Por José López Mercao
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El 13 de febrero, la empresa anunció el cierre definitivo del molino. El 28 del mismo mes, el síndico Gabriel Ferreira, designado por la Justicia para arbitrar en el concurso de acreedores al que Molino Dolores se había acogido en setiembre de 2016, anunció que la planta reabriría el 6 de marzo, reincorporando a la actividad a 120 de los 250 trabajadores que se encontraban en seguro de paro. Todo este hamacado proceso se produjo sobre las cenizas tibias del cierre definitivo de Fanapel en Juan Lacaze y se transformó en una nueva cuenta en el rosario de cierre de empresas que se vienen procesando desde hace más de un año, particularmente en el interior del país.
Los cambios en la molinería
La producción de harina en Uruguay está dominada por el oligopolio que forman tres molinos: Cañuelas, San José y Dolores. Entre los tres procesan entre 1.600 y 1.700 toneladas de trigo diariamente, lo que en el lapso de un mes alcanza para cubrir sobradamente la demanda del mercado nacional. Si se tiene en cuenta que los saldos exportables están operando a la baja, concluimos que se trata de una industria sobredimensionada.
Una investigación realizada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en 20031 da cuenta, para entonces, de la existencia de 18 molinos, con una capacidad de acopio (para 2001) de 237.000 toneladas propias, con un complemento de 75.200 toneladas de almacenaje externo. Su capacidad de recibo era de 15.900 toneladas diarias y su capacidad de secado de 1.020 toneladas diarias (en los molinos de mayor escala). La capacidad de molienda de la industria se ubicaba entonces en 638.000 toneladas, con una molienda efectiva en 2001 equivalente a 57% de su capacidad. Dentro de ese panorama, un grupo de siete molinos reunía 76% de la molienda y tres de ellos representaban el 54%.
Desde ese entonces han desaparecido molinos emblemáticos: el Molino Young, el Molino Durazno2 y el Molino Caorsi, en Tacuarembó, del que sólo sobrevivió la fábrica de fideos, autogestionada por sus trabajadores. Los que están en pie hasta el día de hoy, aparte de los tres mayores, son el Florida, el Carmelo, el de Nueva Palmira y el Santa Rosa, que es un modelo de empresa autogestionada por sus operarios. En la franja de los molinos pequeños también se encuentra el Pan de Azúcar, que produce de manera intermitente con sólo 15 operarios y que se está apoyando a los trabajadores del Molino Santa Rosa en proceso de adopción del modelo autogestionario.
Del oligopolio al monopolio
Fundado en 1889 como Molino San Salvador, estratégicamente ubicado en las cercanías del puerto doloreño, donde el río San Salvador desemboca en el Uruguay, Molino Dolores es el que tiene mayor capacidad de molienda. Posee además tecnología de punta y, por su cercanía a una zona triguera por excelencia, no sólo abasteció el mercado interno, sino que tuvo saldos exportables que se volcaron durante décadas a los mercados argentino y brasileño.
Entre 2007 y 2008, Molino Dolores, que por entonces era propiedad del empresario Gonzalo Ruiz dio quiebra y fue adquirido por William Johnson, titular de una de las principales empresas exportadoras de grano del país (Cereoil). En 2014, la empresa estadounidense Seaboard adquirió 45% del paquete accionario.3
Sorpresivamente, en setiembre de 2016, los representantes de Seaboard –pese a tener la minoría de las acciones– solicitaron a la Justicia la presentación de la empresa a concurso de acreedores. Hicieron esto mientras el accionista principal, William Johnson, se encontraba en Buenos Aires para procurar, según alega, la renovación de líneas de crédito. De hecho, la minoría aprovechó disensos que existían en el seno del grupo mayoritario y presumiblemente contó con el respaldo de otros grupos que quieren absorber a Molino Dolores. Coincidentemente, el mismo día en que Seaboard se presentó a concordato, la empresa obtuvo, luego de seis años de gestiones, la aprobación de la Comisión de Patrimonio para instalar una aceitera en la zona de La Agraciada, con una inversión del orden de los 200 millones de dólares.
Al llegar a esa instancia, Molino Dolores estaba endeudado en 50 millones de dólares. Parte de la deuda era con bancos privados y con el Banco de la República Oriental del Uruguay. Con este último, la deuda asciende a cuatro millones de dólares y, en el sector privado, uno de los principales acreedores es Scotiabank. Pero además, Molino Dolores, antes de presentarse a concurso, había recibido créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por 25 millones de dólares y 15 millones de dólares, respectivamente. No existe certidumbre plena de que el préstamo del BID no se haya “bajado” (particularmente por la aprobación del permiso para la construcción de la aceitera), pero el del CAF se mantuvo firme.
Sin embargo, la mayor parte de la deuda de Molino Dolores es con proveedores, con fleteros y con entidades como la Unión Rural de Flores, que presumiblemente sean los que queden postergados en el concurso.
