Algunos hablan del «guion de Dios» o del «viejo topo de la historia» para referirse a las circunstancias históricas que se presentan de forma antojadiza, como si una voluntad humana fuera responsable de ordenarlas en el tiempo.
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Mientras nadie duda de la importancia histórica y la veracidad de los hechos de la gesta artiguista, el nacimiento del Ejército Nacional asociado a los hechos de la batalla de las Piedras sigue en debate, aunque cada vez más marginal.
Institucional y castrense, la versión oficial menciona al Ejército nacional como el continuador histórico del ejército Artiguista mientras una versión alternativa señala la diferencia del nacido ejército de línea con aquel pueblo en armas, surgido bajo otra concepción organizativa desde el punto de vista marcial, y en defensa de otros intereses que no eran los de un Estado y una sociedad de clases al que denominarían República Oriental del Uruguay.
Ese debate que en otros tramos históricos puso arriba de la mesa si debía ser un ejército institucional de masas (léase con servicio militar obligatorio y reservistas) o una organización profesional con un número reducido de recursos humanos y una clara definición clasista de sus cuadros oficiales (carrera militar nacida desde el Liceo militar y no desde los cuarteles) ha quedado sin mayores definiciones por el acontecer histórico.
Los hechos que tuvieron como protagonistas a las Fuerzas Armadas, y en particular al Ejército en el quiebre institucional de Uruguay en el siglo pasado, han dado lugar a nuevos debates y han surgido concepciones que se plantean hasta la eliminación de la fuerza militar como institución.
El enorme daño generado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en 1986, que ha obstaculizado el acceso a la verdad y la justicia sobre los crímenes cometidos durante el período del terrorismo de Estado, se rememora cada 20 de mayo.
Los escasos discursos de compromiso desde las fuerzas militares cada 18 de mayo de colaborar con el esclarecimiento de la verdad y la justicia no han sido acompañado por hechos concretos y a casi medio siglo de los acontecimientos, la actitud de los responsables se parece al juego de la mosqueta.
Bravuconadas
Siguiendo con el estilo que lo caracterizó como legislador, el actual ministro de Defensa, Javier García, sigue sosteniendo un discurso confrontativo aunque no por eso le asiste la razón.
En su comparecencia el 5 de mayo de este año a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, ante una pregunta del legislador frenteamplista Gerardo Núñez, García expresaba: “Hablemos de la doctrina de seguridad nacional. Yo comprendo que el diputado sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la doctrina de seguridad nacional en Uruguay la fundaron los comunicados 4º y 7º que apoyó el Partido Comunista del Uruguay, dictados el 9 de febrero de 1973 por un grupo de militares golpistas que hicieron trágica la vida en el Uruguay con el respaldo, entre otros, del Partido Comunista! Entiendo que sea especialista en la doctrina de seguridad nacional. ¡Si la respaldó! ¡Su partido la respaldó! Está sembrado de bibliografía, pero alcanza una, el editorial del diario El Popular, del que es ávido lector el diputado. Así que si hablamos de doctrina de seguridad nacional, el diputado tiene credenciales. En Uruguay se fundó a partir de los comunicados 4º y 7º, que respaldó el partido del señor diputado con los militares golpistas que iniciaron la trágica noche que vivió 12 años nuestro país. Yo pensaba que estos temas no iban a surgir porque uno tiene un poco más de recato histórico”.
La respuesta antes de irse de sala no se hizo esperar por parte de Núñez, que recordó las cifras que su partido pagó en muertes, exilio y cárcel.
Hábil, Javier García había logrado una vez más correr el centro del debate, estrategia que tan buenos resultados le dio en su actuación parlamentaria al lograr, como se dice en el barrio, que algunos legisladores frenteamplistas “entraran por el aro”, colmada su paciencia.
Toda la verdad
La breve escaramuza parlamentaria decidió García darla por terminada olvidando su investidura, manifestando: “Es dura la realidad y las acciones que llevaron adelante. Nosotros no vamos a permitir que se siembren dudas sobre el partido de gobierno, sobre la coalición de gobierno. Es muy dura la realidad que tiene que aceptar el diputado; pero bueno, es parte de la vida política”.
La dura realidad a la que se refiere el ministro, la autocondiciona por su recato histórico. El debate fuera de tema y de lugar dado por García ayudaría al menos para aburridas y futuras lecturas de esas actas si al menos reconociera la larga lista de miembros del partido de gobierno que alentaron el golpe de Estado y formaron parte del gobierno de la dictadura cívico militar. Fueron buena parte de militantes nacionalistas los que le dieron a la dictadura su contenido cívico.
Y esta no es una afirmación antojadiza ni merece recato histórico. Es la dura realidad.
Los de García
El general Óscar Mario Aguerrondo, impulsor del golpe de Estado desde los años 60, que finalmente se logra concretar en junio de 1973, fue un destacado militante herrerista y candidato a la presidencia por esa colectividad en 1971.
También era blanco Martín Echegoyen, otro dirigente impulsor del quiebre institucional, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad.
Aparicio Méndez (dictador entre 1976 y 1981) fue dirigente del Partido Nacional y ministro en el segundo gobierno blanco.
En la larga lista de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza de la dictadura, hay destacados militantes nacionalistas.
Incumplimientos
García desaprovechó la oportunidad, una vez más, incluida la presentación de los documentos hallados en Artillería, de ubicar el contexto que las fechas del 18 y 20 de mayo le ponen por delante.
Es una parte de los integrantes del ejército creado un 18 de mayo que sigue sin dar las respuestas que se exige por buena parte de la sociedad el día 20 de este mes.
