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El «inolvidable» gobierno del Partido Nacional

Entre 1990 y 1995, fue presidente de Uruguay el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera y su gobierno (desde el cual el Partido Nacional no ha vuelto a triunfar) fue, por muchos motivos, inolvidable. He aquí algunos de esos motivos.

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1. Talante oligárquico, filodictatorial y neoliberal.

Las principales consignas del gobierno de Lacalle fueron la aplicación de un severo ajuste fiscal permanente (que intentó incluir la privatización de las Empresas Públicas, derrotada en plebiscito por 72% de votos a 23%); la reducción de los derechos de los trabajadores mediante la eliminación de los Consejos de Salarios y la búsqueda de la eliminación del derecho de huelga; la inclusión en el elenco gobernante de figuras vinculadas a la dictadura (como el general Mario Oscar Aguerrondo (h) al frente de la inteligencia militar) y al neoliberalismo puro como el Dr. Ramón Díaz en la presidencia del Banco Central, mientras el ministerio de Economía era ocupado por representantes de la oligarquía financiera como Enrique Braga (luego procesado por abuso de funciones) y luego Ignacio de Posadas Montero. Del antiestatismo frenético se salva la forestación, único sector protegido, que se convirtió en el negocio familiar de los Lacalle Pou Heber.

Durante su gobierno, la industria manufacturera pasó de representar 25% del PIB a 16%, y se perdieron 90.000 puestos de trabajo, fundamentalmente por la eliminación de aranceles y el atraso cambiario. Las industrias más afectadas fueron las textiles y el calzado, grandes consumidores de mano de obra, y empresas emblemáticas como Onda y Funsa cerraron sus puertas. Disolvió los Consejos de Salarios e intentó reglamentar el derecho de huelga.

2. Persecución de los blancos auténticamente wilsonistas. La familia Lacalle-Pou se caracteriza por su ferviente odio oligárquico a la figura de Wilson Ferreira Aldunate, que nunca han ocultado y que incluso han mencionado públicamente. No bien comenzó su gestión, el Dr. Alberto Zumarán, senador electo, uno de los tres precandidatos que habían disputado la interna con Lacalle y con Carlos Julio Pereyra, denunció públicamente que el gobierno del Cuqui estaba repleto de exfuncionarios provenientes de la dictadura y de neoliberales puros y duros, y señaló concretamente a 14 figuras que ocuparon importantes cargos. La respuesta fue la persecución implacable al senador Alberto Zumarán y sus seguidores. Hubo gente como Jorge Larrañaga y Jorge Gandini (primer titular del Instituto Nacional de Juventud, INJU) y de 1992 a 1995, director de la Dirección Nacional de Correos del Uruguay) que hicieron absoluto silencio o bien colaboraron con esa persecución del wilsonismo zumaranista. La persecución se vio también en la eliminación de todo homenaje partidario a Wilson Ferreira Aldunate, que alcanzó hasta las ediciones de los libros sobre Wilson publicadas por el Poder Legislativo, que menguaron misteriosamente y pronto desaparecieron del mapa.

3. Inseguridad y falta de control sobre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno de Lacalle, a pesar del nombramiento de militares «duros» en cargos principales, hubo una inédita huelga policial en 1992 que terminó con la tremenda humillación de que el presidente de la República y sus ministros (entre ellos el del Interior) debieron bajar los siete pisos del Edificio Libertad a oscuras. Más grave aún, hubo diez atentados con bomba, detonación de granadas y ametrallamientos, reivindicados por dos grupos paramilitares (la Guardia de Artigas y el Comando Lavalleja), una virtual insubordinación y acuartelamientos en distintos puntos del país, que dieron cuenta a lo largo de ese año y el comienzo de 1993 de las profundas divisiones existentes en el Ejército y en la Armada Nacional. Lacalle cometió torpezas increíbles, como el ascenso a general del coronel Manuel Fernández, destinado a la Casa Militar, que supuso pasar por encima de 44 coroneles; y la designación de su amigo James Coates, esposo de su secretaria, Martha de Fuentes, en la comandancia de la Armada, nueve horas después de ascenderlo a vicealmirante, lo que implicó pasar por encima de 46 capitanes de navío, y condenó al militar al ridículo. La completó designando al general Yelton Bagnasco en la División de Ejército 1; al general Mario Aguerrondo (h) (el mismo que entró a sablazos en el cementerio en el entierro de Zelmar Michelini) al frente de la inteligencia militar, y la designación del general Juan Modesto Rebollo como comandante del Ejército, que obligó al general “de la derecha”, Juan Zerpa, a pasar a retiro.

