En la jornada de ayer lunes, la bancada de diputados del Frente Amplio, emitió una declaración pública, cuyo contenido central versaba sobre el posicionamiento de esta fuerza política ante los hechos de público conocimiento con relación al uso indebido de una “picana eléctrica” por parte de funcionarios policiales.
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Caras y Caretas Portal, ha contactado con dos destacados diputados frenteamplistas, Alejandro “Pacha” Sánchez (MPP) y Gerardo Núñez (PCU), con el objetivo de obtener de los mismos las valoraciones sobre lo acontecido y la posición de los representantes parlamentarios de la fuerza política.
“Hay que generar este asunto político en la primera sesión ordinaria del 4 de agosto, creemos que tiene que haber un rechazo explícito y contundente de todo el sistema político diciendo que estas cosas no pueden suceder”.
De esta forma, el diputado frenteamplista por el MPP, Alejandro “Pacha” Sánchez, resumía políticamente, lo que ya hoy es una posición institucional de la bancada del Frente Amplio luego de que se conocieran los episodios en que funcionarios policiales utilizaran una picana eléctrica durante la detención del mismo.
“Estamos muy preocupado por la situación que ha tomado estado público (…) más allá de esta situación irregular donde un policía está utilizando un arma que no es la que le proporciona el ministerio del Interior, lo más preocupante es que a la persona estando detenida y esposada se le aplicó picana eléctrica, para nosotros eso es, lisa y llanamente una tortura y la tortura no puede ser tolerada bajo ningún concepto”, precisó el diputado frenteamplista.
En sus declaraciones, el diputado argumentó que este tipo de situaciones están claramente asociadas a mensajes utilizados por parte de algunos sectores políticos que, de una, u otra forma, aportan cierta “legitimidad” a estas prácticas.
“Este tipo de manifestaciones tienen que ver y están asociadas a este mensaje de que “se terminó el recreo” y de respaldo irrestricto a la policía que lo que termina generando son este tipo de acciones de desbordes y de abuso de poder y del uso de la fuerza por parte de los policías”.
Es voluntad política de la bancada del Frente Amplio que, en la instancia parlamentaria donde esto sea tratado, se llegue a una declaración de “total rechazo” a este tipo de situaciones, al tiempo que se le planteará, señaló Sánchez, a las “autoridades del ministerio del Interior que vayan a fondo en la investigación que ya han iniciado desde el punto de vista administrativo y también en los aspectos penales” y agregó “tiene que haber un mensaje bien claro de que la sociedad uruguaya no tolera ni va a tolerar este tipo de desbordes autoritarios del uso de la fuerza”, concluyó afirmando el diputado del MPP.
Por su parte, el diputado Gerardo Núñez (PCU) ratificó la gravedad del hecho y expresó: “Acá la discusión no puede estar centrada en si está permitido o no la tenencia de una picana, acá el centro de la discusión debe ser en cuanto al uso de estas prácticas con una picana o con cualquier otro elemento para llevar adelante prácticas de torturas violatorias de los derechos humanos”.
Al referirse a las “señales” dadas por el ministro del Interior en sus declaraciones sobre esta situación puntualizó: “es una señal poco clara de condena estas acciones, estos atropellos que son, insisto, violatorios de los derechos humanos”.
De acuerdo a lo expresado a nuestro medio, por el diputado Núñez, para comprender la gravedad de esta situación “hay que plantearla en un escenario más general en donde hay una insistencia por parte de algunos integrantes del gobierno de sobrepasar algunas barreras jurídicas y legales, vinculado al uso de la fuerza, si atamos esto al episodio, por ejemplo, del ministro de Defensa, Javier García, cuando no solamente defendió un hecho que ocurrió en el pasado vinculado a un homicidio, sino que, además, entiende que esa fue una forma adecuada de responder cuando se asesinó a una persona detenida por la espalda, claramente el mensaje que se está dando está por fuera de los marcos institucionales, de los marcos legales que existen en nuestro país”.
En este sentido y manteniendo el análisis en una perspectiva política general, Núñez fue enfático cuando señaló: “Este hecho ya no es un hecho aislado (…) sino que hay una voluntad del gobierno de dar señales realmente poco claras vinculadas al uso de la fuerza y de los mecanismos de protocolo que deben existir para el trato de las personas y los detenidos y las detenidas”.