En el caso del CASMU, se trata de una institución casi centenaria, prestigiosa en nuestro país y en el exterior, destacada por su alto nivel profesional, por la calidad de sus servicios, de sus técnicos, de sus funcionarios y de sus instalaciones. Sus dificultades son sabidas, se arrastran desde hace décadas y por más que se hacen y se han hecho esfuerzos importantes, incluyendo cambios fundamentales en sus estructura institucional y societaria, sus problemas responden a razones estructurales, que han resultado muy difíciles de corregir, sobre todo si se lo pretende hacer en plazos más o menos breves y en medio de una situación crítica reconocida de todo el sistema.
En este contexto resulta sospechosa la inquina que las autoridades de Salud Pública y particularmente la Ministra Rando dejan entrever en sus declaraciones públicas, las que le hacen y le han hecho un daño inocultable al CASMU, generando incertidumbre en sus abonados, en su personal y en la sociedad toda.
Esta apreciación no es sólo mía, sino que la he sentido compartida por actores médicos, de los que comparten las orientaciones de las actuales autoridades del CASMU y de otros que no las comparten, de los dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud y de dirigentes políticos de todos los partidos.
Parece ser casi unánime la apreciación de que la ministra está pasada de rosca y que semejante vozarrón trae más daño que beneficios.
Creo percibir, lo he dicho en reiterados artículos, que tal animosidad está dirigida a destruir al CASMU, como lo hizo el gobierno con Casa de Galicia y también que hay intereses económicos que aspiran a aprovecharse de esta situación para captar recursos económicos, socios , instalaciones y servicios que hoy no tienen y que necesitan.
Reitero. Conste que no conozco los aspectos controvertidos de la gestión en la interna de los médicos y funcionarios, ni apoyo ni critico los procedimientos ni la gestión de las autoridades actuales y legítimamente electas.
Pero que la Ministra hace un daño inútil y probablemente intencional, no me cabe duda. No encuentro otra explicación a sus declaraciones.
Ha llegado a decir que se habían comprobado hechos de corrupción, conjunción de interés y testaferros sin que luego hubiera confirmado nada y sin que ella hubiera hablado nunca más de lo que parecía se había descubierto en una primera mirada de una intervención que parecía que estaba llamada a descubrir un inmenso agujero negro que nunca apareció y que por lo que parece no es más que la historia de la montaña que parió un ratón.
Hasta ahora, ninguna de estas investigaciones de inocultable gravedad fueron culminadas o han sido confirmadas con documentación o denuncias concretas y siempre incluyen breves apreciaciones que reflejan una tendenciosidad sorprendente y hasta diría irresponsable.
Sus declaraciones han girado en torno a la gestión de la institución y a ciertos procedimientos que podrían estar afectando la calidad de la atención.
Sin embargo, las auditorías internas y externas no demuestran tales deterioros ni tampoco desviaciones de los protocolos y las metas establecidas por el propio Ministerio.
Estas críticas han generado reacciones diversas. Desde el CASMU y otros sectores médicos, han surgido voces que defienden la transparencia y eficiencia de la institución, señalando que los comentarios de la ministra podrían ser injustificados y dañan la confianza de los usuarios en el sistema de salud.
Este intercambio entre el Ministerio de Salud Pública y el CASMU ha abierto un debate sobre la supervisión de los servicios de salud en el país y el papel de la regulación pública.
Algunos observadores señalan la necesidad de un diálogo más constructivo y de una auditoría objetiva para aclarar los puntos de fricción, mientras que otros advierten que estos desencuentros pueden repercutir en el sistema de salud en general, afectando la percepción pública sobre la calidad de atención en los prestadores de salud privados.
Todos recordamos que hace ya muchos meses el CASMU solicitó al gobierno la renovación de un fideicomiso que ya había finalizado de pagar y al que tenía al menos cierto derecho por la legislación vigente.
La tal solicitud tuvo un largo trámite circular abonado por trascendidos de prensa, declaraciones de las autoridades, e incluso fuertes declaraciones políticas críticas del trámite arbitrariamente enlentecido por el MSP, originadas en la propia bancada de senadores del gobierno en la que se levantaron voces muy críticas a la ministra.
La solicitud de algo más de 50 millones de dólares fue trasladada por el propio Lacalle al Parlamento para que este decidiera si otorgaba o no una garantía soberana sobre ese monto, que obviamente estaba garantizada por las llamadas cápitas del FONASA.
El parlameto aprobó una ley para que ese dinero se le entregara al CASMU y no quiso ampliar las facultades que solicitó la ministra Rando que incluía una intervención, en la que los interventores no sólo hicieran una observación presencial de la institución sino que su actuación fuera algo más allá, participando en la propia gestión institucional.
El parlamento aprobó la garantía y no amplió las potestades de la intervención, sin embargo, aún hoy, varios meses después, no se han entregado ni siquiera la mitad de esos fondos y la ministra se sintió con autoridad para interpretar el espíritu de los resuelto en el parlamento de manera de ampliar las facultades de los interventores, que, por otra parte son tres, cobran 10.000 dólares por mes cada uno y el sueldo se lo debe pagar el CASMU.
