La jueza Iriana Iriarte ordenó el allanamiento de la residencia del sentenciado por 28 causas de muerte. Durante cinco horas, se hizo cargo de la abundante documentación relativa a la inteligencia militar de los años 1973 a 1984.
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Gavazzo se ufanó de esa pertenencia en el curso de una extensa entrevista publicada el domingo por el diario El País, en la que justificó la aplicación de tortura, los métodos que prefería y sostuvo que ‘no hay guerra sin tortura’ obviando el real terrorismo de Estado en Uruguay en la época referida.
La documentación será analizada ahora por el fiscal especializado solicitante, Ricardo Perciballe, para ver si se encuentran nuevos datos a la causa que investiga la jueza Julia Staricco, letrada de Primera Instancia de Montevideo.
En paralelo, representantes del Partido Comunista presentaron una denuncia formal contra Gavazzo por ‘apología al delito’, plasmada en la entrevista al citado medio de comunicación pública.
Un día antes del allanamiento, otra jueza le repuso al ex militar la tobillera y la custodia militar que antes retiró debido a presunto problemas de salud alegado por el abogado defensor del prisionero.
El beneficio inicialmente concedido desató críticas en el Frente Amplio y en organizaciones de derechos humanos y de familiares de detenidos desaparecidos que realizaron el sábado una vigilia de protesta.
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