El FA y la seguridad social

En estos momentos hay una comisión que está analizando el tema más importante de este período de gobierno y que determinará el futuro de los uruguayos que actualmente trabajan, especialmente en el modo en que vivirán durante su vejez. El análisis de la reforma de la seguridad social está siendo ignorado e incluso puesto en un segundo plano, en el que, por momentos, de lo único que se habla es de la pandemia o de la Ley de Urgente Consideración.

Además, el FA considera que, si solo se observan las cuentas, se deja afuera un montón de situaciones que no entrarían dentro de los límites del régimen, erosionando así los derechos humanos y convirtiendo al régimen en un sistema injusto.

“Como reflexión general, entendemos que los borradores se centran principalmente en la dimensión de la sostenibilidad financiera del sistema, que, si bien es importante, no puede  valorarse en forma aislada. Una mirada más comprensiva implicaría incorporar el concepto de sostenibilidad social al análisis del sistema: cuánta gente es incluida y protegida y cómo es protegida, y en qué medida el sistema de seguridad social responde a las expectativas de la población y, por lo tanto, goza de un respaldo de la sociedad que le garantice su continuidad futura, con independencia de los cambios políticos”, afirmó la Comisión del FA que está dedicada a analizar la reestructura de la seguridad social en un documento al que accedió Caras y Caretas.

La izquierda consideró que el gobierno solo ha pretendido instalar un supuesto “despilfarro anterior”, en referencia a los gobiernos del Frente Amplio (2005-2020).

“Se destaca reiteradamente la invocada generosidad de las prestaciones como una de las causantes principales de la falta de sostenibilidad financiera […] plantea que el régimen administrado por el BPS era un régimen equilibrado, Ley Nº 16.713 mediante, y que su desequilibrio, en gran medida, deriva de la gestión que se realizó de él en los últimos 15 años”, agregó.

La izquierda aseguró que un régimen equilibrado comprende a cuántas personas se protegen, suficiencia y a la sostenibilidad financiera. Señaló que el sistema cumple un rol “relevante” en la distribución del ingreso y las oportunidades de las personas.

“En este sentido, el mismo debe brindar un correcto aseguramiento de todos los trabajadores, más allá de su capacidad contributiva individual, centrar los desafíos de la reforma que se pretende llevar adelante, priorizando de forma desbalanceada la dimensión de sostenibilidad financiera (como lo hemos dicho, pensando solo en que cierren las cuentas), podría redundar en una reforma que excluyera colectivos importantes de trabajadores, o que, sin excluirlos, los atendiera por una vía que no contemple el necesario carácter redistributivo que debe tener, a nuestro juicio, la seguridad social”, advirtió.

Consideró que se están obviando otros aspectos, como la necesidad de modificar la Caja Militar, cuestionar las ganancias “excesivas” de las AFAP privadas y se omite el hecho de que la mayor carga de trabajo no remunerado sigue estando sobre las mujeres.

La comisión del Frente Amplio está integrada por José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo.

Omisión del trabajo no remunerado de las mujeres

El FA no comparte el enfoque y tratamiento que se realiza del tema pensiones de sobrevivencia en los borradores de la comisión. “Al tratarse de pensiones contributivas, su finalidad principal no es solo atender la eventual pobreza, sino que es la sustitución de ingresos en el hogar. A pesar de que las encuestas sobre el uso del tiempo de 2007 y 2013 (INE) indican una tendencia a la mejora, demuestran que la carga de trabajo no remunerado sigue estando sobre las mujeres, lo que significa que se siguen haciendo los acuerdos tácitos de división sexual del trabajo, y que estas cargan con la mayor parte del trabajo no remunerado”, explicó.

Consideró que el borrador no discrimina entre las pensiones de sobrevivencia de afiliados activos y pasivos, por lo que tampoco identifica el papel de sustitución de ingresos que tienen las pensiones, en los casos donde la mujer que es cónyuge supérstite, aunque tenga ingresos propios, se convierte en la jefa de hogar responsable.

