Los fiscales como blanco del Poder Político

Las señales son preocupantes; el diputado oficialista Rodrigo Goñi llama a sala al fiscal Juan Gómez; también desde el Parlamento se presiona para que se investigue la actuación de la fiscal Alicia Ghione, que investiga los delitos del exsenador Gustavo Penadés en uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia uruguaya; y tres abogados defensores en causas de violación a los derechos humanos solicitan la remoción del fiscal especializado en la materia.

¿Existe una predisposición especial contra todas las fiscalías en su conjunto, como si la independencia como institución del Poder Ejecutivo haya terminado siendo un problema para ciertos sectores políticos del oficialismo?

Nosotros dependíamos antes de la ley nueva del Ministerio de Educación y Cultura, o sea que éramos una unidad ejecutora del Ministerio. Desde las gremiales de fiscales siempre tuvimos una posición de autonomía, de acceder a una institución como es la actual, un servicio centralizado, porque queríamos tener más independencia del Poder Ejecutivo.

Logramos eso en los papeles, pero esta modificación legislativa de estatus jurídico vino acompañada del cambio de proceso penal. Y el cambio de proceso penal le dio una relevancia mayor a la participación de los fiscales en el proceso y eso lo puso en el tapete por un lado, pero también en el eje de los cuestionamientos por otro. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años (que también es una cosa que acompaña todos los cambios de proceso, porque eso también es algo que sucede en América) es que hay un ataque básicamente del poder político frente a algunas decisiones que se toman y que no se comparten. Las críticas siempre son bienvenidas, porque sirven muchas veces para mejorar tú, pero cuando hay un ataque constante hacia las personas, hacia la institución y hacia el jerarca de la institución, eso ya nos preocupa más.

¿Esa animosidad se puede reflejar en los recortes presupuestales?

Hay un retaceo a las solicitudes de mayor presupuesto o incluso hasta de cosas pequeñas, como un aumento que se le dio a los jueces y no a los fiscales. Con nosotros ya equiparados, se impuso una inhibición para el caso de los que quieran retirarse de la función. Vemos un panorama nada alentador. Es un panorama un poco sombrío, porque nos parece que debemos tener una institución fuerte, fiscales fuertes que puedan enfrentar los delitos más delicados (porque los delitos de todos los días no son el eje) cuando se toca alguna persona relevante, cuando se hace una investigación importante; ahí es donde empiezan a saltar los cuestionamientos y básicamente los cuestionamientos a las personas, que eso es lo que nos tiene bastante preocupados y por eso estamos intentando hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos planteamientos contra la Fiscalía en general y contra algunos fiscales en particular.

Antes de la aprobación del nuevo código, la figura central era la del juez. Pero ahora, a pesar de que la resolución finalmente la toma el juez, cuando existen cuestionamientos se siguen centrando en el proceso que llevó el fiscal.

Lo que pasa es que desde el punto de vista de la investigación es el fiscal el que tiene la llave de la investigación. Pero una vez que ingrese al proceso, es un juez el que controla todo lo que nosotros hicimos (yo hace 32 años que estoy en esto, algo conozco, por lo menos me tiene que haber entrado a lo largo de los años), y cuando el juez instruía y disponía no había un cuestionamiento tan fuerte… Pero está bien, estamos hablando de que es un poder independiente, hay como un mayor cuidado en las críticas hacia el Poder Judicial, pero vemos que ahora eso no está pasando.

Esto viene de la mano de algunos cambios legislativos que hubo en cuanto a quitarnos nuestra condición de magistrado que teníamos antes. Yo la sigo reivindicando, no desde el punto de vista de tener una prerrogativa ni creerse más que nadie. La condición de magistrado la reivindico en el sentido de que uno tiene que ser cada vez más profesional, más objetivo, tener un compromiso mayor con el principio de legalidad; la condición de magistrado es estar apartado de los temas ideológicos, incluso de las víctimas, porque si bien uno tiene la representación de las víctimas, si bien tiene que tener ciertas obligaciones para con las víctimas, nosotros no representamos a las víctimas y menos a los colectivos de víctimas, porque tenemos que ser objetivos y cumplir con el principio de legalidad.

