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A través de una declaración la bancada de legisladoras del Frente Amplio expresó su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no instalar tres juzgados especializados en violencia de género en el norte del país que estaban previstos en el presupuesto quinquenal.
En la declaración, las legisladoras aseguran que una vez más el Poder Judicial define «no dar cumplimiento cabal y total a la Ley 19.580 de violencia basada en género», y a esto debe sumarse el «desmantelamiento» de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, que se anexó a la de Víctimas y Testigos».
«Tal como la bancada del Frente Amplio anunció durante la discusión del Presupuesto Nacional, el recorte presupuestal repercute directamente en la vida de las personas, y todos estos anuncios son consecuencia de dichos recortes presupuestales», señalan las legisladoras de la oposición. Además, sostienen que ven con «desazón y preocupación» que la violencia basada en género «no es en absoluto prioritaria para el sistema de justicia», ya que «ante la escasez de recursos se tiende a recortar primero en los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes».
Además recuerdan que a la Suprema Corte de Justicia se le asignaron 57 millones de pesos para la instalación de estos juzgados, y pide finalmente a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que convoque a la bancada bicameral femenina para «demandar respuesta de la Suprema Corte de Justicia».
