún no lo ha desmentido- que no se inmolaría para investigar una causa en la que a nadie le interesaba la justicia.

Desde ese momento era previsible que no se iba a imputar ni un delito a quienes, según ella, estaban obstaculizando la investigación y tratando de tapar las irregularidades ocurridas en sus ámbitos de trabajo.

Reitero que sus palabras están registradas en un audio cuya transcripción el lector podrá leer en esta página y los ha leído en nuestra anterior edición:

“No se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”; “todos los nombrados son amigos y que ponen piedras a la indagatoria”; “embarran la cancha y quieren tapar todo”; “tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno y de los Ministerios de Relaciones Exteriores e Interior porque todos están nombrados en los diálogos del celular de Astesiano”; “ es un escándalo de proporciones institucionales y que, lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones, de lo que se preocupan los jerarcas es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor”.

Ella ni siquiera procuró disimularlo, sabedora de sus límites y los del sistema judicial.

Fossati destaca que “al final de su carrera no se va a inmolar en una investigación que va fatalmente al fracaso”, que si no la trasladan la investigación fracasará porque los que tienen que colaborar con ella no lo harán y porque ella no se enfrentará a los que “ponen las piedras en el camino porque tienen más poder que ella”.

Es evidente que el acuerdo abreviado solamente deja satisfechos a quienes querían que solo se investigara para abajo.

El juicio abreviado es un procedimiento que tiene algunas ventajas en comparación con un juicio ordinario. Es más corto, rápido y eficiente y se puede llegar a un acuerdo entre las partes, asegurando la certeza de los resultados.

Tiene desventajas en comparación con el juicio oral y público. Puede haber menos oportunidades para presentar pruebas y argumentos, lo que resulta desventajoso en un caso más complejo, y además puede haber una falta de oportunidad, para las partes, de obtener información importante sobre el caso. En algunos casos, el acuerdo alcanzado puede no ser transparente y carecer de resolución clara y completa del caso. Puede haber presión para llegar a un acuerdo, una negociación desigual y con desigualdad de poder.

Es casi unánime en la academia que la falta de transparencia del juicio abreviado puede ser problemático en casos como corrupción o delitos políticos.

Esto puede afectar la imparcialidad del resultado. El juez solo refrenda un pacto entre el acusado y el fiscal y la sentencia no describe los elementos probatorios, no analiza los argumentos de la parte acusadora y la defensa, ni juzga ni sentencia valorando lo vertido en el juicio.

En ciertos casos, como en este que consideramos, el uso de un juicio abreviado puede llevar a una apariencia de impunidad, especialmente si no se ha investigado lo suficiente o si se percibe que las partes culpables no están recibiendo una sanción adecuada.

El juicio oral hubiera permitido a las partes presentar toda la evidencia y los argumentos en un ambiente abierto y transparente y someterlos a la evaluación crítica del juez.

El juicio abreviado clausura las actuaciones, impide al público acceder al expediente y solo lo deja reservado a las partes y, en este caso, además se reservaron por seis meses, y tal vez para siempre, los interrogatorios de los protagonistas más sensibles políticamente, incluyendo al presidente de la República.

Para ser franco, yo también, como la Fiscal, elaboré mi teoría del caso. En la misma la imputo por su cobardía para asumir una responsabilidad frente a un hecho gravísimo aunque ahora pretenda quitar importancia o ponerlo a la altura de otros hechos semejantes. Ella dijo en noviembre que no podía investigar, se quejó del fiscal de Corte y lo agravió diciendo que no cumplía con sus compromisos y carecía de palabra, que no disponía de recursos antes de solicitarlos, que no podría seguir en esta causa porque estaba destinada al fracaso, que no se podía investigar porque los auxiliares estaban mencionados en los chats, que los jerarcas querían tapar todo, que se trataba de un escándalo institucional y que ella no se iba a inmolar.

Después pidió licencia de un mes y tuvo otro mes de feria judicial.

Con esto hice mi teoría del caso y deduje que era la crónica de una muerte anunciada. Que ni a ella, ni al fiscal de Corte ni al sistema de justicia les iba a dar la nafta para meter el cuchillo hasta el fondo.

Hay que ver con que tranquilidad dijo Luis Lacalle Pou que había que rascar hasta el hueso mientras pedía reserva de sus chats y su declaración en Fiscalía.

Sin embargo, no hay ningún agravio a la fiscal Fossati ni a sus derechos laborales ni motivo para que ella haga ninguna denuncia. Ojalá me hubiera equivocado.

Creo que actuó con cobardía porque no se animó a ir más allá de lo que estimó que eran sus límites y los del sistema judicial. Quiero creer que no influyeron convicciones políticas ni preferencias partidarias. Calificar la cobardía de una actitud frente a un hecho concreto no debe considerase un agravio, ya que se trata de una condición humana que puede ser criticada o juzgada en diferentes contextos.

Si, como en esta oportunidad, se señala la cobardía como una conducta procesal en el marco de un debate sobre la actuación de la Fiscalía, hasta debiera considerase parte de un señalamiento constructivo o para ayudar a los administradores de justicia a superar sus miedos o limitaciones. No obstante, percibo que la crudeza con la que planteé mi hipótesis y la manija de la prensa y de los actores en las redes pueden tener un impacto en la percepción de la persona y en la efectividad de la crítica constructiva.

La cobardía se relaciona con el miedo y la falta de valor para enfrentar situaciones difíciles o peligrosas y puede ser una respuesta natural de autoprotección ante situaciones que percibimos como amenazantes.

Es importante destacar que, aunque la cobardía pueda ser considerada parte de la condición humana, esto no significa que sea un comportamiento positivo o deseable. Por el contrario, la valentía y la capacidad de enfrentar los miedos y desafíos son valores muy apreciados en la mayoría de las culturas y sociedades.

Cuando se hace referencia a una profesión que requiere valor, en las que se enfrentan situaciones difíciles, peligrosas o estresantes que requieren de una gran dosis de coraje, determinación y autocontrol, la valentía y la entereza deben ser consideradas como formas de mostrar profesionalismo, responsabilidad y dedicación.

Los profesionales que trabajan en estas áreas deben estar dispuestos a asumir riesgos y a tomar decisiones difíciles en situaciones de alta presión y estrés, siempre con el objetivo de proteger a las personas y de hacer lo correcto. Es muy probable que en su larga vida profesional Gabriela Fossati haya enfrentado situaciones difíciles con recursos muy limitados y con mucha energía, pero esta vez le tocó una causa muy compleja, “un escándalo institucional de proporciones”, según ella misma dijo, y desde el primer momento anunció que no se iba a inmolar.

A veces entre el olvido y la gloria hay solo una decisión y la misma puede ser acertada o equivocada. Hay gente que pasa por la vida sin tener nunca esa ingrata o a veces bella oportunidad de cumplir con su deber y afrontar los riesgos con la sensación de que se les estaba escamoteando algo.

Yo digo que lo de la Fiscal Fossati no es un buen ejemplo de ciudadanía, al menos para mí. Para mis hijos y mis nietos, sin dudarlo, la pondría como un ejemplo de lo que no hay que hacer.

De la indagatoria a Gustavo Leal no hablaremos hasta que no se despejen las sombras. No prejuzgo, pero admitamos que huele a azufre.

Parecen surgir de las declaraciones que trascendieron de los familiares de Astesiano demasiados elementos para menospreciarlos. Tal vez debiera hacerse una nueva teoría del caso que levante el horizonte de la mirada por encima del cortafuego que impuso la fiscal. Pretender tapar el sol con un dedo a esta altura parece una empresa, al menos políticamente, imposible.