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Editorial Estado | denuncias |

Opereta

Un Estado al servicio de la persecución

Cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que el ministro Luis Alberto Heber está detrás de todas las operaciones de enchastre contra el senador Charles Carrera.

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Sólo un cándido de campeonato puede creer que el programa Santo y Seña o el diario El País fueron algo más que los vehículos elegidos por el gobierno para promover las sendas denuncias contra el ex director general del ministerio del interior. Heber, que es un incompetente y el jerarca peor evaluado por el gobierno, es, a la vez, una de las figuras más poderosas del herrerismo y más cercana a los Lacalle, y ha decidido utilizar todas las herramientas con la que cuenta para perseguir al senador opositor Carrera, de modo de desviar la atención de dos asuntos gravísimos íntimamente relacionados: la violencia criminal desatada en la actualidad y el crecimiento inocultable del narco en nuestro país.

Utilizar el Estado para perseguir opositores es una forma de destruir la democracia, pero se ha convertido lamentable y evidentemente en la pasión del actual gobierno: se persiguen sindicatos, periodistas, dirigentes políticos opositores, todo lo que se mueva, todo lo que se oponga de algún modo a sus intereses.

En general, las denuncias son delirantes. Solo se sostienen con operaciones de prensa. Porque, miradas con ecuanimidad, no significan nada. La última sobre Carrera intenta presentar como un acto de corrupción atenderse en un hospital público, como si hubiese una ilegalidad en que un jerarca del Ministerio del interior se atendiera o atendiera a su familia directa en el mismo hospital que se atiende a la tropa que está subordinada a su mando. Es completamente absurdo. Es más, si se observa desapasionadamente, lejos de ser un acto cuestionable, es un acto meritorio. Está muy bien que las autoridades del ministerio del interior se atiendan en el hospital policial, como está bien que el ministro de salud pública se atienda en hospitales públicos. Es lo correcto, es lo que debería suceder siempre. En todo caso, podría ser cuestionable lo contrario. ¿En qué país del mundo es corrupto que un gobernante utilice la sanidad pública o se atienda en el mismo lugar que sus subordinados? La denuncia en sí misma es la inversión absoluta del más mínimo decoro: transforma un acto correcto en un acto espurio por medio de una ingeniería de la confusión. Como un rey Midas al revés: vuelven el oro en barro.

Esta operación desmesurada y absurda, además, se le volvió en contra y le costó el cargo al actual director General del Ministerio, Luis Calabria. Como le podría costar el cargo a toda la plana mayor de esa secretaría, porque todos seguramente se atendieron en el Policial, comenzando por el propio ministro, que no sólo se hisopó, pues, por lo que sabemos, fue la propia directora del laboratorio a hisoparlo por orden de la dirección y luego recibió seguimiento telefónico al haberle dado la PCR positiva.

¿Qué buscan con esta estrategia de enchastre? Que la gente confunda la jerarquía de las cosas, que la gente desvíe su atención de la escalada de homicidios cada vez más cruentos y del escándalo internacional del pasaporte entregado en mano al narcotraficante Sebastián Marset, sospechado e investigado en varios países por delitos gravísimos que incluyen tráfico de toneladas de cocaína, lavado de dinero y hasta el asesinato del fiscal paraguayo que lo investigaba.

El presidente tiene que parar con esto, porque es impresentable lo que están haciendo, pero todos sabemos que no va a pararlo, porque se cae de maduro que también el presidente forma parte de esta estrategia, si es que no es él mismo quien la comanda.

Uruguay atraviesa una situación más dramática de lo que esperábamos. El narco penetró el país y ya no solo no estamos fuera del mapa de los grandes cárteles, sino que están operando en nuestro territorio con creciente poder y creciente violencia, y posiblemente tengan ya contactos importantes con fuerzas de seguridad, con estudios contables, con otros delincuentes y con la política.

Mientras todo eso acaece al frente de nuestros ojos, el gobierno se empeña en desacreditar opositores, en dirigir las baterías del Estado a la persecución política y no tiene ni por asomo un plan para desactivar esta bomba de criminalidad que amenaza la convivencia, la vida y a las propias instituciones. El daño que están haciéndole a nuestro país es inestimable todavía, pero sus consecuencias se van a proyectar por mucho tiempo. Les queda la mitad de su gobierno y no tengo ninguna clase de optimismo sobre la posibilidad de recapaciten. ¿Cómo dejarán Uruguay cuando les toque el tiempo de marcharse?

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