El invierno viene predominantemente de Argentina, con su efecto en el turismo, en el comercio exterior, y en las compras de frontera.
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El 29 de abril, el gobierno que encabeza Mauricio Macri (obviamente autorizado por el Fondo Monetario Internacional, FMI, verdadero equipo económico interventor de la nación vecina) dio el segundo gran paso en intervenir «el libre funcionamiento de los mercados» (esa falacia interesada que nunca existió ni existirá) al anunciar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) venderá dólares aún cuando la cotización no supere los $ A 51,5, fijado como techo superior de la banda de flotación. Cabe señalar que seguramente se utilicen fondos prestados por el FMI (por un total, recordemos, de US$ 57.100 millones, 12% del PIB argentino y 93% del nuestro), y que las reservas del BCRA, según expuso su presidente, Guido Sandleris, ascendían a US$ 67.000 millones, de las que solamente serían de libre disponibilidad unos US$ 20.000 millones según diversos economistas entre los que se cuenta Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Ecolatina. Infobae informó en febrero que la deuda pública argentina llegó entonces al 99,7% del PIB, basándose en datos de Cepal y sumando los desembolsos ya efectuados por el FMI.
La decisión del 29 de abril (mostrada al mundo como otro gesto de confianza del FMI e incluso de la Administración Trump en el gobierno de Macri) se suma a las otras dos medidas intervencionistas, adoptadas el 16 de abril, cuando Argentina congeló el valor del dólar e inició un control de precios, reducido en principio a 60 bienes de primera necesidad, a tarifas públicas y algunos combustibles.
En efecto, tras las cuarta gran embestida especulativa de la primera semana de abril, el BCRA congeló tanto el techo como el piso de la banda de flotación o «zona de no intervención» en $A 39,75 y $A 51,45. En el mismo sentido de aplicar instrumentos «heterodoxos» para detener la infernal espiral creciente de los precios al consumo, el propio presidente Mauricio Macri anunció un plan de control de precios que afectó en principio a sesenta bienes de primera necesidad por un plazo de 60 días, y que se obtendría mediante un acuerdo con las cámaras y las principales empresas del ramo. A ellos se agrega la congelación de algunas tarifas y combustibles.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, aclaró más tarde que se trata de «un pacto entre caballeros» con empresas para congelar precios de alimentos básicos como aceite, arroz, yerba, fideos, harina, leche, azúcar y muchos otros, a los que se suman las tarifas de la electricidad y el gas, y el transporte público.
Seguramente aconsejado por el inefable Durán Barba, en un video colgado en Facebook, Macri (que juró a lo largo de toda su campaña que no intervendría jamás en el libre funcionamiento de los mercados) habla con una familia y les dice que «hay que pasar la tormenta» y agrega que «todos necesitamos un alivio, un plan de contención de precios hasta que las medidas de fondo empiecen a funcionar». Todos sonríen, a pesar de que la pobreza ya alcanzó al 33,5% de la población.
Hay tres lecciones (que no por conocidas se deben dejar de reafirmar) a extraer de estos hechos registrados en la República Argentina: la primera y principal es que los postulados fundamentales de la doctrina económica clásica, o neoclásica, o neoliberal (llamada «dirigista de derecha» por algunos), como «el libre funcionamiento de los mercados», no se verifican en la práctica.
La segunda es que, más allá del carácter oligárquico y a la vez inoperante del gobierno de Macri (el primero que recordamos que no puede controlar su mercado de cambios, sacando los «golpes de Estado económicos» que derrocaron a Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa), gravar a la alta riqueza es una necesidad económica y no sólo ética o de justicia social, como ahora se está viendo en Estados Unidos, donde las tasas llegaron al 92% bajo el gobierno demócrata de Franklin Roosevelt y los republicanos de Harry Truman y Dwight Eisenhower, en lo que fue el comienzo de la «Era dorada del Capitalismo». La primera medida de Macri fue eliminar casi totalmente las retenciones que pagaba la oligarquía agroexportadora, y así le va. Los países donde solamente los trabajadores y los jubilados sostienen el erario con sus impuestos generan tensiones y desequilibrios que pueden volverse insoportables.
La tercera es que la realidad siempre se impone: las políticas económicas desarrolladas en Argentina no generaron un desarrollo autosostenible y culminan en esta terrible situación, que debe ser espejo para toda América Latina y el Caribe, y también para nosotros.
Más solo que el uno
Si bien parece claro que Mauricio Macri (o María Eugenia Vidal, o cualquier otra alternativa no kirchnerista) es apoyada radicalmente por el FMI, los países del G7 y también Rusia y China (que tratan con todos los gobiernos de la región, cualquiera sea su signo, porque juegan su propio partido), no menos ostensible es el fracaso estrepitoso de sus políticas que ha llevado a una crisis de confianza irreversible por parte de los mercados, y a una situación de desesperación social con consecuencias imprevisibles, que debemos ser los últimos en desear.
Ese fracaso total es reconocido por sus propios aliados desde los editoriales de El País de Madrid, The Economist, el Financial Times; cada vez con más rigor por los periodistas «estrella» de TN y la revista Noticias, o sea, de los Grupos Clarín y Perfil, que fueron acérrimamente antikirchneristas, y por figuras impensables como el politólogo y experto en temas militares Rosendo Fraga (representante de una larga dinastía de militares ultraderechistas), que llegó a hablar de él en términos casi insultantes.
