El sincericidio de Lacalle Pou y la industria tabacalera

Tal vez podía haberlo hecho discretamente, pero el ego es implacable y decidió hacer un reconocimiento público, brutal, escandaloso y descalificador.

Es obvio que cuando una empresa contribuye con 14.500 dólares a la campaña electoral de un candidato con aspiraciones de ganar la presidencia, lo hace con una finalidad. Eso lo sabe el donante y el que recibe la contribución.

Nunca debe suponer que se trata de un rapto de brutal generosidad, menos cuando se trata de una empresa icónica que, según cuenta la leyenda, guardaba las libras de oro debajo de la cama.

En este caso no es distinto; el monto de lo aportado es demasiado importante para pasar desapercibido.

La finalidad del donante no es otra que “quedar bien”, ganar alguna simpatía en quien lo recibe y guardar la posibilidad de hablar, sugerir y eventualmente pedir algo con cierta posibilidad de ser atendido.

Se trata de un favor y, como dice la abuela, “favor con favor se paga”.

Es más, el donante debe pensarlo muy bien antes de pedir la tal devolución del favor y el que recibe la donación debe saber muy bien que debe evitar hacerlo porque el precio puede ser aún más alto que el imaginable.

Todo lo demás es oscuro, éticamente injustificable y políticamente riesgoso y acaso suicida.

Los padres del presidente lo deben saber bien porque nadie tropieza impune dos veces con la misma piedra.

Esto debería haberlo reflexionado el presidente cada vez que pide una contribución y cada vez que firma un decreto.

Es verdad que, apretado por los gastos de una costosa campaña electoral, el candidato y sus más estrechos colaboradores tienden a recolectar fondos con la mayor amplitud, pero deben necesariamente tener presente que hay donantes y donantes, y algunos, tal vez los más poderosos, tienen la tendencia a creer que son los dueños de la pelota.

Esto es clarísimo cuando nos enteramos de que la publicidad televisiva de algunos partidos es más barata que la de otros y cuando un gobierno, como el que tenemos, no duda en disponer dádivas a los canales hegemónicas agradeciendo favores recibidos y recordando que es agradecido y que eventualmente necesitará de ellos una y otra vez.

También es muy notorio cuando el monto de los aportes es muy grande porque todos saben que cuando la limosna es grande hasta el ciego desconfía

En el caso particular, es aún peor y debería ser más riguroso este autoanálisis, porque hay reglas internacionales que advierten sobre los aportes de las tabacaleras, que califican como ilegal toda forma de publicidad, promoción o patrocinio del cigarrillo y del tabaco en sus diferentes presentaciones.

El caso es que Montepaz auspició la candidatura de Lacalle Pou en las pasadas elecciones y, por lo que dice el presidente, le pidió un decreto que este aprobó, decreto que flexibilizó las normas reguladoras del envoltorio de los cigarrillos, que integraban un paquete único, exigente y riguroso aprobado por el gobierno de Tabaré Vázquez dentro de una exitosa campaña antitabaco que mereció el reconocimiento internacional hasta el punto de ganar a la poderosa multinacional Philip Morris un juicio que para la comunidad internacional constituye un leader case.

Si lo que hizo este gobierno es condenable desde el punto de vista ético, mucho peor es la descalificación de quienes afirman que este decreto es atentatorio de la salud pública y contrario a todas las normas que se oponen al consumo de tabaco y la pretendida ironía con que el presidente se refiere a las críticas de la academia, de las organizaciones no gubernamentales y de las organizaciones profesionales médicas que unánimemente han rechazado este decreto.

Lo es más cuando pretende que la flexibilización del empaquetado tiene el propósito de combatir el contrabando de cigarrillos, ignorando que la razón del consumo de cigarrillos de contrabando es el precio y el incremento de su participación en el mercado es el deterioro del ingreso, el debilitamiento de las campañas antitabaco, el desmantelamiento del control sobre los incumplimientos y del combate al contrabando.

