El gobierno acelera porque se le viene el referéndum encima

Al mismo tiempo que la coalición lograba destrabar los escasos puntos de desacuerdo sobre la Rendición de Cuentas, la última encuesta de Equipos Consultores, consultora dirigida por Ignacio Zuasnábar, que no se caracteriza por medir con hostilidad al gobierno herrerista, reveló una caída de 8 puntos en la aprobación del presidente de la República entre junio y julio, que se suma a la caída de 5 puntos que ya había registrado entre mayo y junio, para ubicar a Lacalle Pou con una aprobación menor a la mitad de la población y, en particular, menor a los votos que obtuviera en el balotaje por primera vez desde el comienzo de su mandato.

Las explicaciones que ofrece la consultora para este verdadero desplome de más de un 20% de los que aprobaban al presidente hace solo dos meses -cae 13 puntos de los 60 que tenía en mayo en sus mediciones- es la salida, aparentemente definitiva, de la pandemia, que le habría permitido por mucho tiempo mantener niveles altos de adhesión, por una causa menos relacionada a la gestión gubernamental de la crisis y más ligada a la forma que tienen las sociedades de lidiar psicológicamente con las catástrofes o las guerras y, en otro orden, la seguidilla de tarifazos de combustibles y la amenaza de eliminar los subsidios al supergás.

En realidad el dato del aumento de la desaprobación y de la caída de la aprobación (ambas cosas no van necesariamente de la mano) no puede sorprender a nadie. En todo caso, lo asombroso es que algunas encuestadoras comiencen a registrar ahora lo que era presumible hace tiempo, pero que lo transformó en notorio e inocultable el brutal batacazo de las 800.000 firmas reunidas heroicamente en seis meses atravesados por una masacre de casi 5.000 personas, la mitad de las cuales podrían estar vivas hoy si se hubiesen tomado las medidas recomendadas por la comunidad científica y médica.

Pero analicemos el siguiente combo y proyectemos a futuro: pandemia en segundo plano, aumento sistemático de tarifas, especialmente combustibles, aumento de los precios, caída constante del salario real, Rendición de Cuentas con más ajuste, caída significativa de la aprobación del presidente y, en pocos meses, referéndum seguro de la parte central de la Ley de Urgente Consideración.

Este combo es crucial porque son los elementos de la realidad que tienen en la mesa tanto el gobierno como la oposición. No son opiniones, son datos duros. El gobierno parece decidido a aprovechar el tiempo que le queda hasta el referéndum, que, en caso de derrota, puede ser el tiempo que le quede a la coalición para dos cosas: avanzar aceleradamente en su programa de restauración neoliberal y salir a jugarse la ropa en la defensa de la LUC. ¿Y la oposición? Una lógica especular sugiere que la oposición tendría que hacer prácticamente lo mismo: batirse en defensa de la derogación de los artículos impugnados de la LUC, como primera consigna, y resistir de forma movilizada y pacífica, tanto en la calle como en el Parlamento, la implementación de reformas que se dan de bruces con los fundamentos de un Estado social o de bienestar o batllista.

El movimiento sindical parece tener claro que esa es la tarea de la hora. El Frente Amplio, por lo menos en su dinámica de partido, se muestra poco orientado y más lento, como demasiado entretenido en aspectos orgánicos muy importantes pero menos definitorios que el referéndum o que la resistencia.

En este momento, la intención del presidente y su espacio político, el herrerismo, y su base social íntima, que es el gran empresariado rural, es avanzar en el desmantelamiento de Ancap en los próximos seis meses. Solo así se explica el último aumento de combustibles, por encima de lo recomendado por Ursea, y justificado en un factor X de sobrecostos. Quieren desprestigiar la imagen de la empresa y forzar a la sociedad a elegir entre aumentos desorbitantes o la caída del monopolio y, con ello, la mismísima existencia de la refinadora del Estado.

En esa estrategia se inscriben el proyecto de ley que está armando el senador Sebastián da Silva, los pronunciamientos de Un Solo Uruguay y sus anuncios de movilizaciones, no contra el gobierno, sino contra Ancap, los discursos de centenares de cuentas contra el monopolio de combustibles en redes sociales, muchas de ellas de usuarios anónimos y, probablemente, truchos y las medidas de provocación tomadas por el directorio de Ancap en contra del sindicato de trabajadores del ente, que incluye hacer caer el convenio colectivo que rige hace 20 años.

Los tiempos del gobierno se acortan. Van por por todo, pero saben que el referéndum es una muralla casi infranqueable. En estos meses se definen muchas cosas. La izquierda no debe soslayar la trascendencia de lo que viene.