Las elecciones municipales se calientan. Mientras se discute en el Frente Amplio y en la coalición multicolor, quien o quienes serán los candidatos, la fuerza de izquierda emitió ayer un duro comunicado contra la Corte Electoral.
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El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio aprobó en las últimas horas, una declaración que cuestiona a la Corte por habilitar a que dirigentes políticos de un partido se presenten como candidatos en la elecciones municipales de mayo próximo por otro partido.
La decisión de la Corte Electoral, adoptada por mayoría de cinco a cuatro el 23 de diciembre, se aplica para las elecciones de los Municipios y no para las Intendencias, donde se mantiene que el candidato a intendente debe presentarse con el mismo partido que integraba en las elecciones internas de junio de 2019.
El Frente Amplio cuestionó en duros términos el cambio aplicado para las elecciones a los Municipios, y acusó a la mayoría de la Corte Electoral de “vulnerar las garantías democráticas de los procesos electorales”.
En la declaración aprobada este lunes asegura que la decisión es “una traición a los principios constitucionales”.
“La decisión de la mayoría de la Corte, además de desatender el sentido e intención de la norma constitucional, se adopta sin previa discusión y búsqueda de acuerdos, en días y fechas que parecen procurar que no trasciendan sus decisiones, imponiendo mayorías circunstanciales que responden a intereses políticos coyunturales de una coalición de partidos que ganó las últimas elecciones nacionales, pero que no ha logrado hasta ahora comparecer bajo un lema común de cara a las próximas elecciones departamentales y municipales”, dice el Frente Amplio.
“De esta manera, la mayoría coaligada de la Corte, que incluye al presidente, no duda en imponer su actual mayoría, rehuyendo el debate democrático. No es este un proceder deseable para el órgano supremo de garantías del sistema electoral nacional”, agrega el texto.
Ante esta situación el Frente Amplio le “reclama” a los ministros de la Corte Electoral que revierta la decisión del 23 de diciembre y “retome la senda de imparcialidad esperable de este órgano del Estado”.