Es obvio que el propósito del decreto es beneficiar a la empresa Montepaz; por lo pronto el propio presidente hace saber que fue a solicitud de la tabacalera mencionada y a nadie escapa la idea de que ninguna empresa va a pedir algo que la perjudique.

Es sabido que la empresa Montepaz es un fuerte contribuyente de la candidatura del presidente y es claro que no necesitó ejercer ninguna presión porque ya el trámite de ganarse los favores del mandatario se había realizado con su apoyo monetario.

No se necesita faltarle el respeto, el primero que se falta el respeto a sí mismo es el propio presidente cuando reconoce que favoreció a una empresa amiga con un decreto que la beneficiaba.

Vamos a tratar de analizar algunos aspectos de este decreto aportando algunas consideraciones que valdría tener en cuenta.

El contrabando de cigarrillos es de una imponente magnitud en el Mercosur y en todo el mundo.

Un informe publicado por el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo (CIET), de Uruguay, escrito ya hace algunos años, muestra las dimensiones del comercio ilícito de tabaco en los países del Mercosur.

El problema del contrabando y su dimensión en el mundo es muy sabido y su penetración en el mercado del cigarrillo es tan dañino para la salud como todos los productos que se aspiran con nicotina.

El informe estima que para 2007 las dimensiones totales del mercado ilícito en la región eran de 45.000 millones de cigarrillos anuales.

La mayor parte de la producción ilícita se centraba en Paraguay y aproximadamente nueve de cada diez cigarrillos producto del mercado ilícito se consumía en el Brasil.

A ello hay que agregar que otros 30.000 millones de cigarrillos salen de la región del Mercosur hacia otros países, frecuentemente a través de Panamá o Aruba.

Si el total del comercio ilícito de cigarrillos en todo el mundo es de cerca de 600.000 millones de cigarrillos anuales, esto quiere decir que aproximadamente 10% por ciento de este comercio proviene del Mercosur.

Resulta difícil evaluar las dimensiones del mercado ilícito del gigantesco mercado de Brasil, pero para algunos observadores puede ser 30% del total de ventas.

En Uruguay, la empresa cigarrera líder y casi monopólica es Montepaz SA. Se trata de una empresa nacional y tiene una participación de cerca de 70 por ciento del mercado lícito nacional.

Según una reciente encuesta de Cifra, probablemente pagada por la empresa tabacalera, 30% del mercado en Uruguay es de cigarrillos de contrabando, pero el propio director de Aduanas considera que la cifra es considerablemente menor.

Montepaz exporta cigarrillos y tabaco picado a Paraguay, donde también cuenta con una fábrica.

Las principales marcas de cigarrillos que exporta son Calvert y Broadway, que no se venden en el mercado nacional. En 2006, Montepaz exportó cerca de 2.500 millones de cigarrillos, fundamentalmente a Paraguay, el doble de sus ventas en Uruguay y tres millones de kilogramos de insumos de tabaco. Es muy probable que una porción sustancial de estas exportaciones sea revendida posteriormente a “operadores” en Paraguay, que después las desplazan a Brasil. Estas marcas se comercializan en Río Grande del Sur y provienen del contrabando.

Las estadísticas del mercado exterior de Paraguay muestran que estas importaciones de cigarrillos provenientes de Uruguay son prácticamente las únicas importaciones que Paraguay hace de los países del Mercosur.

No se necesita ser muy sagaz para inferir que este millonario volumen de cigarrillos y tabaco que Montepaz exporta a Paraguay se triangularía al mercado ilícito brasileño, ávido de cigarrillos de contrabando y baratos.

Por lo tanto, para ir sabiéndolo, lejos está Montepaz de espantarse por el contrabando de cigarrillos cuando de él dependería una parte sustancial de su paquete de negocios.

Las conexiones entre las tabacaleras, el comercio ilícito de cigarrillos, el narcotráfico y el fútbol.

La industria paraguaya del tabaco se multiplicó por 26 en la primera década del siglo.