La política militar de Lacalle profundizó las fracciones en la interna militar, sin alterar la rutina del Departamento III de la Dirección General de Información del Estado, que se encargaba de la organización del espionaje extendido a toda la sociedad. Hubo micrófonos en los despachos del ministro de Defensa, Mariano Brito, del comandante de la Armada y del general Amado. La contrainteligencia se centraba por esos días en el espionaje al Partido Comunista, al MLN, al Pit-Cnt y particularmente a los sindicatos de las empresas estatales, además de vigilar a las esposas de funcionarios policiales que preparaban la huelga policial de noviembre de 1992.

Desde 1990 actuaban «superbandas» que atracaban bancos, grandes superficies comerciales, etc. Después se descubrió que en ellas había policías, por lo que se las conoció también como «polibandas».

4. Las inolvidables ventas de bancos y los hermanos Rohm.

En julio de 1990, el Banco Comercial es vendido con notorias facilidades a los hermanos José y Carlos Rohm, conocidos vaciadores de empresas. En agosto de 1991, el director del Banco Central en representación del Partido Colorado, Cr. Ricardo Lombardo, dijo: «El Estado vendió el Banco Comercial, pero en lugar de recibir dinero tuvo que pagar dos millones de dólares».


5.
Miseria y cierre de empresas. En octubre de 1990 un informe de Cepal reveló que el número de hogares uruguayos en situación de pobreza se incrementó en un  50%. En 1991 se remató la histórica empresa Onda, y el gremio de UTE descubrió una estafa en el ente por US$ 1.500.000. También colapsó la empresa Funsa. En febrero de 1992, el nuevo ministro de Economía, Ignacio de Posadas, en cadena de radio y televisión le pide al pueblo uruguayo «un pálido sacrificio para no caer en el abismo…» al anunciar 14 nuevas medidas tributarias que afectaban a la población más vulnerable.

En marzo de 1992 se denuncia caos en los hospitales del MSP, y falta de medicamentos.

6. El reino de la ilegalidad. En enero de 1993 se produce el crimen de Eugenio Berríos (químico chileno que habría inventado el gas sarín). Están involucrados en el secuestro y asesinato militares en actividad del ejército uruguayo. En agosto del mismo año se produce inexplicablemente el incendio de la sede central de UTE. La Dirección de Bomberos dice que fue intencional. Se presume que fue para eliminar las pruebas de una millonaria estafa contra el ente. Mueren en el incendio 5 funcionarias del personal de limpieza. En febrero de 1994, Lacalle pide venia para dos militares acusados por delitos graves durante la dictadura. Ellos eran: Tomás Casella (detenido en Chile implicado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos) y Sergio Caubarrere, vinculado al asesinato del médico Vladimir Roslik.

En 1994, se produce la adjudicación de canales de TV Cable a ciudadanos vinculados directamente al Partido Nacional. También se adjudican Radios AM y FM a amigos de Lacalle y Sanguinetti.

En abril de 1994 se produce la venta del Banco Pan de Azúcar al aventurero internacional Stephane Benhamou. Circula públicamente la versión de que Julia Pou de Lacalle habría recibido el 3,33% de las acciones por la intermediación.