Una fuente militar confió a Caras y Caretas: “En un país con altas restricciones económicas, y exigidos por inalcanzables tecnologías bélicas, la estrategia es la unidad nacional, por ello tender puentes entre las FFAA y su pueblo es un desafío que debemos asumir con sinceramiento y sin prejuicios.
Analizar y comprender el pasado para superar el futuro en un mundo que no tendrá piedad a la hora de los desafíos. Por ello el nivel político debería habilitar instancias de intercambio intersocial. Por ejemplo, presentaciones de misión, organización, capacidades, etc. y desde la sociedad civil, por ejemplo, el Pit-Cnt o la Universidad, su historia, programa, visión, etc. para el mutuo conocimiento cara a cara y no un debate de manual. No dejemos que los grandes intereses de quienes ocultos lucran con esta división nos ganen. Compartimos el mismo barrio, la misma escuela, hijos, amigos, ser pocos no es una desventaja, por lo tanto, el encuentro en defensa del interés nacional es posible.
Los viejos hacen cargar vergonzosamente a oficiales y militares jóvenes la indigna mochila del deshonor militar por el ocultamiento de la verdad de los detenidos desaparecidos.
Cualquier ejército que se precie del honor militar entregan los restos de los prisioneros y reconoce al adversario el derecho de volver a su familia. Así lo hizo Kim Jong con Trump.
No hay mando incluso personal subalterno que no sepa qué materiales hay en cada rincón de las dependencias militares; es su obligación saberlo y, como sabemos, los milicos anotan todo.
La orden del general Artigas sigue sin cumplirse:
‘Piedad para los vencidos, curar a los heridos y enterrar a los muertos’”.
***
Los civiles de la dictadura
Poder Ejecutivo
Presidentes:Juan María Bordaberry, Alberto Demicheli y Aparicio Méndez.
Secretaría de la Presidencia: Álvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Ángel Mario Scelza.
Ministerio de Defensa: Walter Ravena y Justo M. Alonso.
Ministerio de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
Ministerio de Economía y Finanzas: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi y Walter Lusiardo.
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Jorge León Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
Ministerio de Trabajo: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis A. Crisci.
Ministerio de Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo De Betolazza, Juan Bautista Schoeder y Armando López Scavino.
Ministerio de Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
Ministerio de Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos, Eduardo Crispo y Eduardo Sampson.
Ministerio de Justicia: Fernando Bayardo Bengoa, Julio César Espínola y Enrique Frigerio.
Cada uno de los nombrados fue ministro en distintos períodos y algunos pasaron de un ministerio a otro o a diversas dependencias.
Subsecretarios
Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia y Jorge Amondarain Mendoza
Defensa Nacional: Armando Chiarino Aguirre
Relaciones Exteriores: Guido Michelín Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbounet
Economía: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi
Ganadería: Lázaro Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges
Trabajo: Alfredo Baeza, y Ramón Malvasio
Educación: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez Industria: Elías Pérez
Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Terchelo
Justicia: José Pedro Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Schoeder y Dante Barrios de Angelos.
Los cuatro Consejos de Estado que suplantaron al Parlamento Nacional
Martín Recaredo Etchegoyen, Aurora Álvarez De Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Cooghan Sanguinetti, Alberto Demicheli, Aparicio Méndez, Hamlet Reyes, Emilio Siemens Amaro, Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, Alfredo Lamaison, Mario Gaggero, Raúl Clerc, José Francisco Franca, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, Eduardo Praderi, Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangerberg «legislaron» en el primero.
Luego, en 1976, se produjeron algunos cambios con la siguiente nómina: Hamlet Reyes, Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Mario Arcos Pérez, Mario Jorge Copetti, Julio Cesar Espínola, José Francisco Franca, Mario Gaggero, Eduardo Pradera, Daniel Rodríguez Larreta, Osvaldo Soriano, Enrique Viana Reyes, Jorge Laborde Bercianos, Martín C. Martínez, Willy Patocchi, Blanca Amorós de León de Dutra, José Carlos Brum Cardoso, Marcial Bugallo, Eduardo Crispo Ayala, José Enrique Etcheverry Stirling, Bertrand Gruss, Rafael Ravera Guiria, Pedro P. Rivero, Alberto Rodríguez Marghieri, Jorge Seré del Campo.
Asume Gregorio Álvarez en 1981 y se produce otra renovación del Consejo de Estado, que integran estos civiles: Hamlet Reyes, Marcial Bugallo, Federico García Capurro, Eduardo Praderi, Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, Adolfo Gutiérrez, Néstor Bolentini, Pedro W. Cersónimo, Wilson Cravioto, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assunçao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hugues, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, Eduardo Esteva, Juan Santana Echeverrito, Antonio Gabito Barrios, Manuel Gastelumendi, Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamanna, Ricardo Milessi, Genero Perinetti y Rubén Riani.
Por último, la lista es completada por: Jorge Amondarain Mendoza, Maria Ruth Andrade Ochoa, Enrique Arocena Olivera, Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borillo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, Werther Martínez, Miguel Pereira Serra, Cesalino Silveira, Armando Bahaburu. Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelle, Pablo Millar, Daniel Ordóñez, Víctor Ortiz, Miguel Peirano, Ricardo Reilly Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonnetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
Las 13 intendencias gobernadas por civiles
Si bien hubo varias que -en su momento- estuvieron a cargo de militares, también estos civiles fueron sus titulares:
Oscar Racchetti y Juan Carlos Payssé (Montevideo),
Bastillo Borgatto (Artigas), Gervasio González (Canelones), Juan José Burgos (Cerro Largo), Pedro Ramos Mañe (Flores), Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada (Lavalleja), Walter Belvisi (Paysandú), Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez (Rivera), Milton de los Santos (Rocha), Néstor Minutti (Salto), Juan Chiruchi (San José), Norberto Bernachín (Tacuarembó) y Rubén Silveira Zuloaga (Treinta y Tres).