«Los más perjudicados por este gobierno han sido los pobres y las empresas públicas»

De acuerdo a estudios del ICUDU y también a cifras oficiales, se registraron tres trimestres consecutivos de recuperación salarial. ¿Qué lectura hacés de esos datos?

Si bien en los últimos tres trimestres consecutivos el poder de compra del salario aumentó, hay que tener en cuenta que aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, por lo que se sigue acumulando pérdida. En el informe que presentamos hace pocos días mostramos cómo transcurrieron treinta meses -entre marzo de 2020 y septiembre de 2022- en los que el salario medido en términos reales acumuló caídas. Por lo tanto, de ninguna manera puede celebrarse o considerarse un triunfo. Los convenios colectivos de la ronda pasada incorporaron porcentajes por concepto de recuperación muy pobres. Dichos lineamientos propusieron, en general, recuperar apenas 40% de lo perdido y, en algunos casos, nada. Tal es así, que la ronda actual propone que al cabo de esta administración se “recupere” lo que resta, que, en rigor, supone alcanzar los niveles de poder de compra prepandemia. Lamentablemente, la ronda actual no incorpora ningún tipo de tratamiento para aquellos niveles salariales que denominamos “sumergidos”, lo que posterga aún más la situación de decena de miles de trabajadores. Cabe decir que algunos sectores de actividad no “recuperarán” la totalidad de lo perdido a lo largo de esta administración, por lo que deberán esperar incluso al próximo gobierno para hacerlo. No es un dato menor que, según se expresa en la exposición de motivos que acompaña al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, todo esto se plantee, a pesar de que se espera para los próximos años un crecimiento del producto en un orden superior al 8% acumulado.

¿Cómo se le explica a la población que la inflación acumulada esté en el 3,4% y que los precios en las góndolas no paran de subir?

En primer lugar, tenemos que tener presente que el comportamiento de los precios medido a través del IPC -instrumento que se emplea para medir la inflación- puede verse afectado por varios factores. Por ejemplo, este mes pasado, en buena medida, la caída se explica por la exoneración impositiva decretada por el gobierno en el agua, como resultado de la crisis hídrica que afectó el nivel de potabilidad del agua de OSE. Se trata de un bien masivo y, por lo tanto, impacta fuertemente en el promedio, a diferencia de otras mercancías. En segundo lugar, buena parte de la canasta que se emplea para medir el IPC está compuesta de bienes “transables”, es decir, cuyo precio guarda relación con la evolución de los precios internacionales, que se expresan en dólares. En ese sentido, lo que le suceda al tipo de cambio -es decir, al comportamiento del dólar- impacta en los precios de dichos bienes. Dicho de otra manera, existe correlación entre el dólar y la inflación. El gobierno ha optado por la meta inflacionaria, por encima de una meta cambiaria; es decir, la depreciación del dólar también ha influido. Entonces, hay que decir que la capacidad de compra no solo se explica por el comportamiento de los precios, sino también por los niveles salariales que, como dijimos, aún se encuentran por debajo de los niveles prepandemia. De ahí que los individuos, a pesar de que los precios caigan, experimentan que su poder de compra es inferior, al menos respecto al que tenían antes de la pandemia. No hay duda de que si la inflación fuese mayor a la registrada, la forma de expresarse sería percibir aún más caras las cosas en las góndolas del supermercado.

¿Cómo vienen las negociaciones en materia de Consejos de Salarios y en el sector público en relación a lo establecido en la Rendición de Cuentas?

