Por Carlos Peláez
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La intendencia de Maldonado solicitó anuencia a la Junta Departamental para crear un fideicomiso por 35 millones de dólares con el objetivo de realojar al asentamiento Kennedy donde viven unas 2.000 personas. Se descuenta que apenas retome su actividad en marzo el Legislativo lo aprobará porque el Partido Nacional cuenta con la mayoría necesaria. Sin embargo detrás de una propuesta que parece loable se esconde un intenso proceso de gentrificación, más deuda pública y el clientelismo político.
El asentamiento Kennedy, ubicado a continuación del parque El Jagüel, es la más visible expresión de la injusticia social en Maldonado. Parado exactamente en la esquina de la avenida San Pablo e Isabel de Castilla, se puede ver a un lado el impecable césped del campo de Golf de Cantegril Country Club rodeado de majestuosas residencias y exactamente del otro lado está la pobreza casi infame del asentamiento.
En 1961 Punta del Este fue la sede de la reunión del el Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), donde se constituyó la Alianza para el Progreso, que congregó a los ministros de Economía y Acción Social de los países miembros de la OEA. Eduardo Víctor Haedo, entonces presidente del Consejo Nacional de Gobierno (colegiado), fue el gestor de esa conferencia ya que pretendía colocar en la portada de los principales diarios del mundo a un balneario que comenzaba a desarrollarse a impulso del argentino Mauricio Litman.
De esa reunión participó Ernesto Che Guevara, entonces ministro del novel gobierno revolucionario de Cuba, quién se convirtió en la figura más destacada del encuentro. Pocos meses antes EEUU había apoyado la invasión de Bahía Cochinos donde los contrarrevolucionarios fueron derrotados. Esa derrota indujo al presidente John F. Kennedy a crear la Alianza para el Progreso a los efectos de ofrecer a los países latinoamericanos unos 20.000 millones de dólares en préstamos para vivienda, salud y educación, que tenía como objetivo “una revolución pacífica”.
Fue en ese marco y en ese invierno que nació el “Pueblo Obrero Presidente Kennedy” que entonces estaba lejísimo de Punta del Este y más de Maldonado. El nombre se eligió “en honor” de la ayuda que dio entonces el gobierno de EEUU. La ayuda consistió en una bomba para extraer agua potable; una sierra circular y cables para instalaciones eléctricas. Cuentan viejos vecinos del lugar que también donaron un jeep, que nunca se supo dónde fue a parar, si alguna vez vino.
Los primeros habitantes de esas tierras municipales fueron unas 30 familias de trabajadores que construían el campo de golf, ubicado enfrente. Con el paso del tiempo y los sucesivos “boom” de la construcción, las casi 66 hectáreas que componen el predio fueron ocupadas por trabajadores, principalmente de la construcción. También fueron asentados allí los viejos residentes del asentamiento La Pastora, exactamente donde hoy está el hotel Enjoy. Allí y en forma desordenada, porque no había fraccionamiento ni servicios, fueron construyendo sus ranchitos. Aunque hay un pequeño grupo que tiene la propiedad de la tierra donde levantaron sus casas. Y más acá en el tiempo el abandono gubernamental al que fueron sometidos durante años hizo que también se convirtiera en guarida de delincuentes. No hay saneamiento, pocos tienen agua potable y luz, las estrechas calles internas son de tierra. El abandono era tal que -a modo de ejemplo- recién en 2010, los niños de ese lugar contaron con una línea de ómnibus que los trasladaba a la escuela del Tanque, la más cercana, ubicada a unos 3 kilómetros. Durante 50 años los escolares tuvieron que hacer ese recorrido a pie, ida y vuelta.
La intendencia invertirá 50 millones de dólares para trasladarlos a otros loteos
Según informó el diario Correo de Punta del Este, el 28 de diciembre pasado el intendente de Maldonado Enrique Antía, acompañado por varios directores, se presentó en la Junta Departamental con un expediente de 55 fojas. Ese expediente era una solicitud de anuencia “para contraer un crédito de 35 millones de dólares, monto que será empleado para realojar a las familias del barrio Kennedy en un plazo que no durará más allá de la presente gestión de gobierno”, es decir, 2025..
