El miércoles tuvo lugar la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia realizada por la Asociación de Magistrados y Fiscales por las constantes presiones sobre el Ministerio Público desde el sistema político. En la instancia, el Estado uruguayo negó las acusaciones, mientras que los fiscales ofrecieron una cantidad importante de pruebas de las actitudes que denuncian.
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Allí se pudieron ver videos con declaraciones de autoridades nacionales, legisladores y otros jerarcas apuntando contra el trabajo de la Fiscalía en todas las causas que refieren a asuntos de que involucran personajes de gobierno, temas de interés político, violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o procesos vinculados a ley de violencia basada en género.
Presionan a la Justicia
No sorprende que el Estado, vale decir, el Gobierno, se haya defendido. ¿Qué otra cosa podía hacer en una audiencia de este tipo, cuando es el principal señalado por su conducta? Pero es innegable que se presiona a la Justicia en un país donde el presidente dice que las causas que perjudican al oficialismo avanzan rápido y que las que presuntamente afectan a la oposición duermen el sueño de los justos.
No se puede ocultar que hubo senadores que fueron a pedir la destitución del fiscal de Corte, que impulsaron leyes para juzgar a los operadores de la Justicia cuando adoptaran decisiones que no les gustaran, y que el propio presidente del Directorio del Partido Nacional, fuerza política que conduce a la coalición de gobierno, debió renunciar cuando se conocieron sus conversaciones con Penadés, jactándose de la fiscal que había quedado a cargo de la causa, afirmando que era “nuestra” y agraviando al fiscal de Corte, Juan Gómez, al que decía que había que empujar para que se cayera.
Fossati protegió al presidente
Sin embargo, hay que llamar la atención sobre un problema que se hizo evidente en este período. No sólo se ha ejercido presión o se ha intentado condicionar la actuación de los fiscales desde el Gobierno, sino que, lamentablemente, en algunos casos parece haber conseguido su objetivo.
El caso de la exfiscal Fossati tiene que ser tenido en cuenta en este análisis, porque fue Gabriela Fossati, en su condición de fiscal a cargo de la causa Astesiano, la que se prodigó en acciones y declaraciones que intentaron desviar el foco de la causa de corrupción más escandalosa de las últimas décadas: no olvidemos que intentó transformar el caso Astesiano en el caso Gustavo Leal, que inició demandas penales contra periodistas críticos del Gobierno y contra el presidente del Frente Amplio, la que afirmó que no se iba a inmolar persiguiendo a las autoridades de “todos los ministerios” y de “Presidencia” que ponían obstáculos a la investigación y la que terminó siendo apartada, retirándose, para convertirse en dirigente del Partido Nacional, candidata en la interna y todo luego de editar un libro contra otros fiscales con el diario El País, principal medio oficialista de este Gobierno.
A buena parte de la sociedad le quedó la impresión de que Fossati protegió al presidente y a otras autoridades del Gobierno, al punto de que el acuerdo abreviado que alcanzó con Alejandro Astesiano, más que una forma de ejercer la justicia, ha parecido una forma de asegurar impunidad hacia arriba del exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou.
¿Se perdió la confianza en la Justicia?
Tienen razón los fiscales cuando denuncian los ataques y presiones que han recibido, pero la sociedad ha ido perdiendo la confianza en la Justicia en estos últimos años, porque casos impresionantes como el de Astesiano o el que hace referencia al pasaporte que se le otorgó al capo narco Sebastián Marset no han producido más que algunas formalizaciones de personas de baja jerarquía, cuando todo indica que actuaron poderes muy superiores.
Son incontables las ocasiones en las que figuras del Gobierno han acusado de una infiltración de la izquierda del Poder Judicial sin ningún elemento. A esos señalamientos interesados e irresponsables ha contribuido el propio presidente y muchos legisladores, entre ellos alguno que se refugió en los fueros del Senado para no enfrentar el proceso judicial.
Pero también hemos tenido muestras justamente de lo contrario: de dirigentes del Gobierno que dicen que hay fiscales que les responden y de una fiscal que pasa de investigar a las autoridades del Gobierno a ser dirigente, candidata y una de sus principales voceras. Todo es extremadamente grave, como es grave mucho de lo que ha pasado durante esta administración. Es algo que la sociedad también va a juzgar en las urnas y algo que un próximo Gobierno tiene que atender, para que el sistema judicial recobre su credibilidad y su prestigio.