“En los borradores se compara el gasto agregado por pensiones en nuestro país con respecto a países más desarrollados del mundo, sin considerar las otras políticas de dichos países, complementarias a las pensiones, que influyen positivamente en la protección social y oportunidades de estas personas”, agregó.

Señaló que más allá que el borrador aclara en nota al pie que “siguiendo la sugerencia de la Real Academia Española (RAE), se ha optado en este texto por no sobrecargarlo con, o/a, sin que el uso del masculino gramatical tenga intención discriminatoria alguna, en este punto entendemos que sería necesario enfatizar que debemos hablar de corresponsabilidad y no en términos directos o indirectos haciendo referencia a cargas familiares”.

“El tema de las pensiones está, a nuestro juicio, irremisiblemente unido a la permanencia de arreglos que perpetúan la división sexual del trabajo, la mayor carga de las mujeres en el trabajo total, y las claras desventajas que esto acarrea para obtener ingresos propios”, reflexionó la comisión.

Jubilaciones por incapacidad total

La Ley Nº 18.395, elaborada por el FA, modificó los requisitos de configuración de la causal incapacidad total cuando esta se produce después del cese de la actividad o el subsidio de inactividad compensada, eliminando el requisito de que la incapacidad sobrevenga dentro de los dos años de dicho cese.

“La incapacidad total no siempre sobreviene súbitamente; en muchos casos es el producto de una enfermedad crónica degenerativa que no causa una incapacidad laboral del 66% desde el inicio, sino luego de un largo proceso, usualmente de varios años, en el que el trabajador va perdiendo aptitudes físicas o psíquicas y tiene dificultades de inserción laboral.  Cuando se constata la incapacidad total, muchas veces han pasado más de dos años.  Para los casos de quienes no tienen otra prestación de la seguridad social, y tienen más de diez años reconocidos, desde la Ley Nº 18.395 es posible ampararse a la causal jubilatoria por incapacidad total”, explicó el FA.

Antes de esta modificación legal, esas situaciones quedaban fuera de la cobertura de la seguridad social.

“En los borradores surge una posición crítica sobre esa reforma -exclusivamente basada en sus costos-, que no compartimos.  […] si bien es cierto que luego de producidos estos cambios, particularmente el de 2013 referido al Baremo, el porcentaje de altas por incapacidad respecto a las altas totales aumentó, el porcentaje promedio del período 2017-2019 fue significativamente más bajo, que el del período de mayor participación (2014-2016) y hacia 2019 se ubicaba ya en los niveles previos al Decreto 306/013”, agregó.

FA señala que borrador omite que AFAP privadas han cobrado “comisiones excesivas”

En los borradores se omite que las AFAP privadas durante mucho tiempo y aún ahora han cobrado “comisiones excesivas”, lo que implicó “la obtención de ganancias extraordinariamente altas en la comparación internacional y nacional”, afirmó el FA.

“La regulación legal realizada durante nuestro gobierno redujo en forma importante dichas comisiones y ganancias”, agregó.

“Las empresas privadas tendieron a cobrar comisiones excesivas en un mercado en el que los consumidores no conocen las señales de los precios. Por tanto, pese a que existió una Administradora (República AFAP) con precios significativamente más bajos, las empresas privadas se aprovecharon de la baja movilidad de los afiliados para obtener ingresos extraordinariamente altos”, aseguró.

En el borrador se acusa de que el gobierno del FA mantenía la “posición dominante” de República AFAP al “asignar de oficio a la AFAP de menor comisión a las personas que, estando obligadas a afiliarse, no hacen una elección”. El FA niega esta acusación, señalando que, si se hubiera querido fortalecer a República AFAP, no habría previsto la asignación de afiliaciones de oficio a las dos administradoras más baratas, sino solo a la más barata, máxime cuando existe evidencia que lo que importa más en los primeros años de afiliación al régimen es el nivel de comisión.