7. Un gobierno de procesados con prisión.

Benito Stern -Exministro de Turismo, exintendente de Maldonado, director de Antel, procesado por abuso de funciones- pagó la fianza con su casa de Punta del Este, valor US$ 150.000.

Stephane Benhamou -Estafa y vaciamiento del Banco Pan de Azúcar, fugado del país.
Cr. Enrique Braga -Ministro de Economía que firmó los papeles en las irregularidades del Pan de Azúcar. Procesado por abuso innominado de funciones.

Dr. Daniel Cambón -Exsecretario de Lacalle, procesado con prisión por estafa.
Dr. Iván Coronel -Exdirector de AFE, procesado y preso por fraude.
Dr. Pablo García Pintos -Exsecretario de Lacalle, procesado y señalado por recibir miles de dólares por parte de un empresario contratante con el Estado. 

Julio Grenno -Expresidente del BSE, socio de Cambón, procesado por abuso de funciones.

Carlos Mazzulo -Exintendente y diputado de Flores, denunciado por robo y estafa por uso de dinero público con fines personales.

Alberto Casas -Exdirector de OSE, diputado, entre julio de 2003 y marzo de 2005 consumió casi 38.000 litros de combustible, es decir, unos 1.795 litros por mes, según los registros de OSE, pero tenía fueros y no se lo pudo juzgar.
José Luis Ovalle -Exministro de Transporte, tráfico de influencias. Pidió US$ 2 millones para interferir en la licitación de la Terminal de Contenedores.
Carlos y José Rohm -Estafa del Banco Comercial, fugados y luego procesados en el extranjero.

Escribano Jorge Sacchi -BHU, procesado por fraude, robo y viáticos irregulares.
Agustín de Urtubey -Exvicepresidente del Banco Central, participó en la venta del Banco Pan de Azúcar y del Banco Comercial, cuando comenzaron las denuncias se fue a Miami.

8. Política internacional. En lo internacional, Lacalle trabó fuertes vínculos con George Herbert Walker Bush, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el de Argentina, Carlos Menem, y el de Brasil, Fernando Collor de Mello, todos de fuerte impronta neoliberal. Los cuatro latinoamericanos fueron procesados en distintos momentos por la Justicia de sus respectivos países. Tuvo a su favor la defensa del Mercosur, como entidad puramente comercial, y el impulso a la hidrovía.

9. Berríos, los bancos, el Filtro. El fin de su gestión estuvo marcado por dos episodios definidores: el caso Berríos y el del Hospital Filtro. El científico chileno Eugenio Berríos, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet y presunto inventor del gas sarín, exagente de la DINA, fue enviado y mantenido en Uruguay por un operativo conjunto de los servicios de inteligencia chileno y uruguayo, para evitar que fuera citado por su vinculación con el asesinato de Orlando Letelier. En marzo de 1993, Pinochet visitó Uruguay. Berríos había sido asesinado en febrero de ese año tras una supuesta fuga y el episodio motivó un escándalo político que determinó incluso el retorno del presidente Lacalle de su viaje oficial a Inglaterra. Fue destituido el jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, el jefe de Inteligencia del Ejército, general Mario Aguerrondo (h), y se interpeló a los ministros de Defensa, Mariano Brito, del Interior, Juan Andrés Ramírez, y de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu. De alguna manera, todos habían ocultado que en nuestro país se encontraba refugiado un criminal prófugo de la Justicia chilena. En febrero de 1994 Lacalle solicitó venia parlamentaria para ascender a dos militares responsables de crímenes en la dictadura: Tomás Casella, hoy detenido en Chile por el secuestro y asesinato de Berríos, y Sergio Caubarrere, vinculado al asesinato de Vladimir Roslik. Pero mucho más grave fue el episodio del Hospital Filtro. En plena campaña electoral, el gobierno quiso extraditar a tres supuestos guerrilleros de la ETA. La izquierda convocó a manifestar a favor de los detenidos, y el ministro del Interior, Ángel María Gianola (seguramente buscando un episodio polarizador que favoreciese electoralmente al herrerismo), ordenó un choque frontal con la Policía el 24 de agosto de 1994, en el curso de la cual se produjo un muerto -Fernando Morroni- y varios heridos. Sin perjuicio de este lamentable resultado, el final pudo ser una masacre de proporciones.

