Si el presidente de la República no hubiera mentido que no tenía indicios de que su jefe de custodia, Alejandro Astesiano, había sido un delincuente, no habría incurrido en tremendas contradicciones y, simplemente, hubiese asumido el error de haber designado a un tipo sucio como una papa, invocando una confianza ingenua en que era un hombre redimido que ya había pagado sus culpas y en el que él sentía que podía confiar, entonces el escándalo de la banda de la Torre Ejecutiva tal vez no habría escalado tanto. Habría quedado confinado a los detenidos y a algunos cómplices necesarios y sobre el presidente solo recaerían críticas a su imprudencia.
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Pero no. No fue eso lo que hizo el presidente y no es eso lo que ha hecho el gobierno. El presidente y sus más fieles allegados han desplegado una estrategia de desviación de la atención para el control de daños que, lejos de calmar las suspicacias, las ha hecho estallar por los aires. Todo el mundo sospecha que Astesiano es la punta de un iceberg y todo el mundo sospecha que ese iceberg puede hundir al Titanic.
En suma, el problema central de este caso no es la falla en la inteligencia, ni una supuesta imprudencia majestuosa de Lacalle Pou ni el prontuario del señor Astesiano, el problema central es hasta dónde llega la red de emisión de pasaportes auténticos con datos falsos y cuán vinculada está con el poder político. Si Astesiano es el jefe, cómo pudo tener tanto poder, si Astesiano no es el jefe, ¿quién es el verdadero jefe de Astesiano?
Es normal que la gente se pregunte estas cosas, porque en poco tiempo se destaparon dos ollas hediondas relacionadas con pasaportes, mafias y narcotráfico que obtuvieron de funcionarios claves del gobierno apoyos increíbles, para una serie de Netflix y la gente, razonablemente, quiere saber si estamos ante una secuencia de sucesos lamentables pero “accidentales” o estamos viviendo en un verdadero narco-Estado, donde lo peor de lo peor del mundo del hampa se puede hacer con documentación apócrifa para delinquir, fugar, pasar a la clandestinidad y seguir delinquiendo, con asesoría VIP coordinada desde despachos de la Torre Ejecutiva.
Como se puede comprender con rapidez, no es lo mismo ser gobernados por incompetentes que por ímprobos, por una murga que por una banda, por invidentes que por malvivientes.
Y acá empieza el territorio de las sospechas: los casos de Marset y Astesiano no han sido aclarados de modo honesto y autocrítico, sino con mentiras y operaciones. Es tal el cinismo y tal la calaña del accionar gubernamental que no cabe otra que asumir que en la cima no hay escrúpulos a la hora de desviar el escándalo… y cuando no hay escrúpulos, no hay escrúpulos. Por lo que todas las alternativas quedan abiertas y toda sospecha encuentra su sustento.
Es una enorme pena para el Uruguay que, en lugar de estar discutiendo francamente de política y de modelos de país, estemos enterrados en una investigación cuasi penal, porque todo el resto de las cosas pasó a segundo plano. Hasta hace un tiempo Lacalle Pou era un gobernante de derecha, muy soberbio y con la cuota de insensibilidad necesaria para gobernar a favor de los malla oro y el resto que reviente, pero ya no es más eso, al menos no es solo eso: ahora es un presidente al que le armaron una asociación para delinquir en el seno de la casa de gobierno, cuyo conductor necesario era su propio jefe de custodia, puesto ahí por él.
La estrategia que desarrolló el gobierno en el llamado a sala, intentando homologar situaciones en nada comparables sucedidas en gobiernos del Frente Amplio, y hasta intentando ubicar este entramado delictivo en el territorio autoindulgente de la herencia, es tan inverosímil, tan poco creíble, que las dudas crecen con el paso de las horas. ¿Están intentando proteger al presidente? ¿Pero protegerlo de qué? ¿Es que acaso creen que van a convencer a alguien de que esta mafia viene de los gobiernos de Tabaré y Mujica y que Lacalle Pou es una víctima de una conspiración retorcida? ¿Qué buscan instalar? ¿Que Astesiano era un agente tapado o un infiltrado o un topo que cumplía un encargo de la oposición desde hace 25 años en la familia de Lacalle Pou? Es loco lo que están haciendo. Es desesperación por esquivar la responsabilidad, claramente, pero es demasiado exagerado lo que han hecho estos días, desde tapas de El País hasta promover el juicio político a la intendenta Carolina Cosse o armar una campaña contra las ollas populares. Demasiado. Muy mucho, como dicen los chiquilines. Innecesario, salvo que intenten protegerse de otras cosas, de cosas que todavía no conocemos: quizá del iceberg que apenas ha asomado a la superficie.