La suma total será de hasta US$ 35:000.000 pagados en quince años con un período de gracia de 54 meses para amortizar el capital. El dinero se obtendría de un fideicomiso en el que la Corporación Andina de Fomento (CAF) aportará 28 millones de dólares en tanto el BROU pondrá 7 millones de la misma moneda.
En tanto el prosecretario de la intendencia, Álvaro Villegas, dijo que “los aportes al fideicomiso estarán constituidos por el flujo futuro de cobranza de tributos y de otros ingresos departamentales en cantidad suficiente para el repago de estas obligaciones. Entre las sumas que el gobierno departamental adelantará para el pago de intereses y la amortización de capital, está lo que deje el producido por la venta de un predio de 34 hectáreas formado por el que actualmente ocupa el barrio Kennedy y un predio lindero a este que se prolonga hasta la avenida Aparicio Saravia, por el que se estima se obtendrán unos diez millones de dólares”.
A ellos hay que agregar otros 10 millones que se invirtieron en la compra de la tierra adonde serían trasladados los actuales ocupantes y otros 5 millones para obras de infraestructura.
El nuevo fraccionamiento se ubica sobre la ruta perimetral a un lado de lo que quedó de la pista del aeropuerto de El Jagüel. Ellos dicen a “10 cuadras de la ciudad de Maldonado”. En realidad está a esa distancia de la planta urbana, pero en el fondo de la ciudad. La intendencia tiene previsto construir unas 500 viviendas a un costo unitario de 55.000 dólares.
Cómo se controlará que las construcciones sean correctas, que no se gaste más, y no haya “fugas”, el cumplimiento de plazos y la adjudicación a las empresas constructoras, es toda una incógnita. Sobre todo en un gobierno donde el término transparencia es inexistente. En febrero de 2021 la Junta Departamental ya había aprobado un fideicomiso a 15 años por 95 millones de dólares que servirían para “licuar” su abultado déficit. Más los 35 millones que pretenden ahora por el mismo plazo, eleva la deuda que deberán enfrentar futuros gobiernos a 130 millones de dólares. Y ello a pesar de que cada año recauda más. Su presupuesto quinquenal se eleva a mil millones de dólares para los 5 años a cargo de Antía.
Gentrificación y corrupción
El término gentrificación se refiere al proceso de transformación de un espacio urbano deteriorado o en declive, a partir de la preconstrucción o rehabilitación con mayores alturas que las existentes, lo que provoca un aumento de los alquileres o del coste habitacional en estos espacios. Eso induce a que los residentes tradicionales abandonen el barrio y se afinquen en espacios más periféricos, lo que produce que este “nuevo” espacio termine por ser ocupado por clases sociales con mayor capacidad económica que les permita afrontar estos nuevos costes. Este proceso tiene especial relevancia en los últimos años en ciudades con importante potencial turístico y relevancia económica.
El término es un neologismo que procede del inglés. Deriva de gentry, una clase social histórica inglesa de composición mixta entre la baja y media nobleza que viene a ser equivalente a la hidalguía española, y los propietarios de tierra plebeyos. Lo utilizó por primera vez la socióloga Ruth Glass en 1964, al estudiar los cambios sociales que se presentaban en Londres en relación con el territorio, según Wikipedia.
