Está muy bien que los medios de comunicación contribuyan a la memoria y por eso aplaudimos que alguno de los principales medios recordaran que hace 20 años, durante el último gobierno del Partido Colorado, una crisis bancaria condujo a la pobreza a cientos de miles de compatriotas y estafó los ahorros de decenas de miles de ahorristas que habían confiado en la seriedad, la honestidad y la solvencia de las instituciones que controlaba el Banco Central.
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Casi todos los grandes medios atribuyeron la catástrofe financiera al contagio de la crisis argentina y la solución de la misma a los contactos de Jorge Batlle con el gobierno de Estado Unidos y a la gestión de Alejandro Atchugarry al frente del Ministerio de Economía.
Resulta, sin embargo, esclarecedor que los medios no destacaran la responsabilidad de las administraciones de Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera, ambos expresidentes de la República, quienes facilitaron durante su gestión el acceso de los hermanos Rohm y de la familia Peirano a los bancos Comercial, Montevideo y La Caja Obrera de manera que dominaran la plaza financiera uruguaya en la que pudieron, casi sin control del Banco Central, llevar adelante las estafas.
Irrita además, que el diario El Observador, que aún dirige un integrante de la familia Peirano y que en su momento casi que ocultó los extremos de una estafa que fue condenada a nivel regional y que llevó a la cárcel a sus primos y a su tío, relate los hechos con la impunidad de quien apela a la desmemoria para armar una historia sesgada que muestra lo evidente para ocultar los verdaderos trasfondos del escándalo, muchos de los cuales quedaron bien establecidos a nivel judicial en las causas penales que investigaron los jueces Pablo Eguren y José Balcaldi y que llevaron a las condenas de algunos de los responsables y echaron luz sobre muchos de los procedimientos de los banqueros estafadores, algunos de los cuales huyeron de Uruguay y creo que aún están prófugos y otros están ya libres pero continúan ricos.
Traigo esto a colación porque indigna tanta desvergüenza de algunos de estos medios hegemónicos que intentaron ocultar en 2002 los extremos de esta crisis porque temían perder las abundantes pautas publicitarias que se volcaban a ellos para garantizar su silencio y porque fue desde Caras y Caretas que desde mediados de enero de 2002 denunciamos los entretelones de la operación financiera de estos clanes familiares, suministrando al juez al Juez Pablo Eguren documentos que contribuyeron a la investigación criminal.
Hace más o menos cinco meses que se cumplieron 20 años de la fuga de los hermanos Rohm, que fue el comienzo de esa larga jornada de 150 días que terminó con el feriado bancario y que llevó a que el país y sus habitantes fuéramos mucho más pobres.
Irrita e indigna tanta hipocresía de los medios hegemónicos concentrados, pero no sorprende, porque los medios juegan con la desmemoria de los lectores.
Porque además fue Luis Lacalle Herrera que les otorgó las concesiones de los cables de televisión para abonados de Montevideo a los canales privados y es su hijo, Luis Lacalle Pou, que hoy les otorga la concesión de la transmisión de datos y los beneficia con una dádiva de más de 10 millones de dólares con el propósito de romper el monopolio de Antel.
No se trata de que olvidemos cosas pretéritas ocurridas hace dos siglos como la matanza de Salsipuedes o la carta en que Fructuoso Rivera da la orden de asesinar a Artigas, acciones que Sanguinetti atribuiría a “gestos civilizatorios”.
Se trata de que nos olvidemos de lo que pasó hace poco, a veces poquísimo.
Ningún medio de los hegemónicos nos recuerda que el presidente Lacalle nos prometió en la campaña electoral que no se iban a aumentar las tarifas públicas, ni los impuestos, ni los combustibles ni se iba a aumentar la edad de retiro para jubilarse.
Nadie recuerda esa mentira sino cuando el propio Lacalle lo menciona con el propósito de exorcizar el pecado.
Nadie le recuerda a los blancos que ganaron la última elección con los votos de Sartori que no solo prometió dar los medicamentos gratis, sino que repartió una tarjeta trucha para engañar a los ciudadanos y prometió crear 100.000 puestos de trabajo que por supuesto nunca llegaron.
¿No llama la atención que el fiscal procesara con prisión al general Juan Rebollo por el homicidio de tres adolescentes en un allanamiento en que fueron fusiladas y un expresidente, líder indiscutido del Partido Colorado, critique la decisión del magistrado y afirme que se trata de un oficial honesto a quién él mismo ascendió a general porque colaboró con él en el restablecimiento de la democracia, democracia que incluyó la prisión de Wilson Ferreira, la proscripción del general Liber Seregni y su consecuente elección en comicios más que flechados?
¿Nadie recuerda que Pedro Bordaberry, el candidato colorado que muchos desean, es el hijo del dictador Juan María Bordaberry y es cuñado de la hermana del expresidente de Paraguay Horacio Cartes, que está siendo investigado por narcotráfico por agencias de EEUU?
¿Nadie recuerda que Laura Raffo, candidata a intendenta de Montevideo por la coalición de gobierno y precandidata herrerista a la presidencia de la República, es hija de Juan Carlos Raffo, quien fuera indagado por haber recibido numerosos sobres con coimas siendo ministro de Trasporte en el gobierno de Luis Lacalle Herrera, en el que fueron además acusados otros jerarcas y condenados el ministro de Economía Enrique Braga y por corrupción el prosecretario de la Presidencia Daniel Cambón y el presidente del Banco de Seguros Julio Grenno?
Tal vez podría recordar también que el propio Luis Alberto Lacalle y su esposa fueron investigados por denuncias que en ese momento impulsó el propio Julio María Sanguinetti y que según fuentes judiciales no culminaron con una imputación porque aún no existía la ley de enriquecimiento ilícito.
O que en 2003 fueron procesados por diversos delitos los exfuncionarios del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti Benito Stern (ministro de Turismo), Salomón Noachas (presidente del Banco Hipotecario), Pablo Illarietti (director de Aduanas) y Ernesto Laguardia (secretario de Sanguinetti).
También, fueron procesados, pero tres años después, los directores colorados de OSE Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni, aunque no lo fue el director blanco en ese organismo, Alberto Casas, porque se amparó en sus fueros parlamentarios para no ser indagado por la Justicia.
Dos años más tarde, el exintendente colorado de Artigas Carlos Signorelli fue desaforado por sus pares cuando ejercía como diputado y la Justicia lo procesó por el delito de fraude continuado.
Después vino la causa Cangrejo Rojo, en la que también el hijo de Sanguinetti, Julio Luis, hoy vicepresidente de UTE, se amparó en los fueros, y la causa de cambio Nelson, por la que fue a prisión Francisco Sanabria.
Nadie tiene memoria.
¿Hace falta que un fallo judicial les recuerde que durante los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle Herrera los servicios de Inteligencia seguían espiando a los dirigentes sindicales y a los partidos opositores?
¿Hace falta que recordemos todos los días que Enrique Antía era un falso colono y que por una triquiñuela judicial evitó que se le investigaran sus cuentas bancarias?
¿Hace falta recordar que también Álvaro Delgado, el candidato blanco a suceder a Luis Lacalle Pou, era un falso colono?
Conste que esta lista es parcial y que solamente apelo a una memoria bastante baqueteada por más de tres cuartos de siglo de vida.
Ni necesité consultar archivos, ni recortes ni a Google.
Ni mencioné los olvidos de Manini ni su curiosa sensibilidad, de los que hemos hablado en otras notas.
Solamente unas breves reflexiones a vuela pluma para llamar la atención sobre todo lo que habría que recordar en un país que demuestra todos los días que la memoria es más frágil que el cristal.