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ASOCIARMEConsiderada la nación más pobre del hemisferio, Haití lidia con violentas pandillas, inestabilidad política, colapso económico y desastres climáticos.
Haiti vive sumido en la violencia.
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Haití sobrevivió a duras penas en 2025 a otro año crítico y descorazonador, sumido en una crisis multidimensional que persiste pese a compromisos internacionales y malabares políticos.
Considerada la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití lidia con la convergencia devastadora de violentas pandillas, inestabilidad política, colapso económico y desastres climáticos, mientras trata de reencausar su rumbo hacia un orden constitucional.
La inseguridad ha sido el denominador común del año, con bandas armadas controlando casi la totalidad de la capital, Puerto Príncipe, y aventurándose en nuevos territorios.
La coalición de pandillas "Viv Ansanm" expandió su dominio hacia departamentos rurales como Artibonite y el Centro, zonas tradicionalmente agrícolas, que sufrieron masacres como la ocurrida en Pont-Sondé el pasado 29 de noviembre, en la que al menos 12 personas fueron asesinadas y otras 20 resultaron heridas, según cifras oficiales.
Los números son alarmantes: según la Organización de las Naciones Unidas, hasta agosto se habían cometido más de 4.000 homicidios relacionados con la actividad de las pandillas, cientos de secuestros extorsivos, además de violencia sexual generalizada contra mujeres y niñas.
Esta situación ha provocado un desplazamiento forzado masivo: más de 1,4 millones de personas han sido obligadas a huir de sus hogares hacia zonas más "seguras" o tratan de emigrar a República Dominicana, donde no son bien recibidas y suelen ser deportadas en masa.
Ante la incapacidad de la Policía Nacional Haitiana para contener la amenaza de los grupos criminales, la comunidad internacional impulsó un nuevo recurso para garantizar cierta seguridad en una nación que ya carga con demasiados estigmas.
El 30 de septiembre, mediante la Resolución 2793 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se estableció la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés), cuyas operaciones comenzaron a mediados de octubre.
Dicha fuerza, comandada por el representante especial, Jack Christofides, tiene la misión de restaurar la autoridad estatal, asegurar la infraestructura crítica y contrarrestar el control territorial de las pandillas con el objetivo de permitir un retorno a la gobernanza democrática.
La GSF surge como respuesta a la ineficacia de la extinta Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad y busca acelerar la transición hacia operaciones más robustas contra las bandas criminales.
Hasta la fecha, Kenia ha desplegado más de 700 policías especializados en la lucha contra bandas criminales, aunque Bahamas, Jamaica, El Salvador y Guatemala también tienen efectivos en el terreno.
La meta es alcanzar 5.500 efectivos, aunque persisten desafíos como la escasez de fondos, pues hasta el momento solo han sido recaudados 113 millones de dólares, de los 600 millones proyectados para financiar la misión.
En el frente político, Haití ha estado gobernado por el Consejo Presidencial de Transición (CPT), cuyo mandato expira el 7 de febrero de 2026.
A pesar de las tensiones internas y las acusaciones de corrupción que llevaron a la destitución del primer ministro, Garry Conille, y al nombramiento de Alix Didier Fils-Aimé como su reemplazo, en noviembre de 2024, se lograron avances legislativos cruciales hacia el final de este año.
A principios de diciembre, el CPT y el Gobierno aprobaron el llamado "Decreto electoral", un paso decisivo para restablecer el orden democrático.
Este documento introduce reformas significativas, como la exigencia de un 50 por ciento de mujeres en puestos de decisión, la participación de la diáspora y la descentralización de los centros de tabulación, fundamentales para todo lo referido a estadísticas electorales y vinculadas a censos de población.
El Consejo Electoral Provisional, por su parte, fijó un cronograma para las primeras elecciones generales desde 2016, con una primera vuelta prevista para el 30 de agosto de 2026 y un eventual balotaje el 6 de diciembre de ese mismo año.
El objetivo es que los líderes electos asuman sus cargos el 20 de enero de 2027, un plan que en teoría luce bien, aunque cuesta imaginar una votación libre y segura cuando el 60 por ciento del electorado vive en zonas controladas total o parcialmente por pandilleros.
El contexto socioeconómico de Haití es desolador: su economía ha sufrido seis años consecutivos de recesión, contrayéndose un dos por ciento adicional en 2025, con una inflación superior al 25 por ciento.
La agricultura ha sido diezmada debido al control que las pandillas ejercen sobre las rutas de transporte y los puertos, lo que ha exacerbado la inseguridad alimentaria, que afecta a 5,7 millones de personas, casi la mitad de la población.
Además, persiste la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos, como evidenció el embate del huracán Melissa en noviembre, que causó decenas de muertes y daños millonarios.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, visitó Haití a inicios de diciembre, y tras reunirse con actores políticos reafirmó su apoyo técnico a la planificación del proceso electoral previsto para 2026, pero insistió en la urgencia de pasar de "la intención a la acción".
Asimismo, se han llevado a cabo reuniones estratégicas con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, para asegurar financiamiento para la infraestructura y la recuperación del país.
Por lo pronto, Haití despide el 2025 con una hoja de ruta para intentar restaurar cierta normalidad institucional, con la certeza de que, si definirla fue complicado, implementarla no será precisamente sencillo.
(Sputnik)
