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La movilización y concentración convocada por COFE para la jornada de este miércoles 28 de octubre, tuvo como cierre la oratoria de varios dirigentes sindicales quienes, hicieron uso de la palabra, en un escenario ubicado entre los dos edificios del Palacio Legislativo.
Uno de los oradores del acto, fue Fernando Pereira, presidente del Pit-Cnt, quien, al describir el escenario actual del país y las medidas desarrolladas por el Ejecutivo, volvió a denunciar el proceso de aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), en medio de la situación de la emergencia sanitaria, al referirse a ello expresó “aprobaron una ley horrible de urgente consideración que la vamos a anular. Vamos a trabajar y la vamos a anular», señaló, en directa referencia a la decisión ya anunciada de iniciar el proceso de recolección de firmas necesarias para avanzar hacia un referéndum derogatorio de aquellos artículos que se evalúan como más negativos y regresivos.
«En pocas semanas vamos a recolectar decenas y miles de firmas, ni bien esté el texto, que no es ni popular, ni atiende los problemas de urgencia de la gente. Más bien lo que limita es el derecho a la protesta, al piquete, la huelga, el derecho a la defensa de los más humildes», expresó.
En su descripción de los efectos negativos de la LUC, reafirmó que la misma «coloca en riesgo a nuestra seguridad y atenta contra la educación pública uruguaya. Lo que atenta contra la educación pública uruguaya no es ni popular ni democrático».
Para el dirigente sindical, el Ejecutivo «está a tiempo de resolver este problema, tiene algunos días todavía para enviar un mensaje complementario que no recorte educación, en vivienda, salud, salario. Que construya políticas sociales que puedan ir hacia las personas con mayor debilidad», añadió en referencia a la situación actual de discusión parlamentaria del nuevo presupuesto.
Pereira enfatizó que «el gobierno debería estar mirando esta movilización con atención, porque lo que se le está reclamando es que haya mayor justicia social», algo que debería atenderse si se entendiera que los ajustes que se proponen no “lo paguen los trabajadores y el pueblo. Que lo pague el que tiene más, no el que gana un salario para poder vivir».