En ese sentido, ¿los fiscales son la representación del Estado, como se suele expresar?

La creación del fiscal fue en la Francia revolucionaria; en 1810 surge con el código de instrucción napoleónico que venía a ser una parte imparcial, en el sentido que si bien era una parte del proceso, tenía que manejarse con imparcialidad.

Hoy le agregamos los condimentos de objetividad y legalidad; decimos objetividad porque nosotros no somos acusadores a ultranza, nosotros acusamos primero cuando hay prueba y segundo cuando estamos frente a un hecho delictivo.

No es que nosotros acusamos cuando queramos. Si la defensa propone alguna prueba que permita una coartada al imputado y hacer saber que no es la persona indicada, nosotros tenemos necesariamente la obligación de seguir esas pruebas que permitan no imputar a un inocente. Entonces, ahí está el tema clave de que si bien nosotros actuamos por la víctima (porque la víctima no tiene un acceso directo al sistema), el que acusa, el que investiga es la Fiscalía.

Esto no quiere decir que el fiscal haga lo mismo que quiere o que pretende la víctima. El fiscal se mueve, como dije en reiteradas ocasiones, con esa objetividad y con el principio de legalidad básico.

¿Entonces fue un acierto haber sacado a la Fiscalía de un ámbito de cierta dependencia del Poder Ejecutivo?

Sin duda, porque más allá de que yo trabajé cuando dependíamos de Educación y Cultura, y por la vía de los hechos no había una dependencia, siempre queda esa suspicacia de que como uno depende del Poder Ejecutivo, puede estar en cuestionamiento su independencia técnica.

El meritorio en ese sentido era, por ejemplo, el fiscal Miguel Langón.

Bueno, podría hablarle muchísimo de Langón. Pero primero que nada, si el fiscal acusa o si pide una formalización o un procesamiento, siempre hay un juez que va a controlar si lo que solicitó se corresponde con la prueba y con el derecho. Si ese juez resuelve esa causa, la puede revisar un tribunal de apelaciones, que son tres ministros, y eventualmente puede resolver la Suprema Corte de Justicia; o sea que cuando el fiscal actúa en la acusación o impulsando una causa, siempre hay un contralor importante.

El problema es cuando el fiscal no acusa o no impulsa una acusación, que ahí sí se tendría que controlar (y se controla), porque no en todos los casos tiene que haber una víctima que impulse o la víctima puede solicitar al juez de la causa que el fiscal revise su actuación y, si no la revisa, actúa un subrogante. Entonces, hay controles. Donde no hay controles muy claros cuando no hay una víctima identificada es en los casos de corrupción, donde la víctima es como intangible; somos todas víctimas y no es nadie, entonces ahí es un poco más complicado.

Pero claro, si hubo un actor, pongámosle que un partido político hace una denuncia o un sector denuncia que hay en otro partido político una conducta corrupta, ese mismo sector puede ser el que impulse la denuncia, y si no hay actuación del fiscal, pida la subrogación de este; o sea que siempre hay controles.

Puede pasar que actúe mal, pero va a haber alguien que va a estar controlándolo y que va a pedir o la revisión del caso o, si acusó cuando no correspondió, a un juez que va a decir: “No, señor, a usted no le corresponde”.

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En este periodo de gobierno aparecieron sectores políticos que están haciendo una fuerte crítica y cuestionamiento a la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad. ¿Estos planteos que han surgido en estas últimas horas pidiendo su paso al costado son un hecho aislado o forman parte de esos cuestionamientos más generales?

Lo último que hubo fue una solicitud de apartamiento por tres abogados, que está dentro de cierta lógica.