El país fuma 3 por ciento o menos de lo que produce. El resto se va de contrabando.

Las importaciones de cigarrillos a Paraguay son destinadas a ser volcadas al mercado ilícito brasileño.

El expresidente Horacio Cartes ya no es el CEO de la principal tabacalera, pero sí un accionista relevante del negocio familiar que hoy dirige su hermana.

En el centro de la producción paraguaya, con 51 a 58,1 por ciento, están la firma Tabesa y su distribuidora Tabacos del Paraguay.

Estas empresas son parte del Grupo Cartes y su accionista mayoritario es quien fuera presidente de la república y hoy es indagado por sus vínculos con el narcotráfico por la Justicia de EEUU, aunque su hermana Sarah es quien dirige las empresas hoy.

Es conocida la amistad de la familia de nuestro presidente con Horacio Cartes.

El fundador del grupo fue el padre de ambos, de Horacio Cartes y su hermana, Ramón T. Cartes, “el lord del tabaco”, como lo bautizó la prensa brasileña.

Los Cartes fabrican seis de las marcas vendidas de contrabando en México. De acuerdo a una nota de Ernesto Méndez en The Jour­nal of Political Risk (14-III-15), la ilegalidad permite que en los cigarrillos, además de tabaco, haya aserrín, pasto y hasta materia fecal, “porque es fibrosa”.

El hermano del expresidente Cartes fue imputado por narcotráfico en el sonado caso de una avioneta que hoy se relaciona con el llamado clan Marset.

Estrechos colaboradores de Horacio Cartes, exministros, familiares y altos funcionarios de su gobierno son indagados por lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos.

El marido de su hija, Sol Cartes, un pastor religioso, Patrick Blenden, es o habría sido indagado por suministrar autos de alta gama a los narcos desde un negocio automotor de su propiedad.

Un Lamborghini de lujo que usaba el hijo de Blenden y había sido expuesto por su automotora fue hallado en manos de narcotraficantes.

Una hermana de Cartes fue la esposa del hermano del exsenador, exministro y candidato presidencial del Partido Colorado en Uruguay Pedro Bordaberry, interventor de la Asociación Uruguaya de Fútbol y actual CEO de la Sociedad Anónima Deportiva Torque, ligada estrechamente al club inglés Manchester City.

También el presidente la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, tiene una relación con poderosas empresas de tabaco paraguayas.

Su padre, Osvaldo Domínguez Dibbs, es propietario de la empresa Boqueron, una de las más grandes tabacaleras de ese país.

Dueño de una inmensa fortuna acumulada durante la dictadura de Alfredo Stroessner, quien estuvo casado con su hermana, tiene capitales invertidos y controla empresas de comunicación, diarios, televisoras, industrias, negocios inmobiliarios y hoteles. Al igual que su padre, Alejandro Domínguez fue presidente del Club Olimpia y como director y CEO de medios de comunicación integró la junta directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Desde 2014 existe en Uruguay un protocolo para combatir el contrabando de tabaco aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No es necesario escribir sobre las notorias e inocultables consecuencias que el consumo de tabaco tiene sobre la salud de los fumadores. Tampoco sobre la eficacia del conjunto de medidas que nuestro país y buena parte de la comunidad internacional han adoptado para abatir el consumo de cigarrillos y los beneficios que deparan estas medidas restrictivas para la salud de la población. En ese sentido la OMS ha adoptado un marco regulatorio en su política antitabaco que nuestro país ratificó en forma unánime en el Parlamento el 16 de julio de 2004.

La Facultad de Medicina ha recordado al gobierno hace pocos días que esta “política de Estado” posibilitó que disminuyera “la prevalencia de consumo de tabaco en adultos uruguayos de 32% en el año 2001 a 19% en la actualidad, siendo la disminución aún más pronunciada en las generaciones jóvenes, impactando favorablemente en indicadores de salud de nuestro país”.