Tras el fin de su gestión se produjeron acusaciones sobre irregularidades en las privatizaciones del Banco Pan de Azúcar y del Comercial, llevadas adelante por gente allegada a Lacalle: su exsecretaria personal, Martha de Fuentes, por entonces casada con el excomandante en jefe de la Armada, James Coates; el diputado Jorge Machiñena, y posteriormente el nominado “delfín” del presidente, el doctor Juan Andrés Ramírez.

En 1996 dos legisladores del Frente Amplio, Carlos Pita y Leonardo Nicolini, denunciaron actos de corrupción referidos a la compra de equipos médicos en España por un valor cercano a los 100 millones de dólares, financiada con dinero proveniente de Fomento de Comercio Exterior SA (Focoex).

10. Las acusaciones de enriquecimiento. Quien más severamente enjuició al expresidente Luis Alberto Lacalle fue su “delfín”, el doctor Juan Andrés Ramírez, quien, no bien finalizada su gestión, emitió acusaciones en tal sentido. A partir de 1995, se retiró del herrerismo, luego del surgimiento de graves acusaciones de corrupción contra algunos de sus dirigentes, entre ellos el propio Lacalle. Acompañado, entre otros, por Álvaro Carbone y Álvaro Alonso, fundó entonces el sector Desafío Nacional, por el cual fue precandidato a la presidencia en las elecciones internas de abril de 1999, acompañado por Jorge Larrañaga, Carlos Julio Pereyra y su primo Gonzalo Aguirre Ramírez. Las acusaciones recrudecieron al acercarse las elecciones de 1999, y en ese sentido citamos un artículo publicado en  La República el 17 de abril de 1999, titulado “Ramírez: ‘El patrimonio de Lacalle creció un millón de dólares en un año’”. A ocho días de las elecciones internas, el precandidato blanco Juan Andrés Ramírez realizó nuevas acusaciones contra el expresidente Luis Alberto Lacalle, señalando: “Tengo reservas fundadas, serias” sobre su manejo patrimonial. El líder de Desafío Nacional acusó al líder herrerista de ocultar información sobre su estado patrimonial, el cual afirmó que “creció un millón de dólares en un año y medio”. Ramírez afirmó que esperó desde 1995 a la fecha “una actitud franca, transparente, sincera” de Lacalle. “No caben dudas de que la corrupción arrojó sombras sobre su aumento patrimonial, las causas, los orígenes. Creo que todos los uruguayos esperamos una rendición de cuentas […] y no la tuvimos; lo que tuvimos fueron evasivas, respuestas equívocas, ambiguas, ocultamientos de aumentos patrimoniales”. Opinó que una oportunidad para demostrar su estado patrimonial fue cuando llevó adelante un juicio contra el periodista Carlos Peláez, de La República; “sin embargo desistió de su propia apelación cuando el juez ordenó levantar el secreto sobre sus cuentas bancarias”.