Si hay algún abogado que entiende que el fiscal actúa mal en determinada causa, puede pedir su apartamiento. Pero claro, la ley es muy estricta porque el apartamento de un fiscal es algo grave, se está poniendo en juego la actuación de la totalidad de la Fiscalía.

En este caso no son tres de los abogados más conocidos, porque no son los del Centro Militar.

Lo que yo digo es que es un hecho grave. El apartamento de un fiscal es grave; yo nunca quiero que lo aparten, salvo que lo aparten con un sumario, con una investigación administrativa que determine que cometió una falta, pero, si no, a mí no me gustan los apartamentos de fiscales, aunque no me guste lo que haya hecho el fiscal.

Entonces lo primero es el Estado de derecho, que lo separen en base a una sanción que se corresponda con su mala actuación, pero no me gusta que lo saquen al grito de la tribuna.

Pero volvamos al tema. Se puede pedir el apartamiento de un fiscal cuando tiene un interés personal en la causa específica o cuando tiene una amistad o enemistad con las partes en el proceso.

En este caso no se daba ninguna de esas dos: ¿Cuáles son los fundamentos para cuestionar la actuación y la solicitud de apartamento? Primero, porque yo tuve un primo preso político y no lo niego; Dardo Maidana fue mi primo, que falleció hace 8 años, pero él nunca hizo denuncia penal por los hechos y no abrió ninguna causa. Entonces, ¿Cuál es el motivo personal que yo puedo tener en otras causas donde él no actuó?

Un ejemplo clarísimo es: si las y los colegas de homicidio hoy tienen un primo al que se lo mataron hace unos años, no van a actuar en un homicidio porque mataron a un primo; o un fiscal de delitos sexuales, porque tuvo un primo y una prima por un abuso sexual, ¿no va a actuar? Parece muy traído de los pelos. Y segundo, yo no tengo ninguna amistad ni enemistad con ninguna de las partes como para apartarme en esas causas.

Por otro lado, yo soy amigo de una víctima que denunció, que ya falleció. En ese caso yo sí le pedí al fiscal de Corte el derecho de abstención, que eso es un derecho que tenemos todos de apartarnos de una causa, porque sí entiendo que puedo actuar motivado por algún tema subjetivo o, aunque no lo hiciera en forma motivada, genera la suspicacia que yo actúe en forma subjetiva, entonces en ese caso sí, yo solicité la abstención y el fiscal de Corte la concedió; y es más, cuando falleció mi amigo, yo me mantuve apartado de la causa.

Por otro lado, puse en conocimiento al fiscal de Corte que dispuse el archivo de un conjunto importante de causas por distintos motivos, porque no tengo una visión parcializada de persecución y, en ese caso, ninguna de las víctimas solicitó un derecho de revisión del caso, o sea que los archivos supuestamente estaban correctos.

Entonces no hay ningún motivo para que se disponga el apartamiento de la causa y por eso creemos que el fiscal de Corte no va a resolver nada que sea contrario a lo que estamos haciendo.

¿Pero esta solicitud de apartamiento es una cuestión puntual o se suma como una suerte de perla de un collar de cuestionamientos hasta de la propia existencia de la fiscalía especializada?

Acá pasaron muchas cosas; desde legisladores que utilizaron determinados minutos de tiempo en el Parlamento para cuestionar resoluciones judiciales e indirectamente a la actuación de la Fiscalía; un senador que salió a decir que yo había cometido el delito de prevaricato y dos senadores que solicitaron informes sobre mi actuación, que nunca en mis treinta y pico de años me había pasado.

Y además, uno de los abogados que hoy está pidiendo el apartamento ya había realizado una denuncia sobre mi supuesta mala actuación en la función. Eso es más o menos el pantallazo de lo ocurrido en todo este tiempo.

Más allá de todos estos temas, ¿entiende que ha habido avances en materia de esclarecimiento en casos de denuncias de violación de los derechos humanos?

