Impedir el «golpe de muerte» del sector sucroalcoholero en Bella Unión y Paysandú

El conflicto surge ya que se evalúa que se está elaborando un proyecto de ley que modifica la de agro combustibles, una situación que llevará a prescindir de biodiesel en el gasoil, que redundará en pérdidas de puestos de trabajo.

Consultado sobre los posibles logros alcanzados en el sector, durante gobiernos anteriores, el dirigente recordó que “la industria azucarera en el país tiene más de 60 años”.

En este sentido agregó que, luego de la crítica situación que se originara en 2005 con Canut y en un marco jurídico complejo, llevó a que se solicitara la intervención del Estado, que permitió la estatización, donde asume Alcoholes del Uruguay (Alur), que es una empresa subsidiaria de del grupo Ancap,

Entre las primeras cuestiones trabajadas se encontraba, agregó el dirigente, la diversificación energética, para lo cual se trabajó en la producción de etanol y biodiesel.

“Una clara visión estratégica del país en el marco de la sustitución de importaciones y de alguna forma garantizar, algo que es tan importante para una zona del país tan compleja como es el norte, que fue la generación de puestos de trabajo, eso ha sido fundamental en este proceso”.

El proceso tuvo contradicciones y situaciones de conflicto, expresó, lo que hizo que siempre hubiera una posición crítica por parte del sindicato, aunque también de contribución al proyecto que se había iniciado.

“Veíamos todo lo que significaba la concepción de este proyecto, su impacto en la sociedad y sobre todo, que permitía preservar la industria azucarera, ya que no se quería que la producción de biocombustible opacara de todo la producción de azúcar que es la producción de alimentos”.

Belén ratificó el carácter estratégico de la producción de biocombustibles y señaló que “hoy es impensable dejar de producir etanol” por su carácter ecológico y su sentido estratégico.

“Claramente se ha demostrado que es una industria que no solo sustituye importaciones, sino que nos da soberanía, mejora ecológicamente las condiciones y ni que hablar de la generación de puestos de trabajo”, añadió.

Consultado sobre los argumentos que se esgrimen en el nuevo proyecto de ley para prescindir del biodiesel, Belén señaló “nosotros tenemos un marco jurídico que garantiza un nivel mínimo de mezclas, tanto en el biodiesel, como en el bioetanol de un 5%, caso este en el que claramente sustituye la importación de un 5% en la producción de biodiesel, en el caso nuestro estamos hoy en un nivel de un 9,8% en las mezclas, cada litro de nafta que pone cada uruguayo tiene un 9,8% de etanol producido tanto en Bella Unión como en Paysandú, eso también significa sustitución de importaciones”.

“Lo que se ha hecho desde marzo hasta acá”, agregó, “es un marco jurídico por un decreto que mandata a bajar lo que dice la ley lo que es un golpe de muerte para el sector sucroalcoholero en Bella Unión y Paysandú”.

Destacó que la Ley de Urgente Consideración (LUC) donde “se intenta reformular todo el mercado de los combustibles” y se cuestiona y se empieza a hablar de precio de paridad de importación que es un cálculo teórico, donde marca cuánto valdría un litro de gasoil, nafta y otros combustibles”.

“Nosotros estamos de acuerdo en la baja del combustible, estamos con lo que señala la Federación de ANCAP de que se puede bajar los combustibles, transfiriendo la carga impositiva a los grandes movimientos económicos y no a la producción del combustible, porque el precio de este se marca por una mayor carga impositiva que sabemos refleja el impacto social para todos los uruguayos en el transporte, la salud, el subsidio de los boletos, etc.”

Con lo que se discrepa, señaló, es con los mecanismos que se proponen para esa baja del precio de los combustibles y lo ejemplifica con lo informado por una comisión especial creada por el Ejecutivo de forma unilateral y sesgada a sus ideas acerca de cómo encaminar la baja de los precios de los combustibles.

Estos mecanismos, explicó, afectarían directamente el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

“Tenemos que el costo que se paga para bajar ese precio es muy alto y es de un costo social mayor, y en esto radica la complejidad de esta situación, el precio de paridad de importación no toca solo biodiesel porque el etanol ayuda a la producción de azúcar, el precio que pagamos por el etanol subsidia la producción de alimentos y la generación de trabajo”.

Una generación de puestos de trabajo, detalló, que se acerca a cerca de casi 3000 puestos de trabajo, lo que significa para bella unión y Paysandú una afectación muy grande ya que se vive prácticamente de esta producción de etanol y biodiesel, sin considerar las riquezas indirectas que se generan con la misma.

En lo que se refiere a las ganancias destacó que se ha generado superávit “porque las transferencias que se hacen a partir de que ANCAP no compra combustibles cada año con el mismo dinero se produce más ya que se mejoran los rendimientos agrícolas, algo que ha quedado demostrado y los rendimientos industriales”.

Al referirse a los posibles contactos realizados para plantear la posición del sindicato, Belén expresó “Nosotros estamos trabajando con la Federación de ANCAP y no solo de ahora e integramos la coordinadora de los sindicatos de ANCAP, ya que de una u otra forma, pertenecemos al complejo ANCAP, esa coordinadora ha generado todo tipo de reuniones desde marzo del 2020 hasta acá, incluso con Presidencia, los planeos apunta a la defensa de ANCAP estatal y pública y con una visión social (…) lo que hemos visto en este proceso es que se ha intentado imponer por la vía de los hechos la desmonopolización de ANCAP, primero en el borrador inicial de la LUC,  y luego por la ley de presupuesto que termina desmonopolizando en puertos y aeropuertos (…) en todas las gestiones hemos planteado lo mismo, la defensa de la industria y el compromiso de su mejoramiento (…) en contrapartida la respuestas dada en la vía de los hechos, como en el caso del decreto presidencial (…) se avanza hacia un golpe de muerte para toda esta zona de Bella unión y Paysandú”.

Lejos de lo que ha afirmado la comisión creada, la importancia de esta industria no radica, como lo expresan sus ganancias, en su valor social, que sin dudas lo tiene, detalló, “hay un antes y un después, en lo que respecta a lo que significa la comisión de expertos ya lo hemos hablado con todos los involucrados y hoy en la vía de los hechos se avanza de forma nefasta sobre lo que significó todo este proyecto y la inversión realizada por todos los uruguayos para ello, la situación pasa a ser, para nosotros de defensa, estamos abiertos al diálogo, vamos a buscar canales de diálogo (…) pero queremos también esto se va a sostener si la población y el pueblo trabajador entienda y defienda sus industrias”.

“No estamos proponiendo un enfrentamiento”, aclaró, “ni buscando el conflicto, si hay contradicciones con lo planteado, que genera estas fricciones y donde el movimiento sindical obrero no se quedará quieto, porque supondría condenar a muerte el proyecto en su conjunto”.

El plan de acciones subsiguiente, señaló, apunta a generar nuevamente las diferentes rondas de discusiones y negociaciones con todos los actores y autoridades, “tratando que vean de alguna manera, no de forma economicista, sino de forma puntual y estratégica, con las correcciones que sean necesarias y se logren acuerdos, que no signifiquen cierre de plantas ni sacar trabajadores”, si esto se alcanza, agregó, “estamos dispuestos a conversar lo que sea”, concluyó enfatizando el dirigente sindical.