Los uruguayos se quejan de derogaciones de beneficios en el uso de tarjetas de débito y crédito provocadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Así lo revela un informe publicado por la Unidad de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sobre reclamos presentados por los consumidores a aquella dependencia.
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El economista Aníbal Peluffo, integrante de la Comisión Técnica Asesora de la Asociación de Bancarios (AEBU), señaló a Radio Camacuá, que por primera vez, en 2021, se registraron críticas de consumidores sobre diferencias de precios según se pagaran las compras con tarjetas de débito, tarjetas del Mides u otros instrumentos electrónicos o se lo hiciera en efectivo.
Peluffo, cuyas declaraciones fueron publicadas por el portal de AEBU, indicó que una de las quejas refirió a la exigencia de un monto mínimo de compra para aceptar pagos con medios electrónicos, conducta comercial prohibida por la Ley de Inclusión Financiera y que la LUC habilitó desde 2020, para perjuicio de los consumidores. De esta forma, la libertad de que gozaban millones de consumidores para elegir los medios de pago fue transferida a los vendedores, con el resultado antes enunciado.
Tras la entrada en vigor de la LUC, explicó, “los comercios pueden cobrar precios distintos de acuerdo al medio de pago que se emplee, y ofrecerte pagar más barato si se abona en efectivo, o ‘por menos de tanto no acepto pago con medios electrónicos’. Esto apareció en el reporte como una novedad y lo curioso es que la gente pensaba que era algo ilegal, pero el marco nuevo establecido por la LUC permite que pueda hacerse”.
De esta forma, un reporte del propio gobierno demuestra cuán desconocidas son las consecuencias de la LUC para el ciudadano común y la sorpresa con que este se manifiesta al sufrirlas en carne propia.
A criterio de cada uno
La legislación actual deja a criterio de cada comercio fijar un mínimo para la aceptación de los medios de pago electrónicos, con lo cual queda desvirtuada la intención de la anterior conducción económica de equiparar todos los medios de pago.
Más adelante indicó que la Ley de Inclusión Financiera contenía un impulso de formalización de las actividades comerciales y los servicios.
“Si la mayoría de las transacciones están registras electrónicamente en un sistema, es más difícil que estas se hagan en negro”, precisó.
Si se atiende a este concepto se concluye que la LUC alienta las transacciones en negro -por las cuales tantas organizaciones comerciales abogaron-, al igual que sucedió con la elevación del límite para las operaciones en efectivo, que de U$S 4.000 se elevó a 100 000.