En la carta dirigida al presidente de la República se recuerda además que de las medidas previstas en el mencionado tratado internacional (el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco - CMCT), actualmente hecha ley en nuestro país, “se encuentran disposiciones para el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, sobre comercio ilícito de productos de tabaco, así como de la protección de las políticas de salud sobre los intereses comerciales de la industria tabacalera”.

Y prosigue diciendo que: “En particular, la adopción del empaquetado neutro y requerimiento de presentación única por marca son medidas que apuntan a aumentar la percepción de riesgo por parte de los consumidores, evitando los mensajes engañosos, sobre las infundadas diferencias de riesgos de un producto de tabaco con respecto a otro, o de una presentación diferente de una misma marca”.

Estas afirmaciones están sustentadas en estudios internacionales y nacionales, los cuales aseguran que “los paquetes y los propios cigarrillos son un elemento de comunicación clave entre la industria tabacalera y sus actuales o futuros clientes, más aún en países con restricciones de la publicidad, promoción y patrocinio”.

En este sentido, la Facultad de Medicina le recordó al mandatario que precisamente “la presentación única por marca motivó el litigio de la empresa Philip Morris International contra Uruguay mediante Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Disputas (Ciadi) del Banco Mundial, donde se falló a favor de Uruguay en su interés de dar prioridad al derecho a la salud por encima de intereses económicos”.

En 2014 fue que Uruguay consagró en la Ley 19.259 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el que “establece el camino a seguir para combatir el contrabando, entre las cuales se definen medidas para regular la cadena de suministro, con la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera”.

No hay ninguna duda de que el decreto del gobierno debilita la política de salud y beneficia a la industria.

El propósito de Montepaz y eventualmente del gobierno y el Ministerio de Industria es aumentar las ventas de la empresa tabacalera.

El propósito de las políticas de Estado adoptadas en referencia al consumo de tabaco es, por el contrario, que la gente deje de fumar.

Por lo tanto, la resolución administrativa que adoptó el gobierno es contraria a las políticas adoptadas y comprometidas por todo el sistema político, desarticula esta política que debe ser muy rigurosa y específica para ser efectiva, además de ser interinstitucional y adoptada con rigurosidad técnica y consultando a todos los organismos involucrados, particularmente a los del sistema nacional de salud.

La política y el cigarrillo

Desde hace tres lustros la política de Uruguay con referencia al cigarrillo y la lucha contra el consumo del tabaco estuvo signada por la impronta personal y la decisión institucional del expresidente Tabaré Vázquez. Todo el sistema político adhirió a estas regulaciones que se convirtieron en políticas de Estado. No obstante, han aparecido señales reiteradas de debilitamiento de estas medidas, en particular el aflojamiento de los controles en los lugares públicos, el desmantelamiento de algunos organismos de fiscalización, la autorización de la comercialización e importación de cigarrillos electrónicos y hace pocos días el decreto de flexibilización de las normas que regulan el empaquetado.

Si bien en Paraguay la relación entre la política y el tabaco parece ser muy turbia, en Uruguay aún no se ha estudiado suficientemente y solo se conocen episodios aislados.

Hemos mencionado las contribuciones que las tabacaleras han hecho a los partidos políticos, entre las que se destaca hoy la que Montepaz hiciera al Partido Nacional en las recientes elecciones y más precisamente a la candidatura del presidente Lacalle Pou.

Llama la atención que este decreto que firmó Lacalle Pou elevado a consideración del presidente por el Ministro de Industria no haya podido esperar un mes para ser firmado y se presente como un obstáculo muy evidente para la próxima elección del director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), instancia en la que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, contaba con muy importantes posibilidades de ser electo.

Cuesta no interpretar esto como una zancadilla en perjuicio del ministro de Cabildo Abierto y así ha sido interpretado por algunos de sus más calificados dirigentes, quienes, si bien han tratado de quitar trascendencia al asunto, son contestes en atribuir a Lacalle Pou una mezquina intencionalidad.

El herrerismo tiene además una curiosa historia con el contrabando de cigarrillos que podría ser un argumento para una novela.

