¿Es necesario un ajuste fiscal?

¿Cuál es el partido político que haría, o al menos promete, un “ajuste fiscal”, expresión que se asocia al malestar social, cuando no al pánico?

Por ahora, y que quede claro, ninguno. Dado el clamor, el que calla, otorga.

En primer lugar debe decirse que este no es, ni mucho menos, un alegato a favor del déficit fiscal (es decir, la situación en la cual los gastos realizados por un Estado superan a los ingresos). Este es un desbalance esencialmente malo, como lo es para un hogar. Ya que se traduce inevitablemente en un aumento del endeudamiento y problemas mayores, excepto en depresiones graves.

Pero la discusión económica está profundamente implicada con la discusión política. Y más ahora, que estamos en tiempos abiertamente electorales en nuestro país. Es nuestro deber analizar las señales que se proyectan a la sociedad o a sus élites. Porque otras veces señales equivocadas han conducido a ignorar fenómenos como la devaluación brasileña del 13 de enero de 1999. A apoyar medidas como “la paridad deslizante”. O aperturas indiscriminadas de nuestra economía que en ocasiones han conducido a catástrofes como las Crisis de 1982 y de 2002.

Parece haber un clamor mediático sobre la necesidad de realizar un ajuste fiscal en Uruguay. Remite a situaciones indeseadas, a contracción económica y sufrimiento social.

Solicitudes mediáticas de ajuste fiscal

A vía de ejemplo. El semanario Crónicas, órgano de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), tituló en tapa el viernes 12: “No se debe esperar al próximo gobierno para un ajuste fiscal”. En tanto que el suplemento Economía & Mercado del El País del lunes 15 contiene tres artículos dedicados al déficit fiscal. Uno de los cuales, firmado por Javier de Haedo, titula: “¿Habrá ajuste fiscal en 2020? ¿O será antes?”.

Analicemos nuestro panorama macroeconómico.

El crecimiento del PIB

Nuestro Producto Interno Bruto (PIB, estimado en US$ 60.600 millones para 2018), magnitud que mide monetariamente la actividad económica a través de la producción de bienes y servicios del país, viene creciendo ininterrumpidamente. Lo hace con inclusión social. Es decir, con redistribución de ese crecimiento, desde hace 15 años. Actualmente estamos en una fase de desaceleración, pero no de estancamiento ni menos de recesión. Según el informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial 2018, creceremos 2% del PIB en 2018. También 3,2% en 2019 (aunque OPP estima que la concreción de UPM II significaría un aumento adicional de entre 1,5% y 2% del PIB y la creación de 8.000 empleos). Mientras nuestros ricos y gigantescos vecinos, Argentina y Brasil, que tienen conducciones económicas de distinto sesgo, han caído y continúan, lamentablemente, en situaciones de grave recesión.

Siempre según el FMI, Argentina caerá -2,6% de su PIB en 2018. Y -1,6% en 2019. El panorama es más que oscuro en Brasil. Allí, las últimas previsiones, teñidas de turbulencia política, esperan caída de la actividad. Ambos países experimentaron caídas que sumaron alrededor de 8% acumulado en los años 2015 y 2016. Y tienen déficits fiscales del orden de más del 7%.

Pese a las turbulencias globales, el entorno internacional se muestra positivo. El muy riguroso economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, nuestro compatriota Dr. Carlos Végh Gramont (Ph.D. Universidad de Chicago), declaró a Economía & Mercado que:

“El entorno internacional será positivo en tres dimensiones: crecimiento robusto en Estados Unidos (clave para México, Centroamérica y el Caribe) y China (clave para Sudamérica), y precios de las materias primas relativamente estables. El factor negativo podría estar dado por las condiciones financieras”. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la caída de los flujos de capitales a la región. “A lo que se suma el nerviosismo en los mercados financieros internacionales respecto a varias economías emergentes como Argentina, Turquía, Brasil y Sudáfrica. Las guerras comerciales que se han desatado, particularmente entre EEUU y China, son otra fuente de preocupación”.

Cabe destacar que la coyuntura global es favorable. Por cuanto el FMI espera que la economía mundial crezca 3,7% en 2018 y 3,7% 2019.

En resumen, Uruguay, según el FMI y el Banco Mundial, que no se caracterizan por la generosidad de sus juicios y menos con los países subdesarrollados, seguirá creciendo por encima de la media de América Latina en los próximos años, estimada en 1,2% y 2,2% en 2018 y 2019, respectivamente.

