Entre la epidemia y el desamparo

El problema de las medidas del gobierno y probablemente la explicación última de su alcance siguen siendo los mismos desde el principio de la epidemia. El gobierno se niega a moderar el ajuste y no está dispuesto a tomar medidas que lo obliguen a ayudar económicamente ni a la población ni a las empresas. Por lo tanto, no tiene ninguna intención de tomar decisiones que supongan un freno para la actividad económica o importen desembolsos extraordinarios. Un caso aparte lo representa el cierre de actividades deportivas bajo techo porque da la impresión de que el gobierno actuó con el propósito de suspender las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que tienen a Nacional -en cuyo plantel hay muchas personas infectadas- como protagonista en la serie contra Aguada. Hasta el momento, la expresión local de la pandemia se había mantenido bajo control, pero fin de año ha sorprendido a Uruguay en una etapa de expansión significativa de contagios y el futuro pinta, cuando menos, complejo.

Si la tendencia continúa agravándose, al gobierno, y al presidente en particular, no le van a quedar más opciones que tomar medidas restrictivas todavía más severas o bien ingresar en la secta de los líderes negacionistas, por lo menos mientras no llegue alguna de las fórmulas vacunales a nuestro territorio que, de acuerdo a las estimaciones que han trascendido, no sucederá antes de abril (Lacalle Pou) o, más vago aún, la segunda parte del primer semestre (Rafael Radi). Queda, sin embargo, la esperanza de que alguna de las vacunas llegue antes si se alcanza acuerdo directo con algunos de los países en condiciones de producirlas, pero esa alternativa privilegiada seguramente sea más cara y no seduzca tanto a las autoridades.

Como parece harto probable que la curva de contagios, ya decididamente empinada, continúe creciendo, y con ella el número de personas ingresadas en terapia intensiva, cabe insistir en que ninguna medida de restricción de la movilidad o de la actividad social puede ser implementada si a la vez no se adoptan iniciativas para ayudar a la gente que, por varios mecanismos, entre los concertados y los imponderables, no ha hecho otra cosa que empobrecerse a lo largo del año. Las medidas de ayuda, como los salarios de emergencia o la renta básica a trabajadores y trabajadoras informales, el apoyo a las empresas, especialmente las pequeñas y en los rubros más afectados, entre otras políticas de protección de la economía y de la sociedad, eran fundamentales para capear la crisis del coronavirus desde el principio, pero todavía lo serán más en los próximos meses si a los efectos de la política económica de ajuste permanente y la crisis inducida por la primera ola de la epidemia, se añaden las consecuencias de la segunda que, por lo pronto, ya tiene más casos diarios y más gente en condiciones de gravedad extrema, con pronóstico reservado.

El peor escenario para el futuro no es un eventual confinamiento masivo; es tener que elegir entre quedarse en casa sin un mango en el bolsillo o salir a la calle con una epidemia desatada. Ninguna persona debería tener que optar entre cuidarse sin comer o arriesgar la salud para parar la olla. Esperemos que lo que se avecine no sea un desastre; que las tímidas medidas logren detener el avance o que la temporada de verano, de algún modo, revierta la situación hasta niveles tolerables, pero si no es así, si terminamos diciembre con un número acalambrante de nuevos casos, a las medidas (severas) que se adopten hay que acompañarlas con recursos, con dinero para la gente más vulnerable y para ayudar a las empresas que están tecleando. De otro modo, a esta enfermedad, capaz de saturar el sistema de salud, se le va a añadir una catástrofe social.