Del trabajo de los interventores se sabe poco porque el informe que elevarían a los sesenta días aún no se conoce.
La ministra Rando fue al parlamento a informar sobre ese documento pero no lo llevó, lo que motivó un cierto enojo de algunos legisladores que no entendieron cuál era el propósito de la Dra. Rando.
Lo que trascendió con signos de admiración es que en tres meses de intervención la gestión habría ahorrado 450.000 dólares. (17.000.000 de pesos).
Tal ahorro de ser cierto, me temo que es algo como insignificante. Debiera descontársele el sueldo de los interventores (100.000 dólares en tres meses). Es decir que según dice la Ministra, lo más destacable es que se ahorró 350.000 dólares.
La facturación del CASMU en tres meses es aproximadamente 84.000.000 de dólares es decir que la intervención logró ahorrar el 0.3% de la facturación.
Para eso demoró los pagos de los proveedores, observó tonterías, utilizó horas y horas de trabajo de funcionarios, gerentes y directores que se reúnen con ellos largas horas para explicarles los procedimientos, la cultura de la institución y para aclararles sus dudas, y además fiscalizó numerosos servicios, sin encontrar irregularidades relevantes.
Si tienen tanta preocupación para ahorrar podrían hacer una gestión ante la Ministra de Economía para que ASSE le pague 80 millones de pesos que debe por servicios contratados al CASMU y que ASSE no puede pagar porque el Ministerio de Economía está más preocupado por cumplir la Regla Fiscal que por pagar las deudas de ASSE.
La ministra que representa en el gabinete a Cabildo Abierto ha seguido haciendo comentarios digamos que fuertes.
Yo no sé qué le pasa a la Dra. Rando. No sé si está está bien, si solamente es imprudente o si actúa con ligereza o con especial animosidad, pero entre los comentarios más cuestionados está su afirmación de que la intervención de Casmu “no terminará por ahora”, lo que naturalmente genera tensiones sobre la duración y el enfoque del proceso de intervención.
La ministra también destacó que los interventores han identificado irregularidades y áreas de mejora en la mutualista, comentarios que parecieron sugerir que los problemas administrativos son graves, lo cual también puede interpretarse como apresurado dado que el informe de los interventores aún parece estar en revisión y aún no se ha respondido la vista a la que tiene derecho la institución investigada.
Además, los informes preliminares sobre la intervención, que la ministra anticipó públicamente y tengo entendido que la Cr. Alicia Rossi destacó en la Junta Nacional de Salud, sugieren que la mutualista ha experimentado una reducción en su número de afiliados y que podría no cumplir con ciertas obligaciones financieras.
Es evidente que todos los comentarios de la ministra están demasiado enfocados en los aspectos negativos y además invariablemente los hace públicos, lo que podría contribuir y contribuye a la incertidumbre entre los afiliados, los funcionarios y la opinión pública.
Cuando recién se cerraban las repercusiones de la visita de la ministra Rando al parlamento, una joven se quitó la vida en la emergencia del CASMU.
La chica había sido violada una década atrás y probablemente su horrible historia haya pasado por médicos, trabajadores sociales, autoridades policiales y judiciales, abogados y operadores de organizaciones sociales y humanitarias. Tal vez muchos de los actores que intervinieron lo hicieron diligentemente y otros han sido omisos, negligentes y poco solidarios.
Muy probablemente en estos años se haya sentido ignorada, menospreciada y discriminada, tal vez hasta con conocidos, compañeros, familiares y amigos.
Probablemente haya una larga historia de machismo, abuso, discriminación y falta de solidaridad humana que puede contribuir a que una muchacha se quite la vida.
Evidentemente, la institución de salud puede o no estar a la altura de las necesidades de cada uno cuando alguien la necesita.
Pero no hay necesidad de exponer a la institución ni a sus funcionarios, ni a sus profesionales, ni a sus conductas, sin ningún elemento que señale responsabilidades.
Está bien investigar, chequear si se cumplió con los protocolos, analizar si está bien que no se tomen precauciones especiales ante pacientes diferentes con el argumento de que no hay que discriminarlos, auditar los procedimientos y eventualmente determinar si hay responsabilidades pero no declarar livianamente que “ se está investigando lo que está sucediendo” en la emergencia del CASMU, como si lo que sucedió fuera causado por algo que pudo haber sucedido ayer o podía suceder mañana porque “ahí” hay una conducta oscura que condiciona situaciones desastrosas como la que desgraciadamente ocurrió
Un suicidio es un suceso lamentable pero no es causado por nadie y es de mala fe pretender agregar leña al fuego para justificar una hipótesis de malapraxis que no se ha podido demostrar.
El brevísimo informe de la ministra al Parlamento no tiene desperdicio, informa que han fiscalizado varias veces la emergencia del CASMU para analizar los tiempos de demora y “lamentablemente no han encontrado nada irregular y todos resulta manejable”.
Así como lo digo y el lector lo lee. No dijo que “afortunadamente” no encontró nada malo, todo lo contrario dijo “lamentablemente” y está escrito.
Incluso el día viernes en que sucedió este hecho lamentablemente y no encontraron nada irregular.
