Este es un tema que molesta y despierta muchas suspicacias. Hasta es incómodo escribir sobre la compleja situación de Medio Oriente porque resulta imposible exponer las ideas, convencer e incluso dialogar contra los prejuicios, la tozudez y la sensibilidad anestesiada.
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Hay personas muy respetables que por razones diversas, políticas, religiosas, ideológicas o étnicas han construido opiniones diferentes a la que yo tengo y eso vuelve a la razón impotente, a la argumentación poco menos que innecesaria y a la sensibilidad algo ociosa.
Y también hay opiniones de gente no tan amistosa a quienes igualmente hay que respetar si el respeto es mutuo y, naturalmente, comprender las diferencias aunque nos irriten.
Quiero hacer constar que tengo un gran respeto por el pueblo judío, por su historia, sus logros, sus aportes a la ciencia, la cultura y a la filosofía, a su religión, a sus celebridades y sus celebraciones.
También que soy muy solidario con sus sufrimientos y sus persecuciones y, naturalmente, con sus ancestrales deseos de paz.
Dicho esto, repito que estoy muy lejos del antisemitismo, de la discriminación en todas sus dimensiones y en particular de todas las persecuciones contra el pueblo judío que han ocurrido a lo largo de la historia. También soy solidario con otros pueblos que han sido objeto de persecuciones, esclavitud, discriminación y exterminio, como los armenios, las poblaciones autóctonas de América del Norte, los pueblos originarios de América del Sur, los hombres y mujeres de raza negra del continente africano.
Aún con todas estas aclaraciones, probablemente innecesarias, habrá gente que se sienta ofendida por las palabras que escribiré a continuación. Si es así, y sé que es así, tomo nota y prosigo.
Hace poco más de tres meses ocurrió en el norte de Israel un ataque de una fuerza político militar palestina, denominada Hamás, entidad que gobierna en el territorio de Gaza, donde residen varios millones de palestinos en condiciones humanitarias deplorables.
Gaza es su hogar, su territorio es el desierto. Allí nacieron los actuales habitantes, sus padres, sus abuelos y sus ancestros. Son de ahí y nadie tiene derecho a sacarlos.
El ataque sorpresivo al que referimos causó centenares, tal vez dos mil víctimas civiles israelíes y ha sido bien calificado desde diversos puntos de vista como un ataque terrorista.
En respuesta a este ataque, el gobierno ultraderechista, reaccionario y supremacista de Israel se aprovechó para lanzar una acción militar masiva, unilateral, despiadada e inhumana, manifestando su propósito que, según el vocero de turno, va desde la neutralización militar al exterminio masivo, la destrucción total de la infraestructura de todo el territorio o la eliminación y la expulsión de todos los palestinos de Gaza y Cisjordania y la colonización del mismo.
Se ha comprobado, es más, se ha trasmitido, se ha filmado, fotografiado, se ha documentado, la matanza indiscriminada causada por el bombardeo sistemático de objetivos civiles, la muerte de miles de niños en esos bombardeos y el daño infringido sobre sus cuerpos descuartizados, reventados, estallados, sin tener siquiera acceso a medicinas, médicos, tecnología, enfermería y hospitalización adecuada. Ni la venganza puede justificar semejante atrocidad.
Es más, el bombardeo y el asalto se llevó a cabo sobre una población indefensa, sin asistencia sanitaria adecuada, sin medicamentos, sin agua, sin alimentos y, por qué no, también sin derecho a un oficio religioso, a una tumba, a una identidad.
Según recientemente informara Unicef, hay 17.000 niños solos en Gaza, formalmente “no acompañados”.
Habitualmente, informa Médicos sin Fronteras, ingresan a unidades hospitalarias o a refugios confundidos, conmocionados, sin identificar su origen y familia y a veces sin poder recordar su nombre.