La Rendición de Cuentas no prevé nada en materia de recuperación salarial -me refiero a la situación de los funcionarios públicos-, pues la mayoría alcanzó acuerdos con el gobierno. Salvo las empresas públicas, todos cuentan con convenios colectivos que prevén un cronograma de recuperación. No obstante, hay que hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, el gobierno impuso una metodología para medir la pérdida salarial distinta a la que se aplica al sector privado. Esto forzó a los gremios a negociar sobre una base significativamente inferior. El gobierno impuso el uso del Índice Medio de Salarios, en lugar, al IPC. No obstante, los sindicatos lograron porcentajes que se aproximan bastante, respecto a lo perdido. Aún así, deberán esperar hasta el final de esta administración para alcanzar los niveles salariales prepandemia. Dicho de otra manera, acumularán pérdida a lo largo de la gestión de este gobierno, a pesar de que la economía muestra dinamismo. Este fue uno de los principales recortes llevados a cabo por este gobierno, que prioriza sus metas fiscales por encima de cualquier otra. Es más, en buena medida, el deterioro que registran actualmente las cuentas públicas se debe, justamente, a los porcentajes por concepto de recuperación, dejando en evidencia que la mejora fiscal fue temporal y condicionada a este recorte.

¿Por qué el movimiento sindical refiere al modelo de la desigualdad y, en términos de discurso, al «humo» que vende el gobierno?

Simplemente porque cualquier modelo debe contemplar en su horizonte la mejora del bienestar social. Este gobierno prioriza las metas económicas por encima de las sociales. En efecto, el empleo mejoró y los niveles retributivos empiezan a registrar progresivamente recuperación. Incluso las estimaciones señalan mejoras en los indicadores macro, especialmente en los niveles de producto (PIB), para los años venideros; sin embargo, los indicadores sociales han empeorado. La pobreza aumentó -hoy se ubica por encima de los niveles prepandemia-, afectando especialmente a los infantes. El índice de Gini que se utiliza para medir la concentración de los ingresos, da cuenta de que los ricos son más ricos, y los pobres más pobres. El modelo favoreció a los malla oro y los que se vieron afectados fueron los trabajadores y jubilados que vieron perder capacidad de compra. El ajuste fue funcional a favor del capital.

¿Qué país deja este gobierno para los próximos años, particularmente en materia económica y también en términos generales de políticas públicas, presupuesto, desarrollo y prioridades?

Bueno, yo creo que un peor país desde el punto de vista social. Si las mejoras económicas no se traducen en mejores condiciones de vida para la mayoría de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables, no son mejoras. No hay que perder de vista que el gobierno decidió mercantilizar todo. La orientación de este gobierno es liberal, con menor participación estatal -lo que explica el achicamiento del Estado-. No solo se trata de pérdida de poder de compra de los salarios. Se trata de menos recursos para las políticas públicas, especialmente en áreas sensibles. Si medimos los recursos asignados a la educación, la salud y la vivienda, se hallan por debajo de los que presentaban en 2019. La educación va perdiendo participación respecto al PIB; para colmo, congelaron su asignación para lo que resta de la administración, por lo que el ratio educación/PIB, tan reclamado por los gremios de la enseñanza, seguirá cayendo. La prioridad fueron las metas fiscales e inflacionarias; fue mantener el grado inversor, pero no fueron para traducirlo en mejora de las políticas públicas. Incluso el daño es mayor en las empresas públicas que perdieron personal y encima congelaron sus niveles de inversión, lo que trajo aparejado la pérdida de calidad de sus prestaciones. Estas acciones comprometen el futuro del motor del desarrollo, pues no hay desarrollo sin un rol activo del Estado.

¿Cuáles son los énfasis que deberá encarar un próximo gobierno en materia económica y presupuestal para recomponer y reenfocar las políticas públicas según la visión del movimiento sindical?

No hay duda que recuperar los niveles de bienestar social. Recuperar a nuestras empresas públicas, dotándolas de mayores niveles de inversión. En materia presupuestal hay que fortalecer áreas claves para el desarrollo, en especial la educación, cada vez más alejada de la reivindicación del 6+1 en términos del PIB. Hay que profundizar la Reforma de la Salud; no se trata solo de universalizarla, se trata de potenciar su accesibilidad, así como ampliar la canasta de prestaciones asistenciales. En materia de vivienda estamos muy lejos de cubrir el déficit habitacional, y debe ser fortaleciendo su promoción social. Hay que orientar los recursos al fortalecimiento de un Estado capaz de constituirse en motor para el desarrollo, promoviendo la innovación y la inversión en áreas estratégicas, de la mano de nuevos diseños institucionales y necesarias reformas de carácter estructural.