Las proyecciones fiscales para 2024 reflejan un resultado observado de 3,3% del PIB. Sin embargo, se estima un déficit de 4,1% para el año en curso. A pesar de que inicialmente se proyectaba un déficit de 3,8% para 2024, las cifras ajustadas reflejan la delicada situación económica que enfrenta el gobierno, que ahora ajusta sus proyecciones a un 3,6% para el mismo año.
Otro aspecto relevante es la gestión del presupuesto heredado, que marca un contraste con la transición de 2019. En esta ocasión, el gobierno tiene que lidiar con la deuda flotante acumulada durante los años de la administración anterior, lo que ha generado un entorno financiero complicado. Durante este período, las líneas de crédito de contingencia aprobadas por 2.200 millones de dólares y el adelanto de ingresos previstos para 2025 han complicado aún más la situación fiscal.
Ante esta realidad, el nuevo gobierno se encuentra en la necesidad imperiosa de establecer un marco legal que permite la emisión de deuda con el fin de gestionar los pagos pendientes y asegurar la sostenibilidad fiscal en el futuro. La falta de información y claridad en los traspasos de gestión complicaron aún más este proceso de transición y han puesto a prueba la capacidad del actual gobierno para implementar cambios significativos en un contexto adverso.
La aprobación de la Rendición de Cuentas, en este sentido, no solo es un triunfo para el Frente Amplio, sino que también es una señal de esperanza para los ciudadanos uruguayos, que esperan un manejo más responsable y eficiente de los recursos públicos en un país que busca avanzar hacia un futuro de crecimiento sostenible y estabilidad económica.