Adoptada por un selecto y numeroso conglomerado de jueces de todo el planeta es resultado y consecuencia de una demanda muy documentada, convincente y pormenorizada realizada por Sudáfrica.
La misma documenta los ataques del Estado de Israel sobre la población civil de Gaza y su consecuencia, la muerte de más de veintiséis mil pobladores civiles, dos tercios de ellos mujeres y niños indefensos frente a la ferocidad, la tecnología y la inhumanidad de un poderoso ejército agresor.
La sentencia no ha obligado formalmente a un alto el fuego, pero ha ordenado al Estado de Israel que tome todas las medidas necesarias para impedir un genocidio.
La sorpresiva denuncia de Sudáfrica obtuvo una asombrosa victoria contra el pensamiento dominante en Israel.
La sentencia es un final que no muchos esperaban teniendo en cuenta que la CIJ no es una institución que se reconozca por su independencia y su ecuanimidad y que normalmente se alinea con las grandes potencias occidentales.
El prestigioso analista geopolítico Pepe Escobar cree comprender las razones de esta sentencia. Entiende que “se trata de un caso de genocidio de una población indígena perpetrado por una potencia ocupante”. Eso exige dice Escobar el cese inmediato de todos los actos genocidas. Esencialmente, esto es lo que ha ordenado la CIJ.
También así lo interpretó el Ministerio de Asuntos Exteriores sudafricano señalando que “si se lee la sentencia, queda implícito” que debe imponerse un alto el fuego.
Otros observadores y juristas presentes durante los alegatos también concuerdan en que “fueron tan abrumadores los argumentos de la parte sudafricana y tan meticulosamente expuestos que la sentencia adoptada se volvió prácticamente inevitable”.
Hace escasas horas el presidente Joe Biden sancionó a cuatro colonos religiosos que instalados en Cisjordania atacaron a palestinos.
Es común que grupos de colonos religiosos desde los lugares más remotos del planeta, fieles de creencias religiosas fundamentalistas, se instalen sorpresivamente en aldeas donde vivían pobladores autóctonos desde hace cientos de años y los expulsen.
Curiosamente, lo hacen recurriendo a la violencia, tomando por asalto un pozo de agua en el desierto y protegidos por soldados del ejército israelí.
La parte sudafricana expuso con pruebas testimoniales irrefutables que la operación militar llevada a cabo por Israel en Gaza ha causado incontables muertos y heridos, ha destruido importantes infraestructuras y viviendas, ha provocado malnutrición masiva, ha colapsado el sistema sanitario y ha desplazado a la mayoría de sus habitantes.
Esta guerra ha afectado a toda la población de Gaza y tendrá consecuencias duraderas.
La campaña de Israel ha destruido los hogares de un tercio de los residentes de Gaza, ha dañado casi dos tercios de todas las viviendas y ha desplazado al 85 % de su población, es decir, a 1,9 millones de personas.
Es muy preocupante el propósito explícito de destrucción de los hospitales de los cuales solamente la mitad siguen funcionando parcialmente.
Más recientemente una patraña, largamente planificada, ha cuestionado la labor de la agencia de Naciones Unidas para la asistencia humanitaria de la población palestina (UNRWA).
La acusación israelí de la eventual complicidad de 12 funcionarios de tal agencia con la condenada incursión de Hamás en territorio israelí, no pueden justificar el desmantelamiento de la labor de esta agencia con fines humanitarios que socorre a los palestinos agredidos en su propio territorio y en la que trabajan trece mil personas. El cese del financiamiento de la mencionada agencia por parte de EEUU, Reino Unido, Alemania, Finlandia y otros países occidentales no hace más que confirmar su complicidad con la matanza en curso y la limpieza étnica que se está llevando a cabo ante los ojos del mundo y la pasividad de quienes pueden detenerla.
En la primera quincena de enero, los grupos de ayuda, que hoy se pretende desmantelar, planearon veintinueve misiones críticas para llevar suministros médicos de urgencia al norte de la Franja de Gaza; Israel rechazó veintidós de ellas.
