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Editorial Fiscalía | Ponce de León | fiscal

Impunidad

Fiscalía del bochorno

Las declaraciones de la fiscal Fossati a El Observador, a propósito del espionaje a la exesposa del presidente, Lorena Ponce de León, son increíbles y penosas.

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A partir del testimonio de Ponce de León, donde afirmó no haberse sentido acosada, fiscalía concluye que no hubo ninguna irregularidad en un acto a todas luces delictivo, inaceptable y violento como, sin lugar a dudas, es que el jefe de seguridad del presidente obtuviera de un alto jerarca policial información sobre los movimientos migratorios de la expareja del presidente.

Es tan objetivo y flagrante el delito como irrelevante es la victimización subjetiva o no de la persona espiada. La fiscal no puede ignorar que muchísimas víctimas de acoso y violencia eximen de responsabilidad al agresor en sus declaraciones, lo justifican o, lisa y llanamente, lo niegan. ¿Cuántas mujeres no denuncian la violencia, o denuncian y retiran la denuncia, o se niegan a acusar incluso cuando la violencia se produce ante testigos ocasionales y es absolutamente inocultable su existencia? En este caso surge de las conversaciones por chat que Lorena Ponce de León fue espiada por la Policía e, incluso, por su propio custodio, que en los chats le dice a Astesiano que le debe lealtad a él y al presidente antes que a la custodiada y hasta se preocupa por la reserva por temor a quedarse sin trabajo.

Todo es evidente. Todo es ilegal. Todo es gravísimo. Y la fiscal utiliza la declaración de Ponce de León para proteger al presidente y acusar a la filtración pública de estas conversaciones horrendas, y a los que nos escandalizamos ante el delito inexcusable que de allí emerge, por victimizar a una víctima que no se siente tal.

¡Qué imagen patética de la Justicia que proyecta la fiscal en sus declaraciones! ¡Qué vergüenza! ¡Cómo es posible que no se dé cuenta! Y no es nuevo. Durante toda esta escandalosa causa que tramita en su fiscalía ha intentado con sus declaraciones exculpar al presidente y, en ocasiones, ha acusado a periodistas, como Eduardo Preve, por divulgar que existía el software para recuperar el 100% de la información que Astesiano había borrado, cuando ella ponía en duda que pudiera recuperarse, o tuiteó contra los senadores Bergara y Carrera, luego de que pusieran el grito en el cielo por saberse espiados por orden de Astesiano.

Creo que nunca se había visto, por lo menos en años recientes, una conducta de una fiscal tan ostentosamente negadora de lo que todo el mundo ve, con el propósito de blindar al principal sospechado por la ciudadanía, que no es Astesiano, cuya responsabilidad es evidente, sino el presidente Luis Lacalle Pou, el jefe de todos, como bien dice el ministro Luis Alberto Heber.

Así no hay justicia posible. Toda su independencia técnica no la exime de su responsabilidad de investigar la existencia de los hechos delictivos, y eso no tiene nada que ver con que una víctima se reconozca como tal. Si la mandaron a espiar, entonces hay delito. Es un delito de pesquisa, como está tipificado en el artículo 287 del código penal: “Artículo 287. (Pesquisa) El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescritas por la ley, ordenare o ejecutare una inspección o registro personal, será castigado con tres a doce meses de prisión”. Punto, no hay nada más que hablar. Solo hay que probar si se produjo y en los chats está toda la información necesaria para probarlo. Están las fechas, las horas, los números de vuelo, los destinos, el tipo de pasaporte que utilizó la persona espiada, los funcionarios públicos responsables del espionaje y hasta la confesión de Berriel, que no lo negó, solo le echó el fardo al extinto exministro Jorge Larrañaga en una declaración aviesa, tirándole a un fallecido la responsabilidad de actos que se cometieron luego de su muerte a partir de órdenes orales que habría dejado para la posteridad, órdenes trascendentes, por llamarlas de algún modo.

Terminamos el año en una semana para la vergüenza, con un Parlamento que entre Navidad y Fin de Año aprueba normas absolutamente impopulares, a espaldas de la ciudadanía que está, naturalmente, enfocada en las fiestas, y con una fiscal que cierra un caso de gravedad institucional extrema con fundamentos pueriles, desviados e inaceptables. ¡Qué desprotección de la gente! ¡Qué impunidad del poder!

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