Si en un lugar se puede aplicar el término gentrificación con exactitud ese es Maldonado. Para explicarlo con claridad, desde principios de los 90 los pobres han sido usados para desvalorizar el precio de la tierra que después un “inversor” casi siempre ligado al gobierno comprará a precio vil y luego hará su negocio. Pero el resultado final es que los pobres son alejados, cada vez más, del centro de la ciudad. Así ocurrió en dictadura con Maldonado Nuevo, donde se estafó a centenares de promitentes compradores con un fraccionamiento que no había sido aprobado ni tenía servicios y que terminó siendo regularizado durante el gobierno del frenteamplista Oscar De los Santos. Los vecinos vivieron años en el fondo de la capital departamental junto al basurero de Maldonado, trasladado por Domingo Burgueño (PN) en 1990. A principios de los 90 comenzó a crecer el asentamiento Cuñetti, ubicado en un predio donde estuvo la granja del mismo nombre por avenida Wilson Ferreira Aldunate al norte. Una investigación sobre asentamientos realizada por la arquitecta Isabel Viana demostró que los primeros ocupantes habían sido trasladados por orden del intendente Burgueño en un camión de la intendencia. En ese lugar llegaron a vivir unas 2000 personas en condiciones inhumanas. El precio del predio se depreció y fue adquirido a precio vil por un grupo liderado por un dirigente nacionalista, que mucho después terminó vendiéndolo a la intendencia para construir viviendas. A mediados de los 90 el entonces intendente Burgueño compró en forma directa un lote enorme que fraccionó para construir el barrio Cerro Pelado. Por ese lote pagó casi dos millones de dólares a su propietario Camilo Tortorella, quien dos años después sería su primer suplente y luego intendente cuando Burgueño falleció. Antes que el fraccionamiento estuviera pronto se construyó una enorme estación de servicios propiedad de Carlos Varela, un prestamista y empresario muy cercano al intendente. Y también se adjudicaron varias líneas a una nueva empresa de transporte de pasajeros, propiedad de un hermano del diputado blanco José Hualde, ambos hijastros de Burgueño y de un hijo de Miguel Galán, histórico dirigente nacionalista.
Cerro Pelado fue una infame muestra de clientelismo político. Para las elecciones del 94 la publicidad de Burgueño invitaba a radicarse en Maldonado “donde hay casa y trabajo” para todos. Pero para acceder a una de esas casas primero había que trasladar la credencial cívica y luego sortear diferentes etapas para demostrar fidelidad al voto. Una de ellas era colocar distintivos del PN en el frente de las casas.
Hubo un tiempo en que muy pocos pagaban o revendían los derechos de ocupación. También fue De los Santos quien regularizó la situación y mejoró calles e infraestructura.
A principios de los 2000 un director de Viviendas de la intendencia, y exdirigente de Adeom, fue remitido a prisión después que se probara que cobraba coimas de hasta 5.000 dólares para adjudicar una vivienda. Pero detrás de él había una verdadera organización de personas todas vinculadas al gobierno departamental. La investigación judicial no pudo seguir porque el expediente “desapareció” del juzgado penal de 4º turno.
La propia intendencia define el proceso de gentrificación con el barrio Kennedy en su exposición de motivos para la anuencia que pide a la Junta.
“En una dimensión espacial más amplia, se ven beneficiados todos los habitantes de la ciudad ya que por un lado se desafecta la ocupación irregular de tierras muy cercanas a grandes inversiones de relevancia para la economía departamental. Hablando en clave socio-cultural, todos los más de 86.000 residentes en Maldonado se ven beneficiados de acciones e intervenciones que reducen la fragmentación residencial y aumenta la cohesión e integración social”, dice el documento.
Qué harán con el predio donde hoy está el Kennedy
Unos 10 millones de dólares vale, según la intendencia, la mitad de las 66 hectáreas de propiedad pública donde está el Kennedy.
En la otra mitad es muy probable que se instale una zona franca, tal vez vinculada a salud, que tiene gestiones avanzadas y estaría cerca de otra zona franca vinculada a tecnología, ya aprobada. Esos predios son entregados sin costo a los desarrollistas de las zonas francas para contribuir, según dicen, “a la creación de puestos de trabajo de calidad”. Esos emprendimientos gozan además de muchas exoneraciones tributarias.
O sea, sacan a los pobres de los lugares en que están radicados para entregar esas tierras a ricos empresarios.