Karina Núñez explicó que el proyecto va más allá de lo sexual
“Nosotras mismas aprendimos de las personas con discapacidad”, afirmó. En ese proceso, identificaron que muchas de las demandas no estaban centradas exclusivamente en el acto sexual, sino en la necesidad de afecto, contacto físico y reconocimiento. Núñez mencionó casos de personas que nunca habían sido besadas o abrazadas, o que llevaban años sin experimentar ningún tipo de cercanía corporal.
Ese aprendizaje derivó en un proceso de profesionalización. El proyecto incorpora formación específica para quienes brindan el servicio, incluyendo conocimientos en fisioterapia y fisiatría, con el fin de comprender las particularidades de cada cuerpo. También se consideran factores médicos relevantes, como los efectos de ciertos medicamentos o los riesgos asociados a determinadas condiciones de salud.
En ese sentido, Núñez subrayó que la asistencia sexual implica un nivel de cuidado que excede ampliamente la lógica de una prestación estándar. “No se trata solo de mantener relaciones sexuales, sino de garantizar que la persona esté cuidada en todo momento”, explicó. Esto incluye desde la manipulación corporal adecuada hasta la atención a posibles emergencias, como reacciones físicas adversas.
La familia juega un rol central
El proyecto también contempla instancias de sensibilización dirigidas a las familias, que suelen desempeñar un rol central. En muchos casos, son madres o familiares cercanos quienes impulsan el acceso al servicio, luego de reconocer la importancia de la sexualidad en la vida de sus seres queridos. De hecho, los acuerdos suelen establecerse con el entorno familiar y no directamente con la persona usuaria.
Otro aspecto relevante es la adaptación del servicio a cada situación. Núñez explicó que los tiempos y las condiciones varían significativamente según el tipo de discapacidad. Mientras que una sesión estándar puede durar entre 20 y 30 minutos, en estos casos puede requerir más tiempo debido a las necesidades de traslado, posicionamiento o asistencia física.
En cuanto al costo, el valor base se sitúa en torno a los 2.000 pesos por sesión. Sin embargo, el proyecto ha buscado alternativas para facilitar el acceso, incluyendo mecanismos de intercambio vinculados a programas sociales. La intención, según Núñez, es evitar que el factor económico se convierta en una barrera excluyente.
La experiencia también ha puesto en evidencia desigualdades de género. La gran mayoría de las solicitudes provienen de varones con discapacidad, mientras que las mujeres acceden en menor medida. Además, existen dificultades para incorporar trabajadores sexuales varones dispuestos a brindar este tipo de asistencia en condiciones accesibles, lo que limita aún más las opciones para mujeres.
Referencia de modelos de servicios similares
Núñez también hizo referencia a modelos internacionales, especialmente en Europa, donde existen figuras como la del facilitador sexual, en algunos casos con financiamiento estatal. En Uruguay, en cambio, el proyecto se ha desarrollado de forma independiente, sin intervención directa del Estado, lo que ha permitido cierta flexibilidad, pero también plantea desafíos en términos de regulación y acceso.
Finalmente, la activista destacó que el proyecto intenta abrir una discusión más amplia sobre derechos, autonomía y calidad de vida. En su visión, negar la sexualidad a las personas con discapacidad implica desconocer una dimensión esencial de la experiencia humana. “La sexualidad no desaparece por tener una discapacidad. Invisibilizarla también es una forma de vulneración de derechos”, concluyó.
Embed - #17 Legítima Mañana | Julia Rosemberg y Karina Nuñez