Se dice que detrás de la presentación a concurso de acreedores de Molino Dolores están los otros dos convidados de piedra: Molino San José y, principalmente, Cañuelas, una empresa argentina en rápida expansión en el mercado uruguayo. Detrás de los “cuatro interesados” en adquirir Molino Dolores que maneja la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya), está seguramente el interés de estas empresas por consolidar el monopolio de la molienda. El sector exportador está demasiado deprimido, y el mercado local es muy pequeño como para seguir sosteniendo un ménage à trois.
En la puja entre Molino San José y Cañuelas, presumiblemente la segunda tenga ventajas. El primero continúa siendo una empresa de punta en el ramo, pero está atravesando por el proceso de reacomodo interno al que lo obligó la muerte, en 2014, de Eduardo Gard, pionero de la molinería en Uruguay, que, casi centenario, seguía poniendo su tenacidad y su experiencia al servicio de la empresa que creó desde los cimientos.
Por lo demás, Molinos Cañuelas SA tiene espaldas más anchas que Molinos San José. En un país como Argentina, que cuenta con 160 molinos de trigo que tienen en conjunto una capacidad de molienda de 33.200 toneladas diarias, Cañuelas ocupa el tercer y cuarto lugar en esa materia (luego de Cargill SACI y Minetti y Cía), con sus plantas de Adelia María, en la provincia de Córdoba, y la de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires. Por añadidura, en el ambiente de la molinería y en la propia Foemya se acusa a Cañuelas de utilizar prácticas comerciales poco leales, y ya ha conseguido llevar a sus tiendas al gerente comercial de Molinos Dolores, una pieza clave en el andamiaje agroindustrial de la empresa.
A esta puja por consolidar una situación monopólica en el sector se suman las caídas en las exportaciones. En Brasil, por ejemplo, la venta de productos de primera necesidad se redujo notoriamente, y el año pasado se vendió sólo la mitad del stock con ese destino.
El retorno del trabajo
El 13 de febrero, luego de que se formalizara el cierre de Molino Dolores, la Justicia tomó cartas en el asunto y nombró como síndico a Gabriel Ferreira. Antes de proceder a la ejecución del concurso de acreedores, el síndico debía resolver dos asuntos. Uno de ellos tiene que ver con las 3.000 toneladas de trigo stockeadas e inmovilizadas a partir del cierre. Luego, debía dar una salida –aunque sea provisional– a la situación de los trabajadores en seguro de paro. Son 250 operarios, de cuyo trabajo dependen 600 puestos indirectos.
La decisión de proceder a la reapertura del molino, con el consiguiente retorno a las tareas de 120 trabajadores, llenó de júbilo a la ciudad de Dolores e insufló optimismo en filas de la Foemya. No obstante, se trata de un optimismo moderado. El gremio percibe claramente que el episodio de Molino Dolores no es más –ni menos– que un hito en el proceso hacia la monopolización del sector. Las nuevas tecnologías mandan, se produce más con menos personal, la demanda de los mercados tradicionales se contrae y, en consecuencia, existe preocupación sobre el futuro. Ya en 2016 a Molino Carmelo se le puso bandera de remate, pese a lo cual continúa operando hasta hoy, y la perspectiva comercial en otros molinos que sobrevivieron a lo largo de estos años no convoca precisamente a la tranquilidad.
Por otra parte, en la Foemya se ven con preocupación las metas planteadas por el síndico. A saber, las de moler 6.000 toneladas de trigo por mes, lo que equivale a 50% de la capacidad de molienda efectiva de la empresa. Se alega que es improbable que se llegue a esa meta con la dotación de personal con que hoy se está trabajando.
Pero la preocupación de fondo es otra. ¿Es posible resistir el avance de la monopolización y de las nuevas tecnologías? ¿El empuje hacia el cierre de empresas industriales de larga data es coyuntural, o es estructural y se corresponde con una nueva fase del capitalismo en la que es imposible –particularmente en un país de pequeña escala como Uruguay– plantearse una articulación de la industria tal como la conocimos durante todo el siglo XX? De ser así, ¿cuáles son las respuestas que habría que dar?
Por lo pronto, el trabajo volvió en Dolores, y con el trabajo volvió la vida. ¿Cuán permanente o cuán efímera será? El tiempo lo dirá, aunque es claro que los tiempos se acortan y las nuevas tendencias de la economía irrumpen a un ritmo vertiginoso.
Notas
1. El sector agroindustrial triguero en Uruguay.
2. Del que fuera propietario el exdiputado Marcelo Antonaccio Caorsi, procesado por apropiación indebida en 2015.
3. Seaboard Corporation tiene su sede en Kansas (Estados Unidos) y opera en los ramos de alimentos, tabaco, servicios navieros y energía, entre otros. Tiene más de 23.000 trabajadores diseminados a lo largo del mundo y está presente en varios países de América Latina y el Caribe, como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Uruguay.