Le gusta más la CIA que la verdad

Así parece haberlo relatado Javier García a la Comisión de Defensa del Poder Legislativo en donde según lo informado por la prensa todos los partidos parecen haber encontrado razonables las explicaciones del ministro de Defensa.

Sin embargo, yo creo que, como es habitual, el ministro metió la pata y se prestó para un trabajo sucio de los servicios de inteligencia extranjera, aunque tal vez tuvo suerte y evitó una tremenda tragedia.

A fuerza de ser prudente, García podría impedir a todos los aviones aterrizar en Montevideo. Así evitaría cualquier riesgo.

Eso nunca se sabrá.

La verdad es que, como escribiéramos la semana pasada, el avión no es iraní, ni venezolano-iraní, sino que es venezolano; el ministro del Interior paraguayo no suministró ninguna prueba y solo mencionó a “agencias extranjeras amigas”, aunque al ministro Heber tal vez le confesó datos más precisos como que era la CIA o el Mossad o quizás solamente el FBI o la DEA. Conste que no exageramos con conspiraciones hipotéticas, más nos vale creer en brujas, porque que las hay, las hay.

Eso tampoco lo sabremos y no sabemos tampoco si alguien lo preguntó en dicha comisión esos extremos, aunque presumimos que no.

Sobre los tripulantes o sobre el mencionado avión no existen requerimientos ni acusaciones, ni pedido de captura de ninguna institución ni requerimiento alguno de Interpol ni de ninguna “agencia extranjera”.

El avión antedicho voló a Paraguay el mes pasado y no tuvo ningún inconveniente, cargó cigarrillos de la empresa del expresidente Carter y los trasladó a Aruba.

Siempre estuvo bajo control satelital, se conocen todas sus escalas y hasta ahora no se han probado más que “sospechas”

En su vuelo a Argentina sobrevoló un montón de países sin que se registrara ningún inconveniente, aterrizó en México, Aruba, Caracas y sobrevoló Brasil, algunos países centroamericanos, Paraguay y se le autorizó sin inconvenientes.

Cargó en México autopartes para Volkswagen Argentina y descargó las autopartes sin inconvenientes con las autoridades aduaneras y aeroportuarias argentinas. Por lo que se sabe hasta ahora, el avión de Emtrasur no fue contratado por una organización terrorista, sino por una gigantesca autopartista, Faurecia, proveedora de Volkswagen. Faurecia es la novena fabricante de autopartes del mundo y tiene sede en Nanterre.

Se contrataron al menos dos vuelos urgentes porque la fábrica alemana en Argentina se quedaba sin asientos para completar los modelos que tiene en fabricación, de manera que los vuelos salieron de la ciudad mexicana de Querétaro. Como es obvio, el itinerario estaba aprobado y la tripulación llegó a Buenos Aires.

Los pasajeros-tripulantes no estaban requeridos y el avión procuró reponer combustible en Ezeiza, no pudiendo hacerlo porque la compañía Shell, que había aceptado el pago y emitido factura, temía ser sancionada porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había puesto sanciones al avión por vincularlo a actividades terroristas. Otras empresas tampoco suministraron el combustible requerido.

El avión solicitó autorización a las autoridades uruguayas para despegar, sobrevolar territorio uruguayo y reponer combustible y fue autorizado por las autoridades uruguayas y también por las autoridades argentinas. Cuando sobrevolaba Montevideo y pedía autorización para aterrizar se les comunicó la resolución ministerial que contradecía lo dispuesto por la autoridad competente, que es la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. La negativa no fue fundamentada según lo escribiera en el expediente el juez federal argentino.

El ministro dice que nos salvó de un terrorista, pero no tiene ningún elemento probatorio, ni siquiera un indicio para hacerlo.

Dice que le llamó la atención que tuviera tantos tripulantes (11) y que pidiera para pernoctar en Montevideo.

No parece haber consultado a la Dirección Nacional de Inteligencia ni a la Inteligencia de la Fuerza Aérea. Expresamente dice no haber consultado al presidente de la República.

Frente a las imputaciones que hiciera el gobierno venezolano de que se puso en riesgo el avión, Álvaro Delgado replicó que este tenía 17.000 litros de combustible que le permitían llegar a un aeropuerto de alternativa, sin informar como lo sabía en ese breve instante el inefable Dr. García.

Nadie duda de la facultad del Ministro para disponer que el avión recibiera orden del volver Argentina. Tampoco nadie lo hizo en la comisión antedicha.

Ahora bien, ¿alguien piensa que se va a infiltrar un terrorista en un avión Jumbo gigante, sancionado por las autoridades norteamericanas, por el Aeropuerto de Carrasco con un pasaporte iraní? ¿El ministro está informado de cuántas personas deben tripular un avión de estas características? ¿Sabía que un tripulante estaba señalado por el FBI como integrante de las Quads? ¿No puedo creer que García sabía lo que son las Quads, aunque es probable que diga que sí sabía?

En época de “noticias falsas” y sabiendo que en estas operaciones hay más mentiras que verdades, me parece que no sabe nada, no consultó con nadie y solamente cumplió con el pedido de las “agencias extranjeras amigas” que prepararon una operación de falsa bandera para molestar al gobierno argentino y poner obstáculos a la recomposición de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela.

