Jorge Díaz: “Estoy en contra de la impunidad”

Hace varios años, cuando ejercía como juez en Paso de los Toros (Tacuarembó), Jorge Díaz se acostumbró a trabajar con música. Tras largas horas de audiencia en ese juzgado multimateria, llegaba a su casa y ponía música clásica para relajarse. Y arrancaba a escribir sus sentencias. Tras asumir como fiscal de Corte perdió ese hábito. Las tareas de gestión le demandaban todo el día, más en un momento de profundo cambio en el proceso penal. Pero en los últimos días, con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en marcha, las obras de Amadeus Mozart y de otros maestros empezaron a sonar en su despacho de la calle Paysandú. En diálogo con Caras y Caretas, el fiscal de Corte hizo un análisis del primer mes y medio de implementación del nuevo CPP. Reconoció algunas de las dificultades que debieron enfrentar los fiscales en este proceso, en particular, las falencias del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau), pero mantiene su defensa a ultranza de las virtudes del nuevo modelo procesal. Dijo que en este mes y medio se resolvieron casos complejos y se iniciaron varias investigaciones de mediano y largo plazo. Que el objetivo es combatir directamente al crimen organizado (el tráfico de armas, venta de drogas y trata de personas), pero sin descuidar la persecución de los casos de hurtos, rapiñas y homicidios. Y que el Estado en su conjunto debe involucrarse en esta batalla, para evitar que grupos criminales se apoderen de parte del territorio.   ¿La Fiscalía estaba preparada para la entrada en marcha del nuevo CPP? Estábamos todo lo prontos que podíamos estar en función de los recursos de los que disponíamos. Siempre si uno cuenta con más tiempo y más plata, es mucho mejor, pero la realidad es que en los procesos de discusión parlamentaria propusimos, en reiteradas oportunidades, incrementos de recursos y algunas veces tuvimos suerte y en otras no. En la famosa Rendición de Cuentas en que se decía que a la Fiscalía le habían dado todo y a otros (el Poder Judicial) no le habían dado nada, nos habían recortado 170 millones de pesos del proyecto enviado. Obviamente no nos podemos quejar porque la institución y el presupuesto han crecido durante estos cinco años. Además, siempre tuvimos claro que la definición del momento en que se comenzaba a aplicar la reforma era de naturaleza política. El sistema político definió con total claridad que el inicio era en junio, luego, a partir de una propuesta de la Fiscalía, decidió una prórroga hasta noviembre y éramos conscientes de que no existía posibilidad de una nueva prórroga.   ¿Existió alguna situación que lo haya sorprendido en este mes y medio? La Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia siempre dijimos que nos íbamos a encontrar con dificultades que no pensábamos y que aquellos problemas que creíamos que eran enormes no los íbamos a tener, porque íbamos a tomar las precauciones necesarias. Y así fue. Toda la discusión previa a la entrada en vigencia del CPP pasaba, por ejemplo, en si había que diligenciar pruebas o no para la disposición de las medidas cautelares; todos los ríos de tinta escritos antes de la entrada en vigencia se liquidaron en un día de aplicación. Todas las dudas sobre el sistema de audiencia, si iba a estar la víctima y el victimario, tampoco existieron: hemos tenido audiencias por delitos gravísimos en las que los padres de la víctima estuvieron presentes en la audiencia, con sus abogados, controlando la labor del fiscal y se hizo con total normalidad. El sistema comenzó a funcionar, desde el punto de vista jurídico, correctamente. Uruguay pasó de un sistema de una sola vía a un sistema con múltiples vías. Antes se iniciaba una investigación, si había pruebas existía un procesamiento y se terminaba con un sentencia, que en 98% de los casos era de condena. Hoy se arranca una investigación que puede derivar en cuatro vías: archivo provisional, aplicación del principio de oportunidad, derivación a mediación extraprocesal o un pedido de formalización que puede ser con o sin medidas cautelares. A su vez, después de la formalización, hay cuatro posibilidades: el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el proceso abreviado o el juicio oral y público. Es decir, hay ocho vías de solución de un conflicto penal, cuando antes existía una única vía que era una sentencia. Es un cambio cultural muy profundo que, confieso, pensé que iba a llevar mucho más tiempo que el que está llevando. Ver que en los primeros días los operadores del sistema de justicia, sobre todo fiscales y defensores, utilizaron todos los caminos me sorprendió gratamente. Pensé que la carga cultural que traíamos del juicio iba a tender a que todo el mundo llevara todo a juicio oral. Esa fue una sorpresa positiva.   ¿Qué dificultades se encontraron? Por ejemplo, el sistema informático (Sippau). Apostamos fuerte a un sistema informático que no ha dado los resultados que esperábamos, por lo menos en este primer mes y medio, y estamos trabajando fuertemente para revertir esa situación. Esto implica mejorar el sistema y hacer que los usuarios lo usen y lo acepten. Cuando el sistema falla en los primeros días, la desconfianza y el rechazo aumentan. Somos conscientes de que revertir esa situación llevará mucho trabajo. Ahí hay una dificultad importante. Y hemos tenido algún otro tipo de dificultades prácticas, como el tema de los reconocimientos. Antes había 40 personas detenidas en el Centro de Instrucción Criminal [CIC] y ahora sólo están las personas que la Fiscalía lleva, y nunca hay tantas. Hay cuestiones de instrumentación que se están aceitando, pero como dijo el doctor Jorge Chediak, este es un motor que está en ablande y que llevará su tiempo que esté funcionando a pleno.   Los fiscales han sido críticos del sistema de implementación y con la abultada carga de trabajo. ¿Es posible investigar con el actual sistema? Obviamente que sí. Los resultados están a la vista. Se han aclarado delitos graves.   ¿Cómo valora que de 5.000 casos que recibieron las Fiscalías de Otros Delitos muy pocos pudieron formalizarse? Antes, en el sistema antiguo, había 220.000 denuncias en sede policial, de las cuales sólo 40% llegaban al sistema de administración de justicia. Y cuando digo “llegar” al sistema de justicia digo una llamada telefónica y ahí terminaba. El 60% quedaba en sede administrativa y el sistema de administración de justicia ni siquiera se enteraba. De ese 40% que llegaba sólo se investigaba judicialmente 19% y, de este, solamente 9% terminaba en una imputación. Hoy, la ley establece que todas las denuncias, absolutamente todas, deben ser remitidas de inmediato a la Fiscalía y distribuidas entre los fiscales. El cambio cualitativo es que lo que antes quedaba allá ahora viene acá. Así lo estableció el legislador. Lo que instrumentó la Fiscalía fue un sistema informático que permite que cada denuncia presentada llegue automáticamente a las carpetas de los fiscales. Obviamente que de ese volumen de denuncias hay muchas que habrá que archivarlas porque no hay nada para hacer o no hay posibilidades de seguir adelante con una investigación. Pero habrá algunas en las que existen posibilidades y deben investigarse. Sin dudas se puede investigar. De hecho, durante este tiempo hubo investigaciones y formalizaciones, incluso de delitos complejos.   Usted ha insistido en la necesidad de promover investigaciones de contexto. ¿Es posible este tipo de investigaciones con este volumen de trabajo? Hay actividad que se está desarrollando que es de naturaleza reservada. Pero hoy se están haciendo investigaciones de mediano y largo plazo -incluso algunas que involucran a más de un fiscal- que demandarán tiempo y esperemos que terminen con éxito. Ese tipo de investigaciones (homicidios complejos, las de crimen organizado, de tráfico de armas o de trata de personas) lleva tiempo, no dan resultados de un día para el otro. Y para el sistema acusatorio comenzaron el 1º de noviembre.   ¿El Poder Judicial, en el anterior sistema, era efectivo en este tipo de investigaciones? No recuerdo que el Poder Judicial realizara, salvo en Crimen Organizado, investigaciones de contexto de mediano y largo plazo. Dependía de la autoridad administrativa (la Policía); ahora depende de la autoridad administrativa, pero también de la iniciativa de los fiscales.   ¿Qué se busca con estas investigaciones? En estas investigaciones hay que apuntar específicamente al crimen organizado: al tráfico de armas, la venta de drogas, la trata de personas. Los delitos que tienen mayor impacto y causan más daño. ¿Eso significa que el resto de los delitos no hay que investigarlos? Por supuesto que hay que investigarlos. No dije y no diré nunca que no hay que investigar los delitos contra la propiedad de menor magnitud. Hay que investigar todo lo que se pueda, pero hay que priorizar aquellos delitos que causan más daño, en aquellas organizaciones criminales que existen. Todos los días se pueden ver en la prensa algunos barrios donde hay dificultades importantes. Hay un dato de la realidad: en Uruguay tenemos una tasa de homicidios de siete u ocho cada 100.000 habitantes; Montevideo y el interior son dos realidades totalmente distintas, opuestas. Tenemos un interior -sacando la zona metropolitana- donde las tasas de homicidio son prácticamente de niveles europeos y Montevideo con dos realidades completamente distintas, la Zona 1 y la Zona 2, al sur de avenida Italia, donde las tasas de homicidio son bajísimas, y la Zona 3 y la Zona 4, que concentran la mayor tasa de homicidios de la historia de Uruguay (14 por 100.000 y 22 por 100.000). Hay una concentración fuerte porque ha existido una territorialización de organizaciones criminales que pretenden, no lo van a lograr, pero pretenden disputarle al Estado determinadas zonas del territorio. Ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. Los otros delitos también hay que atenderlos, pero hay que priorizar eso. Si nos quedamos sentados en nuestro despacho y atendemos todos los casos como si fueran iguales, sin tener en cuenta ni el lugar ni el origen, no vamos a dar una respuesta adecuada al problema de seguridad que existe. El principal problema de seguridad está concentrado ahí.   ¿Cómo visualiza, en ese contexto, el homicidio de un hombre sindicado como referente de un grupo de narcotráfico? No puedo dar información específica sobre el caso ni sobre investigaciones que se están dando. Pero de hecho, en el pasado, ya han existido enfrentamientos entre organizaciones criminales que han terminado con la muerte de personas que eran sindicadas como traficantes de importancia. Cada vez que algo de esto pasa hay un impacto. Muchas veces la detención o el procesamiento del líder de una organización criminal genera impacto. Todo eso se debe estudiar detenidamente y al detalle. Hay que tener en cuenta que una ficha movida allí genera impactos. El Estado no se puede retirar de ninguna zona del territorio; y cuando hablo del Estado me refiero a las fuerzas de seguridad -que tienen un rol por cumplir-, pero también de Salud Pública, Primaria, Secundaria, la intendencia, los centros Mides, los centros MEC. El Estado debe mantener su presencia en todo el territorio nacional y fundamentalmente en aquellos lugares donde hay mayores situaciones de violencia, porque ese es el diferencial de Uruguay con respecto a otros países. El Estado tiene presencia en todo el territorio nacional y esa es la primera batalla.   “Cada ficha que se mueve tiene un impacto”. ¿La Fiscalía y la Policía tienen que medir las fichas que se mueven? La Fiscalía y la Policía tienen que hacer su trabajo, pero no pueden hacerlo a ciegas. Tienen que hacer un trabajo conjunto porque jugamos en el mismo equipo: en el equipo de la ley, de la legalidad, de la Constitución, del orden. La Policía tiene una labor de prevención que es exclusiva de las fuerzas de seguridad, pero para que exista una verdadera política de seguridad la prevención, la represión, la investigación y la persecución penal deben estar directamente imbricadas, interrelacionadas y coordinadas. La Fiscalía tiene que estar informada de lo que está pasando. Y se tienen que desarrollar tareas de investigación conjunta: la Fiscalía y la Policía como su auxiliar, trabajando en equipo, para investigar y perseguir los delitos que se cometen en ese contexto. No puede ser una actuación ciega; tenemos que saber que cada hecho que pasa genera repercusiones, elaborar una estrategia y trabajar en base a ella.   ¿Existe la suficiente coordinación entre la Fiscalía y la Policía? La coordinación existe, pero es despareja en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en Maldonado, una vez por semana, los cuatro fiscales titulares con competencia en el nuevo CPP se reúnen con el Comando de la Jefatura y analizan lo actuado durante esa semana, cuáles fueron los principales problemas, las dificultades, los éxitos y en base a eso se sigue coordinado el trabajo. Eso lo califico como ideal. En otros departamentos existen dificultades importantes que debemos tratar de solucionar. La evaluación semanal es lo que permite la confianza, el intercambio de información; no puede haber descoordinación entre el auxiliar y el auxiliado. Se terminó el nosotros y el ellos; cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, hablamos de nosotros. En este empeño o triunfamos juntos o fracasamos juntos. El éxito de una investigación es lograr una condena.   ¿Cómo se logra que ese “nosotros” no implique habilitar que los órganos ejecutivos incurran en excesos? Primero, porque somos personas respetuosas del Estado de derecho. Pero, además, porque sabemos que si una investigación exitosa se logra con vulneración de derechos, no vamos a pasar el control judicial. El éxito no es aclarar un delito, el éxito es obtener una sentencia de condena. Y para eso tengo que pasar por un juez de garantía que lo primero que le preguntará a la persona detenida es cómo fue su detención y si se respetaron sus derechos. No nos podemos arriesgar a no pasar el primer escollo, que es el control de la legalidad de la detención, el buen trato. Obtener un éxito parcial, que puede ser “la confesión” de un delito y que después se caiga todo es fracasar. Hay que convencernos mutuamente de que cada vez que un fiscal entra a un juzgado a formalizar un caso o a presentar una acusación, entramos juntos. El resultado de su trabajo será el resultado del trabajo de todo un equipo, incluida la Policía.   ¿Esa visión garantista no choca con ese supuesto clamor de parte de la población de mayor represión? Estoy en contra de la impunidad. Estoy en contra de la impunidad de los delitos del pasado -clarito-, de la impunidad de los delitos del presente y de la impunidad de los delitos de siempre. Los delitos deben ser investigados y reprimidos. No porque sea fiscal, sino porque es mi concepción del derecho y de la justicia. Si lo queremos expresar en términos bélicos, hay que dar un combate contra la delincuencia. Ese es nuestro trabajo. Lograr la sanción de los responsables. Pero en un Estado de derecho eso se logra cumpliendo las leyes. No hay otra manera. El día que nosotros infrinjamos las leyes para perseguir a los delincuentes, vamos a ser tan delincuentes como los delincuentes.