Inisa: más encierro, menos educación

Andrea Venosa, abogada diplomada en Derechos Humanos de las mujeres y en género y políticas públicas, asumió la dirección del INISA por el Frente Amplio en julio de 2020. En diálogo con Caras y Caretas aseguró que el instituto está sufriendo grandes recortes presupuestales, aumento de las políticas represivas y una lógica de militarización desde que Cabildo Abierto llegó a la presidencia.

¿Cómo afecta la Ley de Urgente Consideración al INISA?

Asumimos el 24 de julio con 270 adolescentes en privación de libertad y habiendo pasado casi dos meses tenemos 293 adolescentes, un aumento del 10%. Concomitantemente con esto se está reduciendo el número de adolescentes no privados de libertad. En el Código de Niñez y Adolescencia (CNA) hay dos tipos de medida que los jueces pueden imponer: privativas y no privativas de libertad. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en sus artículos 37 y 40 que tenemos que tender a las medidas no privativas de libertad porque los adolescentes están en una etapa de su desarrollo en la que la privación puede impactar y afectar mucho su desarrollo. Como país estamos obligados a cumplir esa convención, que además establece que la privación de libertad tiene que ser el último recurso. La LUC da pasos hacia atrás, la convierte en la primera medida y aumenta las sanciones privativas de libertad. La máxima pena en Uruguay era hasta 5 años y la aumenta a 10 años. La pena mínima era de 1 año y ahora es de 2. Pero, además, establece que los jueces deben ver aquellas circunstancias que agravan la pena y no las que atenúan, como estaba establecido en el CNA. Por otra parte, deroga la suspensión condicional del proceso que era un instituto muy utilizado por los fiscales que pedían suspender el proceso y establecían condiciones al adolescente para que continuara no privado de libertad. Se va hacia un punitivismo más crudo.

Una medida que se discute mucho es la de mantener o eliminar los antecedentes de los menores de 18 años. La LUC establece que para ciertos delitos no se puedan borrar. Tu postura es la contraria, ¿por qué?

El tema de los antecedentes viene de las recomendaciones internacionales y las obligaciones que tiene el Estado. Tiene que ver con no estigmatizar a ese adolescente que pudo haber caído en esa etapa de su vida en redes delictivas adultas porque el Estado no ha llegado a darle oportunidades.

Los cambios que introdujo la LUC, que tienen un claro enfoque de recrudecimiento de la pena, parecen ir en contra de la política socioeducativa y de reinserción que venía implementando el INISA.

Es un retroceso gigante en los derechos de los adolescentes y en las obligaciones del Estado como la reinserción social y la implementación de medidas socioeducativas para que los y las adolescentes tengan oportunidades educativas y laborales. El INISA viene trabajando en esa línea, pero con un recorte presupuestal fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con convenios con organizaciones sociales, se dificulta. En 2019 se ejecutaron 45 mill de pesos para esos convenios, con el presupuesto actual se llega a 21 millones, menos de la mitad. A las organizaciones se las audita todo el tiempo, se les paga por adolescente atendido, hay una rigurosidad enorme en las liquidaciones y una evaluación del trabajo. Con el recorte no vamos a poder cumplir con las medidas socioeducativas. Lo que tenemos para ofrecerle a los adolescentes es más encierro, menos actividades socioeducativas y una baja de la calidad de la alimentación. La presidenta, de Cabildo Abierto, comenzó en abril a cambiar la calidad de la alimentación. Hay técnicos de la institución que nos advierten posibles problemas de salud por este tema. El INISA venía en los cinco años anteriores brindando una alimentación sana, complementaria, muy variada y de muy buena calidad.

Estas modificaciones vinieron acompañadas de un recorte presupuestal, ¿qué tan profundo es?

Se están recortando rubros básicos como la alimentación. Ya con el decreto de marzo de reducción de un 15% del presupuesto veníamos con recortes, pero ahora es más crudo porque el proyecto que envía el Ministerio de Economía y Finanzas al Parlamento es de una baja del 30% en el rubro alimentación y una baja del 20% en funcionamiento, sin tener en cuenta la inflación. Antes los presupuestos se iban actualizando por el IPC y en esta ley no se establece el reajuste, por lo tanto hablamos de una pérdida real en funcionamiento de 35% y en inversiones un 80%, que es dinero con el que el INISA contaba para mejoramiento de las obras. Estos recortes y la ausencia de presupuesto han causado que a esta altura del año 2020 INISA tenga un déficit en los gastos de funcionamiento de 80 millones de pesos, que al no permitirse que se cubra con refuerzos desde el Ministerio de Economía y Finanzas, existe el peligro de que en los últimos meses del año no se cuente con rubros para alimentación, vestimenta y productos de limpieza para los centros donde viven los adolescentes. La Institución de Derechos Humanos viene observando en reiteradas ocasiones que el INISA debe mejorar los edificios que hoy no son dignos para el desarrollo de los y las adolescentes. La mayoría de los edificios datan del siglo XIX, son muy antiguos. Otros, construidos en 2013, ya no tienen condiciones dignas por falta de mantenimiento y errores de diseño y construcción. En la administración anterior se hizo un proyecto de centro por medio de un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero el actual Gobierno quitó esos créditos a INISA. Con un recorte del 80% no se van a poder hacer tareas de mantenimiento mínimo que requieren los edificios.

Además del presupuesto y la LUC se ha hablado de que los mandos medios de la institución fueron corridos de su cargo y se pusieron personas nuevas. ¿Cómo afecta a la institución la falta de carrera administrativa?

El año pasado se aprobó por ley la estructura orgánica y el estatuto del funcionario del INISA. Este año debería haber empezado la carrera administrativa, los concursos, pero no fue posible con el cambio de administración. Se entendió que con el recorte presupuestal el concurso iba a tener un costo que no se podía afrontar. Ese fue el mensaje que se dio desde el Ejecutivo. Entonces, mandos medios que estaban muy bien preparados, que incluso se habían ido a formar al extranjero, fueron removidos y se colocaron otros mandos que tienen simpatías o vinculaciones con la coalición de gobierno. Nos enfrentamos a la desarticulación de cosas que venían funcionando bien. Vemos con preocupación que algunos asesores de la presidencia de INISA se corren de su rol y aparecen en los centros a altas horas de la noche, con linternas, a despertar a los adolescentes para ver si están en sus lugares, para ver si los funcionarios están cumpliendo su tarea. Una cuestión de persecución. Incluso he recibido mensajes de texto de otra asesora que amenaza y hostiga a los funcionarios.

¿Cómo puede afectar a los adolescentes este tipo de acciones de vigiliancia inquisitiva?

Tenemos una forma de trabajar desde dirección que implica ir por los centros todas las semanas y conversar con los chiquilines. Se sienten muy perjudicados y temerosos de esas actitudes que ven más tensas o violentas de parte de los funcionarios. En julio fuimos citados por la Comisión de población y desarrollo del Parlamento por esas actitudes de los asesores que estaban generando tanto en trabajadores como en adolescentes situaciones bastante incómodas y feas.