Desde la introducción de la posverdad como signo de estos tiempos, cuando no cuentan los datos fríos, secos, sino y exclusivamente el manipuleo que se hace de ellos, todo pescado podrido puede alcanzar rango de información verosímil.

La realidad es que el avión podía haber aterrizado aquí, la tripulación podía haber sido vigilada, los pasaportes retenidos e inmediatamente o eventualmente al día siguiente despegar al destino para donde desearan ir o estuvieran habilitados a hacerlo.

Ahora, el mencionado avión permanece retenido en Argentina sin un motivo claro y uno de los tripulantes es indagado por “sospechoso” y resulta ser señalado por el FBI en un extraño documento que fuera recibido en la Justicia, que aclara en su cabezal que solo puede ser utilizado en información de inteligencia y no tiene valor judicial.

Sin que hubiera acusación alguna ni se mencionara un delito, un juez argentino ordenó un operativo en el hotel Canning Design para secuestrar los celulares de los 14 venezolanos y cinco iraníes que venían en el Jumbo de Emtrasur.

Los tripulantes entregaron todo lo que se le requería e incluso brindaron las contraseñas de los teléfonos, pero permanecen detenidos en el hotel sin causa alguna en una suerte de prisión domiciliaria.

En suma: el ministro impidió, en cuatro minutos y sin consultar a alguien relevante y competente, aterrizar un avión venezolano que la Dinacia había autorizado a despegar y aterrizar en Montevideo para reponer combustible. Esto es transgredir claras disposiciones internacionales de la aviación civil.

Lo hizo porque un ministro paraguayo le dijo que venía tripulado por un terrorista iraní. El avión volvió a Buenos Aires donde fue retenido y los tripulantes son sujetos de una investigación judicial.

Todas las sospechas lanzadas sobre la nave de Emtrasur no encuentran todavía coincidencia alguna con los hechos constatados, con la salvedad de que el FBI ha emitido un informe sobre el piloto iraní y fotografías encontradas en su celular confirman que en su juventud habría integrado las fuerzas armadas iraníes.

En inspecciones hechas a la aeronave, las que se hicieron sobre la carga, y en el allanamiento de las habitaciones del hotel donde se encuentran alojados los tripulantes no se hallaron irregularidades.

El informe de Interpol, el jueves pasado, ratifica que no hay ningún sospechoso. Nadie relacionado con organizaciones terroristas, ni con solicitud de detención ni con alertas rojas.

En esta oportunidad el ministro García y también Álvaro Delgado, en plena campaña para imponer su candidatura presidencial, parecen inscribir su accionar en instaurar un clima enrarecido que compromete nuestras relaciones diplomáticas con Irán y Venezuela y afecta el prestigio de nuestra aeronáutica civil que hoy libra un trabajoso esfuerzo para mejorar nuestra conectividad aérea.

El avión permanece retenido en Argentina sin un motivo claro y uno de los tripulantes es indagado por “sospechoso”, señalado por el FBI en un extraño documento que fuera recibido en la Justicia que aclara en su cabezal que solo puede ser utilizado en información de inteligencia y no tiene valor judicial.

Algunos datos más permiten aproximarse mejor a los hechos.

• El avión estaba muy cerca del límite tolerable de combustible para volar. Había despegado de Ezeiza con solo 20 toneladas de J1 (el mínimo tolerable es 15 toneladas); desde la torre de control de Uruguay les informaron que tenían denegado el aterrizaje "por falta de autorización",
• Volkswagen y Faurecia emitieron sendos comunicados diciendo que, efectivamente, el avión trajo autopartes para el modelo Taos -asientos e interiores-, pero que los envíos los gestiona un forwarder, un agente de carga, que decide qué avión lleva las piezas a destino. En cualquier caso, en la aeronave -como constataron la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal, a través del Departamento de Investigaciones Antiterroristas (DUIA)- no se encontró nada. Subieron perros, escáneres, se analizó la carga y se constató que se trataba de autopartes que fueron descargadas y se le entregaron a Faurecia y Volkswagen
• El Jumbo recorrió medio mundo sin inconvenientes; en los últimos meses pasó por China, India, Pakistán, Serbia, Cabo Verde, México, Paraguay, Aruba y otros países, por lo que fue contratado para traer las autopartes de Volkswagen.
• El texto del FBI tiene una curiosidad. Está encabezado por un largo párrafo en el que se señala que no puede ser usado como prueba judicial ni en ningún proceso legal. Sin embargo, el informe se lo envió el FBI al juez, con nombre y apellido. Y la fiscal admite que contiene "la salvedad" de que es únicamente de uso para inteligencia, aunque termina siendo la única base de su dictamen.
• El abogado de la empresa venezolana entregó en el juzgado copia apostillada (certificada) del Certificado de Aeronavegabilidad del Jumbo, firmado por el titular de Seguridad Aeronáutica de Venezuela; también los chequeos que se le hicieron oficialmente al avión para autorizar a que vuele, los estatutos de Emtrasur y las actas de la asamblea de accionistas de Conviasa, el registro del Jumbo como venezolano el 13 de septiembre de 2021. Con toda esa documentación, los titulares de Conviasa le pidieron al juzgado que les devolviera el avión.