Bueno, esa pregunta me gustaría que se la hiciera a las víctimas o a los colectivos…

Pero se la hago a usted porque hay un informe de la comisión de la ONU que denuncia que ya han pasado 50 años de muchos de estos hechos y hay una clara demora en los juicios, a pesar de que en este tiempo han habido algunos fallos importantes.

Sí uno mira lo que fueron los fallos hasta el 2018 con la creación de la Fiscalía y los que se dieron con posterioridad, hay números que hablan a las claras de un avance y, además, un avance sustancial en las investigaciones, porque una cosa son los procesamientos y las condenas y otra cosa es que se aclaren hechos, y hay muchas solicitudes de procesamiento que están pendientes y hay causas importantes que se resolvieron.

En ese sentido, sí nos sentimos contentos y creemos que hemos hecho las cosas bien con el equipo. También hay que diferenciar mucho entre lo que son las causas por el viejo código de las causas por el nuevo código.

Nosotros avanzamos muy rápidamente en las formalizaciones, incluso en las condenas, pero lamentablemente la gran mayoría de las causas las tenemos por el viejo código.

¿Hay un respaldo de la Fiscalía General como institución?

Tenemos un respaldo importante porque la logística de nuestro trabajo es muy grande, porque nosotros actuamos en todo el país, tenemos juicios en casi todos los departamentos y eso significa siempre o tener un auto a disposición o tener alojamiento, comidas, bueno, todo un gasto importante para el traslado; y eso lo tenemos todo resuelto, no tenemos ninguna complicación, además de que tenemos un equipo conformado por cuatro fiscales, que eso no es el común de las fiscalías. Entonces podemos decir que sí, que tenemos el apoyo y cuando necesitamos cualquier tema puntual, nunca hemos tenido ningún problema.

¿Cuál es el universo de causas que están en proceso en sus distintas etapas?

Es muy difícil determinarlo, lo hemos intentado de todas las formas, no lo hemos logrado, pero tenemos aproximadamente unas 140 causas por el viejo código, de las que más o menos un 50 % están en etapa de condena con procesamientos, donde haya pedido procesamiento, que esto significa ya una resolución del punto de vista investigativo; y tenemos más o menos un 50 %, o quizás menos a esta altura, con causas donde todavía falta la resolución final, o si hay una imputación o si hay un archivo, eso es por el viejo código.

Por el nuevo código tenemos cinco causas en investigación, una investigación propiamente dicha que probablemente el mes que viene pidamos la formalización, después dos donde ya tenemos condena firme y dos donde tenemos formalizados y vamos a acusar en este año.

Mientras coordinábamos la entrevista con el Fiscal Perciballe, varios dirigentes políticos y algunos medios de prensa difundían que las filtraciones de información en determinadas causas tenían origen en el centro informático de la FGN.

Desde ese organismo se emitió el siguiente comunicado:

Ante versiones infundadas, la Fiscalía reafirma la confiabilidad del sistema informático que cuenta con auditorías y reportes constantes.

Ante versiones de prensa y de personas que sin ningún fundamento refieren a debilidades del sistema informático, la Fiscalía General de la Nación desea aclarar:

• El Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (Sippau) fue creado en 2017 para dar soporte a la reforma procesal penal de tipo acusatorio que comenzó a funcionar en noviembre de ese año.
• El sistema cuenta con auditorías constantes y todo ingreso y movimiento que se realice en el mismo queda registrado, permitiendo la trazabilidad de la información y los reportes correspondientes.
• De hecho, eso fue lo que permitió en un caso de público conocimiento, individualizar a 3 funcionarios responsables de ingresos indebidos y sancionarlos incluso con la destitución.
• Se realiza periódicamente en conjunto con la Agencia de Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) un hacking ético para garantizar la seguridad del sistema.
• La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con la seguridad de la información y para ello trabaja en la mejora constante de los procedimientos así como en la capacitación de los funcionarios y funcionarias de todos los niveles.