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Editorial Manini | Lacalle | Cabildo Abierto

Se va o se queda... se queda

Las tribulaciones de Manini Ríos

CA endureció su discurso crítico al gobierno, alardeó de cierta independencia, cuestionó la manera en que el presidente conduce la coalición y el gobierno y dejó entrever que la salida está en el menú de opciones.

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Si no fuera porque sabemos que en el gobierno de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, se le otorgaron por adjudicación directa y arbitraria las licencias para los canales televisión por cable de Montevideo a los tres grupos económicos más poderosos que operaban en el área de las comunicaciones y que treinta años después el actual presidente, Luis Lacalle Pou, continúa otorgando a las mismas empresas privilegios injustificados y arbitrarios, el lector puede creer que el presidente se horrorizó por las viviendas que la ministra Irene Moreira otorgó a dedo, arrogándose el derecho a utilizar un cupo que supuestamente la autorizaba a disponer de las mismas a su antojo.

Si no supiéramos que hace escasos meses dos ministros de este gobierno, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, fueron responsables de otorgar un pasaporte uruguayo a un poderoso narcotraficante que estando preso en una cárcel de Dubái por falsificación de un documento paraguayo lo había solicitado para poder recuperar su libertad, pensaríamos que Lacalle Pou no pudo tolerar la corrupción y el clientelismo en su gobierno y dispuso el cese de la ministra sospechada de clientelismo.

Si no hubiera sido condenado hace pocas semanas su principal escolta personal y su hombre de mayor confianza por varios delitos y si no se hubieran hecho públicos sus negocios, sus investigaciones ilegales, su complicidad con delitos diversos y sus sospechosos vínculos con el entorno más estrecho del presidente, creeríamos que la corrupción revelada en el Ministerio de Vivienda había herido la sensibilidad republicana de Lacalle Pou y lo había obligado a tomar la medida ejemplarizante de pedir la renuncia de la ministra involucrada y eventualmente cesarla en su cargo.

Si no hubiéramos oído a Lacalle Pou reconocer que el decreto que liberalizó las normas sobre el empaquetado de cigarrillos que beneficiaba a la industria tabacalera había sido solicitado por las empresas elaboradoras de cigarrillos y si no supiéramos que las mismas fueron fuertes aportantes financieros de la fuerza política del presidente, supondríamos que quizás Lacalle Pou no podía tolerar ni el más pequeño desliz en la conducta de sus colaboradores y que en el caso de la ministra de Vivienda se había producido algo así como una traición a su confianza y a su conducta personal.

Pero sabemos todo eso y mucho más, sabemos que la historia del Partido Nacional y el Partido Colorado está llena de episodios de corrupción y clientelismo, que en el gobierno del padre del mandatario se produjeron los episodios más desvergonzados de la historia política del país y que los dos Lacalle, padre e hijo, tienen la piel más dura que la de un elefante como para sobrellevar horrores de este tipo que han sido muy frecuentes y que han sido particularmente escandalosos durante los gobiernos blancos.

Por eso, porque recordamos eso y mucho más, es que, aún considerando que la hoy senadora Irene Moreira se extralimitó en sus funciones, otorgando al menos una vivienda a una militante de Cabildo Abierto y muy probablemente un número aún indefinido de otras viviendas sin cumplir los requisitos necesarios, es presumible que detrás de la enérgica decisión del presidente se esconda algo más que su disposición a preservar la legalidad de los actos de su administración y la conducta moral de su gobierno.

En eso asiste razón al senador Guido Manini cuando afirma que el pedido de renuncia esconde una revancha y yo diría, además, que es una acción de disciplinaria que procura alinear a toda la coalición de gobierno, jaquear las disidencias y obligar a sus socios a aceptar su forma de conducción o quedar a la intemperie.

Es conocido que Cabildo Abierto ha construido una imagen de socio rebelde, ha pulido un perfil díscolo dentro del gobierno y, al menos, ha aparentado jugar al límite para forzar algunos acuerdos y torcer otros entre sus socios, además de impulsar algunas propuestas, advirtiendo siempre que podía inclinarse a uno u otro lado e incluso liberase de los acuerdos si lo obligaban a ello.

En los hechos, la mayoría de las veces no ha pasado de un berrinche, salvo en el caso de la ley forestal, la que, votando junto al Frente Amplio, obligó a Lacalle Pou a recurrir al veto presidencial.

Sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un aliado un poco asquerosito, necesario para obtener las mayorías parlamentarias pero incómodo para las aspiraciones políticas y electorales, sobre todo las del Partido Colorado, que lo ve como un rival que le disputa esa parte de su electorado que podría caracterizarse como “pachequista”.

