El arresto a rigor por 30 días del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Guido Manini Ríos, dispuesto por el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa, es una sanción fuerte y sin precedentes, pero irreprochable y hasta obligatoria desde el punto de vista político y legal, toda vez que no existe ni una sola duda de que Manini se apartó de la norma al pronunciarse sobre un proyecto de ley que se encuentra en tratamiento parlamentario, cuando tiene vedada toda actuación política salvo el voto, y que el presidente no se puede permitir tener contemplaciones ante a una conducta de esta naturaleza.
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Más allá de la justeza de la aplicación de la sanción disciplinaria y de la observación sobre el carácter irregular y antirreglamentario de la actuación de Manini en este caso, la decisión del presidente concitó una fuerte polémica con la mayor parte de la oposición, que rápidamente salió a respaldar al comandante en jefe con argumentos que oscilan entre la crítica por una sanción “humillante”, ante lo cual hasta la destitución sería preferible, y el apoyo al contenido de sus apreciaciones con relación a la reforma de la caja militar, como si eso fuera lo que estuviera en discusión al momento de sancionar.
Los hechos merecen una lectura política cuidadosa, sobre todo desde la izquierda, porque mientras Uruguay sea un país con Fuerzas Armadas, es completamente imprescindible tener una mirada compleja de la cuestión militar, cuyo carácter estratégico es innegable, y no reducir la óptica a una lógica inmutable de buenos y malos, y menos todavía ceder a un enfoque exclusivamente económico.
Por un lado, es evidente que Manini Ríos habló con una intención genuina de proteger el interés corporativo de sus subalternos, muy molestos con algunas modificaciones previstas en la reforma de la caja militar que se aprobó en el Senado, y que sienten que les perjudica, especialmente a la tropa de menor rango. Pero, a la vez, es difícil creer que ese fuera su único objetivo, porque él conoce perfectamente el camino adecuado y legal para exponer este tipo de reivindicaciones y, si optó por salir a palestra con semejantes expresiones, lo hizo a conciencia de que afrontaría consecuencias disciplinarias que incluso podían llegar a ser más graves.
De algún modo, lo que expresó Mujica en declaraciones al semanario Búsqueda se aproxima a la valoración política que debe haber hecho el comandante en Jefe: “Si Manini no hace una gestualidad como la que hizo, pierde respeto y consideración con sus subalternos […] Si se hace el bobo, queda como falto de carácter. Hizo lo que tenía que hacer. Por más que suene a contradicción, los dos hicieron lo que tenían que hacer”, dijo Mujica refiriéndose a Manini y al presidente. En esta lógica de los acontecimientos, el arresto dispuesto por el gobierno, lejos de humillarlo, lo enaltece frente a los soldados, que ahora lo miran como a un líder, más allá del liderazgo que impone su posición de mando, porque salió a defender sus puntos de vista sobre las condiciones de retiro y se comió un arresto a rigor que rara vez antes un comandante había recibido. En este contexto, una sanción de esta gravedad y este carácter, si bien es una mancha en su legajo funcional, es un galardón en la consideración de sus camaradas, “una tipa para encuadrar”, en la jerga de los militares.
La derecha ha hecho una lectura electoral de este asunto, desdeñando la mirada institucional. Tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional y el Partido de la Gente se abroquelaron en la defensa de Manini porque apuntan a fidelizar completamente el voto militar que involucra a los integrantes de las Fuerzas Armadas como a sus familias y esta situación les resulta una oportunidad inestimable, cuestión que el Frente Amplio, además, les suele hacer bastante fácil, insistiendo en conceptos como “jubilación de privilegio” de los retirados militares sin que se ensaye un análisis más fino, que necesariamente implica distinguir entre la tropa y los mandos y las características específicas del trabajo militar, que no es como cualquier otro empleo público, en tanto es de dedicación exclusiva, disponibilidad total las 24 horas del día y los 365 días del año, sin nocturnidad, sin derecho a horas extras, inhibición de la posibilidad de hacer política, sin posibilidad de sindicalizarse, de pronunciarse siquiera, y mucho menos de protestar, siendo además el peor pagado de todo el Estado.
Claramente el gobierno tenía que abordar la reforma del sistema de seguridad social militar, que es deficitario, y por si solo supone un aporte estatal año a año de 1% del PIB. Es una reforma imprescindible e impostergable, y eso los mandos de las Fuerzas Armadas, y en especial Manini Ríos, lo comprenden y comparten en la orientación y en la filosofía. Eso no obsta de la existencia de detalles y discordias en el tratamiento de los sectores más pauperizados y de la oficialidad. Detalles que seguramente hay que tener en cuenta, no por temor a lo que los militares puedan decir, sino por un liso y llano sentido social, en tanto las Fuerzas Armadas involucran a miles de trabajadores que ganan muy poco y que tienen derecho a aspirar a vivir razonablemente con sus ingresos y sus jubilaciones.
Esta sanción y esta reforma se producen, además, en un contexto de otras grandes definiciones que se han tomado en política de defensa en los últimos años, y que han contado con el apoyo de Manini y de los actuales mandos. Es que en los gobiernos del Frente Amplio se aprobó una ley marco de la defensa, un decreto sobre la defensa nacional y se está por aprobar una nueva ley orgánica que suprime la doctrina de seguridad nacional y la obediencia debida, todo con el apoyo de los mandos de las fuerzas. No puede un diferendo sobre la seguridad social de las fuerzas confundir sobre el posicionamiento de Manini en temas centrales, como la democracia, la supremacía del poder civil y el deber de constitucionalidad, porque es un error de apreciación, un prejuicio, que no hay que cometer, y que por suerte el presidente tiene muy claro, y así lo afirma cuando expresa que no tiene ninguna duda sobre la lealtad institucional y personal del comandante en jefe y le ratifica su confianza, a pesar de la sanción. La izquierda no debe olvidar los debates centrales que se están suscitando en la región y la posición que manifiesta la derecha tanto acá como en otros países -guiados desde Estados Unidos- de que las Fuerzas Armadas deben ser incorporadas a la seguridad interior, y en el que Manini Ríos tiene una posición contraria, en sintonía con la izquierda, de que la función de las fuerzas es la defensa de la soberanía ante la eventual amenaza de una potencia extranjera y no la seguridad interior ni el combate contra un enemigo interno.