El déficit fiscal

Uruguay exhibe hoy un déficit fiscal de 3,5% del PIB, unos US$ 2.121 millones. Guarismo bien distinto de otros superiores al doble que tuvimos en gobiernos posteriores a la restauración institucional de 1985. La tendencia de nuestro déficit fiscal (sobre el cual, reiteramos, parece haber una especie de alarma pública en los medios especializados) es decreciente según el FMI y el Banco Mundial.

En su informe “Uruguay: Declaración del personal del FMI al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2017” (los informes anuales que elabora el FMI sobre los países miembros del Organismo Multilateral, aunque no tengan programas en conjunto), el último del que disponemos, fechado el 7 de diciembre de 2017, el FMI afirma que:

“En 2017, la política fiscal ha sido contracíclica, y el aumento de los impuestos sobre la renta se vio contrarrestado, en parte, por costos de pensiones y de salud más altos. Según nuestras proyecciones, el déficit general disminuirá a un 3,3% del PIB”.

No ha habido más comunicaciones al respecto, a excepción de los elogios vertidos en la reciente Asamblea Conjunta realizada en Bali.

El muy estricto Dr. Carlos Végh Gramont  (Ph.D) declaró al medio citado que el Banco Mundial pronostica un déficit fiscal de 3,3% del PIB para 2018 y de 2,9% para 2019 para Uruguay, y que si Uruguay continúa con las medidas dispuestas “dudo mucho que Fitch rebaje su calificación crediticia”. Se refería a la medida tomada por la agencia calificadora Fitch Ratings, que el viernes 5 mantuvo la calificación de Grado de Inversión a Uruguay, y mantuvo a su deuda la nota de BBB- (el mínimo dentro del Grado), pero cambió la perspectiva de “estable” a la de “negativa”, debido a “déficits fiscales persistentes y una carga de deuda alta y creciente (…) y un entorno macroeconómico desafiante en la región”, según su comunicado. Esto también fue relativizado por Végh Gramont quien manifestó que “no debe sorprender la decisión tomada recientemente por Fitch de modificar la perspectiva de la calificación de la deuda uruguaya. Tampoco que haya rebajado la calificación crediticia a 7 países de la región (incluyendo Brasil y Chile) en los últimos 20 meses”.

Inflación, según FMI

Según el FMI, la inflación se situará en 7,6% en 2018 y 6,7% en 2019; y el desempleo se ubicará en 7,9% y 7,6%, respectivamente.

De modo que tanto el FMI como el Banco Mundial consideran que la tendencia del déficit fiscal uruguayo es decreciente y se situaría en 2,9% del PIB al fin de 2019.

La Deuda del Sector Público. Con respecto a otras variables directamente involucradas en el tema tratado, en la página web del Banco Central (BCU) puede verse que la Deuda Bruta del Sector Público Global descendió en el segundo trimestre de 2018, para situarse en US$ 39.932 millones, lo que representa un 65,89% del PIB, contra el 66,89% del primer trimestre. La Deuda Neta del Sector Público Global es de US$ 18.514 millones (el dato anterior era US$ 19.883 millones) al trimestre abril-junio, y representó un 30,5% del PIB, contra el 33,0% del primer trimestre.

Los Activos de Reserva se situaron al 17/10/18 en US$ 15.817 millones, siendo de libre disponibilidad US$ 6.763 millones. La baja de las reservas obedeció a la operación de recompra de deuda.

Uruguay es un ejemplo

Cabe consignar que en la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de Bali, estos organismos pusieron a Uruguay como ejemplo en varias áreas. Nuestro país fue elogiado en el documento “Monitor Fiscal: Administrar la riqueza pública”, que afirma: “los balances del sector público ofrecen el panorama más completo del patrimonio público. (…) La mayoría de los gobiernos no ofrecen esta transparencia y evitan así el escrutinio adicional que supone. Una mejor gestión de los balances permite a los países incrementar los ingresos, reducir riesgos y mejorar la formulación de la política fiscal”. Posteriormente señala:

“Son considerables los beneficios que se derivan de una mejor gestión de los activos. El aumento del ingreso procedente de las sociedades públicas no financieras y los activos financieros del gobierno podría alcanzar 3% del PIB anual, lo cual equivale a la recaudación anual de impuestos a las empresas en las economías avanzadas. Asimismo, los beneficios procedentes de los activos no financieros del gobierno serían considerables. Las experiencias de Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Uruguay pueden servir de ejemplo a otros países sobre cómo aumentar la eficacia y el rendimiento de los activos, reduciendo a la vez los riesgos a ambos lados del balance”.