Sin embargo Mauricio persiste en su voluntad de ser reelecto, y acaba de ofrecer un «acuerdo de estabilidad» para aplicar gane quien gane las próximas elecciones, que envió primero a la oposición no kirchnerista, y luego hizo extensivo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El mismo, expresado en una carta oficial de la Presidencia, busca que todos se comprometan sobre diez puntos: «Equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, integración internacional, respeto de los contratos, reducción de impuestos, creación de empleo y reforma laboral, sistema de pensiones sostenible, federalismo, estadísticas oficiales fiables y cumplimiento de las obligaciones con los acreedores».
El «pacto» se ofreció primero al senador Miguel Ángel Pichetto, al gobernador Juan Manuel Urtubey, a Sergio Massa y a Roberto Lavagna (el único que le contestó por escrito criticándolo por «insustancial», según Ámbito Financiero), todos referentes del peronismo no K.
Con relación al ofrecimiento de Macri, se pensó en un intento de aislar a la expresidenta (que no va a ser abandonada por ninguno de los cuatro nombrados, conscientes del poder de quien encabeza hoy las encuestas de opinión), pero luego, ante el envío a CFK, se convino en un gesto para tranquilizar a los mercados y a los acreedores, y, de paso, mostrarse como opción moderada.
De lo que nadie duda es que Macri busca su reelección, cuando ya han sonado en su partido, Cambiemos, voces que piden llevar como candidata a la presidencia a María Eugenia Vidal.
Macri insiste en quedarse en el gobierno.
Muchos observadores se preguntan para qué.
Y por casa, ¿cómo estamos?
En principio, bien. Mientras nuestros dos colosales y riquísimos vecinos se tambalean (por decir lo menos), Uruguay -salvo que el Banco Central del Uruguay diga lo contrario- acumula 16 años ininterrumpidos de crecimiento con inclusión social, activos de reserva por US$ 15.784 millones; tiene una deuda pública total que equivale al 64,5% del PIB, en tanto que la deuda pública neta representa el 31% del PIB. El país tiene un desempleo de 8,4%; inflación de 8,2% (contra 54,7% de Argentina a marzo), y el FMI y el Banco Mundial, además de Cepal y CAF, pronostican crecimiento económico en 2019 y 2020. Con respecto al déficit fiscal, el último comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiente al «Resultado del Sector Público a marzo de 2019», señala que «en los doce meses móviles a marzo 2019, el resultado del Sector Público No Financiero se ubicó en -2,1% del PIB, mostrando una mejora de 0,1% del PIB respecto del mes anterior. Esta cifra incluye el efecto del ingreso de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social registrado desde octubre 2018 en el marco de lo previsto en la Ley Nº 19.590, que asciende a 1,5% del PIB. El resultado global del Sector Público Consolidado se situó en -3,0% del PIB».
La guerra comercial, la apreciación mundial del dólar y el factor Argentina
Un conjunto de factores que se han comentado en otras notas, pero fundamentalmente el factor Argentina, han impulsado al alza la cotización de la divisa norteamericana dólar en nuestro país.
Como se ha reconocido unánimemente, nuestro Banco Central del Uruguay (BCU) ha reaccionado ágilmente y con prudencia a los movimientos del mercado cambiario mundial y regional.
Por tal motivo, es más que prudente que haya procedido a dejar que el precio del la divisa norteamericana suba, a efectos de contrarrestar los efectos negativos de la devaluación argentina (nuestro cuarto importador a abril 2019, y el quinto en el año 2018) en nuestras ventas de bienes, en el turismo, en los intercambios fronterizos, y en el comercio de servicios; y salir a vender divisas (que llegaron a totalizar unos US$ 400 millones) para evitar que llegara a cotizarse a $ 36.
Así fue que, luego de sobrepasar ese límite establecido, el dólar interbancario vendedor cerró a $ 35.036 el 7 de mayo, en tanto que en pizarras cotizaba a $ 35,80.
El dólar se devaluó en Argentina un 138% desde diciembre de 2017 (fecha de la asunción de Mauricio Macri), en tanto que cayó 21% en Uruguay.
Las preguntas son dos: ¿cómo combinará el BCU una mayor devaluación que parece inevitable (y que es requerida por todos los involucrados, excepto, obviamente, los importadores) con su impacto en la inflación y hasta cuánto se permitirá la apreciación del dólar, un fenómeno que no es del gusto de ningún gobierno y menos en un año electoral?
A la primera pregunta debe agregarse que el BCU comunicó que, al llevar adelante una «política monetaria levemente contractiva», estaría priorizando el crecimiento de la actividad económica por sobre la inflación. Esta señal podría extenderse al tratamiento del dólar.
A nadie podría extrañar que el dólar llegase a cotizar en $ 40 a fin de año, ya pasado el ciclo electoral.
Tanto la suba del precio del dólar como el alivio de la política monetaria contractiva redundan en una mayor actividad económica (con efecto en el empleo y en el consumo), y estas son buenas señales en cualquier período, pero más en un año electoral.
La economía mejorará con estos datos, que se suman a la buena cosecha que se aproxima y con la construcción del Ferrocarril Central.
Seguramente la sensación gélida que muchos viven está pidiendo estos alivios.