Un gobierno de lobbies empresariales

El decreto es, ante todo, ordinariamente escandaloso. Es flagrante en su propósito de favorecer a una empresa y subvierte los términos del interés público: ubica los compromisos del presidente por encima de la salud de la población e importa un retroceso en una política celebrada en todo el mundo y por la que el ex presidente Tabaré Vázquez obtuvo el título de Héroe de la Salud Pública en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud.

Además de lo que dispone, cabe recordar que esta embestida se inscribe en un rosario de decisiones animadas por el mismo espíritu de legislar para los malla oro y desentenderse de la salud de la población, filosofía que alcanzó su paroxismo en la pandemia, cuando impuso el concepto de libertad responsable para inhibirse de tomar medidas sanitarias más estrictas que pudieran afectar al capital económico.

Recordemos, como ejemplos, la modificación del etiquetado frontal contra la opinión de toda la comunidad médica o la habilitación del cigarrillo electrónico, en su persistente rebelión contra la evidencia científica, siempre con la misma finalidad: favorecer a la industria de alimentos procesados, favorecer a Philip Morris, principal interesada en el negocio de los cigarrillos electrónicos, y ahora favorecer a Montepaz, titular de las marcas de cigarrillos más consumidos de Uruguay.

Si nos apartamos del ámbito de la salud, encontramos el mismo modus operandi en otros rubros: a saber: el constante interés del gobierno por legislar a favor de los intereses de los grandes medios de comunicación, en particular los canales abiertos, además de otorgarles dinero y exenciones, perjudicando a Antel, afectando la libertad de expresión y debilitando la democracia sin ningún tipo de pudor. Lacalle Pou da muestra cabal de que, en su cabeza, no dirige un país, sino el plan de negocios de un conjunto de empresas superpoderosas, incluso a costa de hacer daño a la sociedad, de cuyo Estado es presidente.

Toma relevancia un aspecto sorprendente de la forma de gobernar de Lacalle Pou, el absoluto desparpajo. No se preocupa siquiera de disimular, de cubrir sus acciones con una tónica de interés público, de producir, por lo menos, un engaño ingenioso, una coartada bien elaborada. Gestiona para intereses muy concretos, tan concretos que escandaliza: en ocasiones son las propias autoridades las que reconocen que un decreto no pasó por su cartera, como el director general de salud, Asqueta, confesó que sucedió con el decreto del cigarrillo electrónico, o los legisladores de la coalición sobre proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Sucede que una parte de las acciones de gobierno provienen de los escritorios de los propios empresarios, así como sucedió con artículos de la Ley de Urgente Consideración y otras medidas con beneficiarios directos e insoslayables.

Esa actitud desvergonzada de favorecer a los malla oro, legales o ilegales, habida cuenta el pasaporte VIP que se le entregó al peligroso narcotraficante Sebastián Marset, falseando su dirección de residencia (pusieron un hotel en lugar de la cárcel de Dubái) en un documento con valor de declaración jurada, no es un homenaje a la transparencia sino un canto a la impunidad. El gobierno se siente impune, siente que no está sometido a ningún tipo de control y que puede hacer cualquier cosa sin detenerse en las formas y sin temor al cuestionamiento democrático. Dicha arrogancia solo puede surgir de la convicción de estar protegidos por un blindaje mediático casi invulnerable, que impide que el grueso de la ciudadanía alcance una visión descarnada de los hechos sin un conveniente maquillaje de justificación a cargo de los grandes medios de comunicación masiva. Es una hora triste para la democracia. Un gobierno desfachatado impone retrocesos en políticas que merecen un amplio consenso social, transversal al sistema político, por exigencia de lobbies empresariales cuyo único propósito es aumentar sus ganancias incluso a costa de la salud de la gente y la imagen internacional del país.