El punto más alto de este tire y afloje se produjo en las negociaciones sobre las disposiciones y el articulado de la reforma de la seguridad social, momento que fue elegido por Cabildo Abierto para poner condiciones para asegurar con sus votos su aprobación.

La reunión que mantuvieron Lacalle Pou y Manini Ríos a pocas horas de su consideración parlamentaria tiene que haber sido muy molesta para el presidente, quien tuvo que aceptar traspasar algunos límites que públicamente había declarado no trasponer, particularmente aquellos que afectaban la sostenibilidad financiera de un proyecto que justamente era su mayor justificación.

Lo acordado en esa instancia, cabreó a muchos socios de la coalición, particularmente a sectores del Partido Colorado y debe haber dejado especialmente molesto a Lacalle quién se vio obligado a aceptar algunos cambios que Cabildo Abierto festejó como un triunfo.

En ese panorama se entiende el curioso episodio que culminó con la renuncia de Irene Moreira, sin prescindir de la sospecha de que la filtración de la arbitrariedad de la ministra haya salido de alguno de los socios en el gobierno.

Si ponemos un poco de memoria, el propósito de Lacalle al inicio de su gobierno era tener a Manini en el gabinete. Eso no fue posible porque el líder de Cabildo Abierto no accedió y en su lugar acordaron que fuera su esposa, Irene Moreira.

El propósito del presidente era tenerlo cerca y comprometerlo fuertemente con el accionar del Poder Ejecutivo, pero la solución de poner a la esposa del senador, aunque pareció aceptable para Lacalle Pou, es evidente que no cumplió con la aspiraciones del presidente, no solo porque Cabildo Abierto continuó con sus estrategia de marcar un perfil propio, sino porque esta situación tan crítica, como la que convocó a la ministra a justificarse ante el presidente, reveló que la señora tiene más influencia sobre Manini que la que Lacalle presumía al iniciar su gestión.

Es evidente que Lacalle Pou asumió que era el momento de medir el aceite a Manini y que la decisión de cesar a la ministra de Vivienda podía culminar eventualmente con la salida de Cabildo del gobierno y afectar las mayorías parlamentarias.

No obstante, es claro que cualquier político sabe que apartarse de una coalición de gobierno es una decisión difícil de adoptar y Lacalle debió suponer que en esta no ocurriría, al menos por ahora.

Tal vez no previó la magnitud del enojo de Manini, pero seguramente sí calculó que no sería sencillo consensuar a los dirigentes de Cabildo de abandonar un centenar de cargos públicos a dos años de que culmine este gobierno.

Con un eufemismo curioso, la diputada Elena Carpillera lo expresó, sugiriendo que los cargos políticos que Cabildo tiene en el gobierno tienen “proyectos” que no se podrían abandonar “justo ahora”.

Como era de esperar, el escandalete culminó con la resolución de la mesa política de Cabildo Abierto de continuar en la coalición de gobierno.

Sin embargo, el tembladeral reveló que dentro de los cabildantes hay por lo menos dos líneas. La que se siente cómoda con la coalición y sus integrantes y la que aspira a convertirse en una tercera fuerza política con un fuerte componente militar que propone un tercer modelo de país cuya definición es tan imperfecta como el artiguismo y el nacionalismo, el nacionalismo popular y el anticomunismo. En ese amplísimo espacio entre los Tenientes de Artigas y los tupamaros, para ser más precisos.

En realidad, para culminar no hubo ni un afloje de Lacalle, ni un pedido de disculpas ni siquiera unas palabras que rescataran por parte del presidente el rol que Cabildo Abierto ha tenido en estos tres años de gobierno.

Cabildo Abierto se quedó y basta. Advirtió, sin embargo, que en unas semanas procurará aprobar una ley sobre endeudamiento familiar que ofrezca soluciones viables a los deudores afectados por la usura.

Endureció su discurso crítico al gobierno, alardeó de cierta independencia, cuestionó la manera en que el presidente conduce la coalición y el gobierno y dejó entrever que la salida está en el menú de opciones.

Un episodio de la política con final abierto a menos de 20 meses de las elecciones. Con encuestas que marcan un virtual empate con escasa diferencia a favor del Frente Amplio y con una sensible pérdida de electorado para los socios más pequeños de la coalición que aparecen cada vez más pequeños. Esto preocupa a Cabildo Abierto y lo obliga a definirse sobre quedarse o salirse de una alianza cada vez menos unida por el amor y más por el espanto.

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