“Los primeros tres países mencionados usan los datos agregados para establecer los objetivos generales de la política fiscal. En segundo lugar, mejoran la gestión de activos para maximizar la eficiencia de uso y el rendimiento de los activos públicos, algo que también se hace en Uruguay”, afirma el documento, precisando que “tanto Nueva Zelanda como el Reino Unido han reforzado su enfoque en la gestión de la hoja de balance, mientras que Uruguay ha introducido un enfoque de hoja de balance para la gestión de la deuda”.

El FMI destaca que “los gestores de deuda del gobierno en Uruguay están logrando ahorros de costos al adoptar un enfoque de hoja de balance del sector público para la gestión de riesgos y costos”, y agrega que “la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas sigue un mandato bien definido en el que trata de minimizar los costos esperados del servicio de la deuda y el costo de oportunidad de mantener activos líquidos, sujetos a un nivel aceptable de riesgo, a mediano y largo plazo”.

Afirma que “lo hace para todo el sector público, incluidas las empresas públicas y el Banco Central. El enfoque ha descubierto desajustes de tasas de interés, divisas y vencimientos entre activos y pasivos, y desajustes de flujos relacionados con las operaciones en curso de las empresas públicas”.

“En particular, ha identificado la exposición neta al pasivo en moneda extranjera y ha revelado cuellos de botella en el mercado de capitales. En respuesta, las autoridades han desarrollado aún más el mercado de deuda interna y han promovido el desarrollo de productos de gestión de riesgo, que con el tiempo mejorarán la capacidad del administrador de la deuda para igualar las características de los activos y pasivos financieros del sector público”.

Consideraciones preliminares

No cabe duda que Uruguay enfrenta desafíos importantes. La turbulencia global (guerra comercial y alza de tasas de interés); los desastres económicos que afectan a Argentina (que devaluó su moneda más de 110% en 2018 contra 13% en nuestro país) y a Brasil; y los efectos sobre el empleo de las políticas contractivas necesarias para que no se desboquen la inflación ni el tipo de cambio, constituyen dificultades de primer orden. Si bien es cierto que el déficit fiscal también es un problema, y que se transforma en endeudamiento, no es menos cierto que se situará a fin de año en 3,3% del PIB, es decir 3 décimas por encima del porcentaje que fija el Tratado de Maastrich para los países miembros de la Unión Europea o Eurozona. Es un problema más a resolver, pero acaso no el más urgente, y no debemos olvidar que estamos creciendo.

Más allá del griterío (acaso interesado) de “economistas profesionales del ajuste ajeno”, de los que trabajaron para la dictadura o de los que se escondieron cuando la Crisis de 2002, el planteo más serio resulta ser el del exministro  Isaac Alfie, que plantea:

“¿Qué hacer? (…) Aumentar los impuestos, más allá de eliminar las innecesarias reducciones ‘dirigidas’ de IVA, sería un enorme error de política económica (…). Ante ello, sólo existe un camino, la reducción del gasto. Esta no necesariamente debe ser grande en términos reales, pero sí en relación al PIB, con un plan trazado con metas precisas por año. A vía de ejemplo, congelar el gasto público real creciendo al 3% anual, en 5 años nos lleva a una reducción de 5 puntos. Naturalmente que hay una parte del gasto que seguramente no se pueda congelar, pero hay lugares donde se puede bajar y, en las EEPP bastantes ahorros para hacer. A su vez, ir reduciendo la cantidad de funcionarios públicos y reformar la previsión social brinda recursos de medio plazo. Mi estimación es que el gasto como tal, sin generar mayores problemas, apenas se puede reducir entre 0,7% y 1% del PIB, pero esto claramente no alcanza. Por último, el plan fiscal debe incluir un aumento de fondos para infraestructura o la concesión de parte de ella y una reducción en un plazo no muy largo de los impuestos sobre las rentas, de las personas y empresas”.

Como se ve, tampoco tiene soluciones rápidas y milagrosas, y demuestra su reconocida seriedad profesional y su experiencia.

Uruguay también tiene que reducir el déficit fiscal y la deuda pública.

Por ahora, el camino elegido no parece ser equivocado: así lo ven el FMI y el Banco Mundial e, implícitamente, los líderes políticos que no lo proponen.