Es el caso del inspector de Policía Artigas Rivero, a quien se le llamó el Rey del bagayo, quien estuvo prófugo de la Justicia durante muchos años y que entrara clandestinamente al Uruguay en innumerables oportunidades, en una de las cuales fue entrevistado por mí en el jardín de una mansión de Carrasco, aunque acordamos decir que el encuentro lo habíamos tenido en Hermenegildo, un balneario brasileño a pocos kilómetros de Chuy.

Artigas Rivero, inspector de la Policía, había sido procesado por contrabando, abigeato y faena clandestina y estaba prófugo por causas de contrabando y triangulación ilegal de cigarrillos desde la frontera de Rivera.

En la conversación que mantuvo conmigo en el año 2004 y que fuera publicada en la edición 134 de Caras y Caretas, Artigas Rivero aceptó fotografiarse y dio su versión de las acusaciones, habló de sus negocios, sus inversiones, sobre su presunta fortuna personal, sobre sus viajes, sus desencuentros con Guarteche y otros oficiales que lideraban la Policía de la época y las acusaciones de parcialidad a la exjueza Ana Lima.

También habló de su destacada actuación policial en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, su amistad con el exvicepresidente Gonzalo Aguirre, del cual fue custodia personal, y de su pasaje en comisión al despacho de la secretaría del exdiputado Gustavo Borsari, referente de la lista 71 del herrerismo y actual director de la Agencia Nacional de Vivienda.

En la mencionada entrevista, el inspectior Rivero destacaba que la empresa Montepaz producía cigarrillos con las marcas Calvert y Broadway y que esos cigarrillos no se vendían ni en Uruguay ni en Paraguay, a donde se exportaban y, sin embargo, se encontraban vendidas de contrabando en el sur de Brasil, donde eran comercializadas ilegalmente.

Esta nota son fogonazos a vuela pluma para que el lector vaya viendo el entramado de intereses comerciales y políticos entre la industria del tabaco, el contrabando de cigarrillos, las acciones que se intentan implementar para reducir el consumo de tabaco en beneficio de la salud pública y la resistencia de la poderosa industria tabacalera que, sin excepciones, es fabricante de cigarrillos para el comercio legal e ilegal en forma indistinta y desde ambos recibe sus inmensas ganancias.

Publicamos en un recuadro las recomendaciones para el combate al contrabando que se hacen desde los organismos internacionales y en ninguna de ellas aparecen la flexibilización de las normas para su etiquetado o empaquetado. Tampoco dice que se deban seguir los consejos de las tabacaleras, todas las cuales están, de una manera, ligadas al negocio del contrabando.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DEL CONTRABANDO DE TABACO Y DERIVADOS

Como se puede leer, ninguna se refiere a flexibilizar las normas de empaquetado de los cigarrillos.

Clasificar los contenidos de los cigarrillos, por ejemplo la nicotina como una sustancia que crea adicción;

• imponer sanciones mayores por reincidencia en el contrabando, tanto para individuos como para empresas, lo mismo que para funcionarios públicos involucrados en actividades criminales relacionadas con el comercio ilícito;
• introducir normas para la destrucción inmediata de cigarrillos importados ilícitamente;
• crear nuevos medios especializados para que los fiscales y tribunales judiciales enfrenten al crimen organizado y el contrabando a gran escala, dedicando al comercio ilícito de cigarrillos el mismo personal policial altamente capacitado y entrenado dedicado a perseguir y enfrentar el tráfico de estupefacientes y el lavado de dinero;
• revisar normatividad con respecto a las mercancías que cruzan por zonas y puertos abiertos al libre comercio, para reducir el número de declaraciones incompletas o falsas;
• mejorar las acciones de inteligencia y coordinación entre las oficinas de aduanas y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley en los cuatro países;
• promover dentro del Mercosur la creación de una organización contra el fraude y contra la corrupción que abarque los cuatro países.

(Documento de trabajo sobre Illegal trade in tobacco in the Mercosur countries)