Durante una entrevista en Agenda confidencial, el líder de Desafío Nacional aseguró que “hubo ocultamientos importantes” sobre el patrimonio de Lacalle. “El Dr. Lacalle dice claramente que lo único que adquirió son 344 hectáreas y la casa en la que actualmente vive, en 525.000 dólares. Los datos que nosotros tenemos son otros: hay un apartamento en avenida Italia, en Carrasco, que nunca fue declarado. Podrá estar declarado en los registros de impositiva, pero ante la opinión pública, no. Es un apartamento que costó 100.000 dólares [y] consta en los certificados de registros que sigue estando en el patrimonio del Dr. Lacalle y fue adquirido en diciembre de 1993”. En cuanto a la actual casa de Lacalle, ubicada también en Carrasco, recordó que tuvo una reforma que costó 75.000 dólares. Ramírez se refirió a las propiedades rurales del expresidente. “En ese patrimonio familiar ha tenido un incremento importante por una partición con su hermana, por la que pasó de tener a medias 1.044 hectáreas, a tener en propiedad exclusiva 1.005. Eso implica un incremento importante”. “Uno va sumando las cifras y eso da un incremento patrimonial aproximadamente de un millón de dólares en un año y medio. Podrá haber ventas de otros bienes, pero que los aclare. Creo que no hay explicación razonable”. Al respecto, indicó que Lacalle explicó su incremento basado en su capacidad de ahorro durante su gobierno, “porque, según dijo el presidente, gasta sólo en farmacia y vestimenta, y tiene la posibilidad de ahorrar todo su sueldo, 10.000 dólares por mes”. “No es así. No es correcto porque el presidente tiene cargas familiares importantes y, además, tiene otro tipo de gastos que no se los debería pagar el Estado. Parecería que el presidente tiene un salario absolutamente neto, con capacidad de ahorro neto, y además tiene una jubilación sin tope, privilegiada. Son excesos que no corresponden a un Estado republicano”.

Cabe recordar, además, que en febrero de 1995, un mes antes de que Lacalle entregara el mando a Julio María Sanguinetti, el servicio de prensa de Presidencia dio cuenta del dinero donado por el expresidente extraído de su propio sueldo, que alcanzaba a la mitad de los haberes. Lacalle, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, prometió que donaría todo su sueldo. La sucesión del doctor Pou.  Otro punto que Ramírez cuestionó fue la explicación del crecimiento patrimonial de Lacalle a través del “fallecimiento de su suegro, el Dr. Pou”. Indicó que el padre de Julia Pou murió en 1995, “un año después de las adquisiciones patrimoniales, por lo tanto no está ligada una cosa con la otra, y tampoco el patrimonio del Dr. Pou da satisfacción a la falta de posibilidad para justificar ese incremento patrimonial”. Ramírez habla con precisión sobre el punto, ya que él realizó la sucesión del suegro de Lacalle. 

“Para Lacalle que lo mira por TV”. A la salida de la entrevista televisiva, Ramírez era aguardado por un grupo de jóvenes simpatizantes de las Listas 903 y 904, quienes combatieron la fría noche montevideana con cánticos como: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente es Juan Andrés”; “Y ya lo ve, y ya lo ve, es pa’Lacalle que lo mira por TV”; “Un minuto de silencio para el Cuqui  que está muerto”. El apartamento que Lacalle no declaró.  La República  accedió a documentación en el Registro General de Transacciones de Dominio que prueba una de las afirmaciones realizadas por Juan Andrés Ramírez sobre el patrimonio personal del expresidente Luis Alberto Lacalle. Ramírez afirmó en el programa Agenda confidencial que Lacalle “no mencionó todas sus propiedades y dio datos parciales sobre su situación patrimonial”. Uno de los “olvidos” de Lacalle mencionados por Ramírez es “un apartamento situado en avenida Italia que vale 100.000 dólares”. El apartamento en realidad fue comprado por María Julia Pou Brito del Pino en US$ 120.000 (ciento veinte mil dólares) a Felipe de Haedo el 2 de setiembre de 1993. Cabe recordar que, como se ha señalado en otras oportunidades, Lacalle no tiene separación de bienes con su esposa, Julia Pou. La operación de compraventa se completó con la certificación de las firmas por parte del escribano Jesús F. Marticorena.