Como consecuencia de su ataque al sistema sanitario de Gaza, “los médicos operan a los niños a los gritos, sin anestesia, utilizando teléfonos móviles como única fuente de iluminación”, declaró en Ginebra el máximo responsable de derechos humanos de la ONU.
En las audiencias de la CIJ, habiendo escuchado la acusación, la CIJ “aceptó la demanda sudafricana de que se adopten medidas provisionales urgentes para la protección de los palestinos de Gaza frente a Israel y recomendó o dispuso que el Estado de Israel tome todas las medidas para impedir la comisión de un genocidio a Gaza, garantice que los militares no cometan ningún acto de genocidio, tome todas las medidas para castigar toda incitación pública al genocidio, así como adopte medidas inmediatas y efectivas para hacer frente a las condiciones adversas para la vida en la Franja de Gaza y eficaces para preservar las pruebas de las acciones que repercutan en la Convención sobre el Genocidio”.
La CIJ, además, dispuso que Israel presente al tribunal un informe de todas las medidas adoptadas para cumplir las órdenes incluidas en la sentencia, en el plazo de un mes.
La decisión de la CIJ es vinculante. No obstante, aunque la CIJ haya decidido que Israel debe “tomar todas las medidas para evitar muertes y lesiones” y atender todas las necesidades humanitarias palestinas (incluido el acceso a alimentos, medicinas e infraestructuras), no tiene capFacidad de hacer cumplir lo dispuesto.
Se puede prever que el Gobierno del Estado de Israel no cumplirá con la sentencia de la CIJ y, por el contrario, tratará de ignorarla o descalificarla, acusando a la CIJ y a sus jueces de antisemitismo y de continuar con la persecución del pueblo judío.
Según el artículo 94.2 de la Carta de la ONU, las Naciones Unidas deben obligar a Israel a aplicar la sentencia de la CIJ.
Dado que la CIJ dictaminó que “las acciones de Israel en Gaza pueden constituir genocidio con intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico específico: los palestinos”, se deduce lógicamente que la prescindencia de Estados Unidos, Reino Unido, Bulgaria, Ucrania, Argentina y Eslovaquia y otros países que declararon que la denuncia sudafricana “carece de fundamento jurídico”, equivale a la complicidad en el genocidio de los palestinos.
Existe consenso entre los estudiosos del genocidio en que la limpieza étnica no implica automáticamente genocidio, pero todos coinciden en que suelen ir juntos.
Según Omer Bartov, profesor israelí-estadounidense de estudios sobre el Holocausto, “la posibilidad de un genocidio está a la vuelta de la esquina”.
Sin embargo, son numerosos los indicios de que esto ya está ocurriendo. Los informes de ejecuciones de civiles a quemarropa sobre el terreno por parte de las tropas israelíes se multiplican día tras día, como muestra el caso de un incidente ocurrido el 13 de diciembre en el que, según testigos presenciales que hablaron con Al Jazeera, “mujeres, niños y bebés fueron asesinados al estilo ejecución por las fuerzas israelíes” mientras se refugiaban en Shadia Abu Ghazala, en el norte de Gaza.
También un incidente ocurrido el 19 de diciembre, confirmado por la ONU, en el que soldados “mataron sumariamente al menos a 11 hombres palestinos desarmados delante de sus familiares en el barrio de Al Remal, en la ciudad de Gaza”.
Todo parece indicar que aún con la sentencia de la CIJ la matanza no se detendrá.
La orden de la CIJ a Israel de “tomar todas las medidas para evitar muertos y heridos” puede interpretarse ciertamente como un llamamiento al alto el fuego, pero carece de la capacidad de ejecutarla.
La opinión pública, incluida la de algunos miles de judíos en el Estado de Israel y los millones de judíos pacifistas en todo el mundo tal vez puedan hacer algo.