Tras ser derrotado por Lacalle en 1999, Ramírez permaneció desde entonces retirado de los primeros planos de la actividad política, si bien le brindó su respaldo a la precandidatura de Jorge Larrañaga en las internas de 2004. El 22 de abril de 2008 presentó su nuevo movimiento político, Idea Nacional (separado de Álvaro Alonso). En julio de 2008, Idea Nacional se unió con el grupo del diputado Javier García para crear la lista 40, que apoyó la candidatura de Jorge Larrañaga a la presidencia en las elecciones internas de 2009. Siguiendo a Ramírez, se unieron a este nuevo grupo el exdiputado Sebastián da Silva, Rodrigo Goñi, Nicolás Orrico, Walter Sobrero, Marcus de Alburquerque, Adriana Costa y Cristina Reyes, esposa del fallecido Álvaro Carbone, entre otros. Al perder las elecciones internas del Partido Nacional frente a la candidatura de Luis Alberto Lacalle, el Dr. Ramírez dejó de participar, al igual que muchos de sus adherentes. Casi todos los mencionados, por una vía u otra, terminarán votando en las próximas elecciones a Pompita, Luis Lacalle Pou. Así es la vida.  


Una impronta inolvidable


La serie de escándalos que marcaron el último tramo del gobierno de Lacalle Herrera dejó huellas profundas en la sociedad uruguaya. Un caso único, terrible, en la historia del país. Nunca hubo en la historia del Uruguay democrático una sucesión de escándalos que involucraran al presidente de la República, a sus principales ministros y allegados, como el que ocurrió hacia el final del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Esos escándalos tuvieron consecuencias durante varios años más, y algunos culminaron con sonados procesamientos judiciales y con severas condenas. Él llamó a ese torbellino “la embestida baguala” para asociarla con la persecución política que sufrió su abuelo, el caudillo Luis Alberto de Herrera, pero la comparación no es válida.

Sobre Herrera, en la muy conocida necrológica de quien fuera su adversario implacable, el doctor Carlos Quijano, se lee: “No tenemos necesidad de calumniarlo para ser sus adversarios. […] Nos sentimos mejor, en cambio, si reconocemos y decimos que amó a su tierra entrañablemente, que tuvo un orgulloso y quisquilloso sentido nacional y que fue de una probidad ejemplar y sin tacha. Al servicio de su devoradora pasión por la causa pública puso toda su vida y sacrificó, con señorío, espontaneidad, elegancia, simplicidad, eso que llaman intereses”. Nada de esto recoge la posteridad sobre su nieto, el expresidente Luis Alberto Lacalle: ni sentido nacional, ya que se sometió gratamente a la sumisión a los Bush y Thatcher de este mundo, ni sobre su probidad, que fue enjuiciada por una generación entera y que lo hace hoy, mucho más que a otros, posiblemente en forma exagerada, símbolo de la corrupción en la clase política. Por eso reiteramos la “alerta roja” sobre la posibilidad de un gobierno que esté inspirado por él, y recordamos que el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), fiel a sus convicciones ideológicas -mencionemos solamente la vocación autoritaria y oligárquica, la concepción económica neoliberal y antiestatista, el agrarismo, la desindustrialización, la ausencia total de interés por las clases medias y bajas, trabajadores y jubilados, y la propensión a la apertura indiscriminada al capital extranjero-, trabajó con todas sus fuerzas por un país que fuera una plaza de servicios, preferentemente financieros de carácter colonial; con neto predominio de la actividad agropecuaria (sector al que pertenecía); desmantelamiento del aparato industrial y, hasta donde pudo, de la actividad sindical (a la que quiso reglamentar), la destrucción de los mecanismos de protección social a los trabajadores -como los Consejos de Salarios- y la eliminación de toda forma de subsidio a los sectores más vulnerables, a las empresas y bancos públicos, a los que quiso privatizar en un fallido intento que fue frenado en plebiscitos por el pueblo uruguayo.

Como si no fuera suficiente, para no pasar inadvertido este tejido tan coherente, se superpuso a una constelación de acusaciones de corrupción que lo marcaron para siempre.

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