Jueces, fiscales y defensores ratifican acuerdo con el Poder Ejecutivo

El conflicto salarial en el Poder Judicial comienza a llegar a su fin. Al menos en algunas de sus partes. La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (Amfu) y la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) alcanzaron el porcentaje de adhesión necesario para ratificar el acuerdo con el Poder Ejecutivo y cerrar, de esta forma, el extenso conflicto. A mediados de diciembre, el gobierno presentó una propuesta de acuerdo transaccional con los diversos gremios judiciales para solucionar el conflicto. Esa propuesta fue rechazada por todos los actores involucrados, por lo que la negociación se extendió algunos días. Finalmente, el Poder Ejecutivo logró un acuerdo con los jueces. El mismo tiene dos partes: una vinculada a la deuda salarial producida durante los años de conflicto y la otra referida a la readecuación salarial hacia el futuro. Sobre el primer punto, el gobierno se comprometió a reconocer la mitad de la deuda contraída en el período entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016, lo que se pagará en tres cuotas iguales y consecutivas en 2017, 2018 y 2019. Sobre el segundo punto, se acordó aumentar los salarios un 14% (a lo que se debe descontar el 8% ya incorporado al salario). Esto implica, en los hechos, un incremento salarial del 6%, de los cuales un 3% se otorgará en 2017 y el otro 3% en 2018. Como contrapartida, el Poder Ejecutivo puso como condición que el acuerdo sea ratificado por el 80% de la totalidad de los jueces –de forma de abarcar a la amplia mayoría de los funcionarios involucrados- y que se ponga fin a las demandas iniciadas ante los estrados judiciales. La fecha tope para recabar las firmas es el 10 de enero. En los días posteriores, el mismo acuerdo -con algunas pequeñas modificaciones- fue ratificado por fiscales y defensores públicos. En este sentido, según pudo saber Caras y Caretas Portal, los tres colectivos ya lograron el porcentaje de adhesión necesario para ratificar el acuerdo. En el caso de los jueces, el acuerdo fue ratificado por el 98% de los magistrados, dijeron fuentes judiciales a este medio. En tanto, entre los fiscales se obtuvieron más de 250 firmas, con lo cual la adhesión llegó a un 90%, confirmó la presidenta de Amfu, Dora Domenech. En el caso de los defensores públicos –donde existían menos certezas de llegar a las firmas– también se logró superar el umbral del 80%, dijeron fuentes gremiales a este medio. Ahora, estos colectivos comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss) sobre la ratificación del acuerdo. Antes del 15 de enero, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Parlamento para que habilite los créditos presupuestales especiales necesarios para poder comenzar a pagar estas partidas, que tendrán fecha de vigencia, en algunos de los casos, el 1º de enero de 2017. Los pagos con reajustes comenzarán a efectivizarse en febrero o marzo. Una vez que los jueces y fiscales reciban su nueva liquidación de salario y acepten el monto deberán firmar los recibos de sueldo que incluirán una declaración en la que se renuncia a la continuidad de los juicios contra el Estado. Quienes no ratifiquen el acuerdo podrán seguir adelante con los juicios salariales. En este sentido, un grupo de fiscales y de defensores públicos anunciaron a sus colegas que seguirán adelante con los juicios salariales, en procura de cobrar la totalidad de la deuda. El conflicto salarial se mantiene abierto con los funcionarios y actuarios judiciales. En estos casos, la negociación es más compleja para el Poder Ejecutivo, ya que el grueso de los integrantes de ambos colectivos tienen sentencias favorables -ya ejecutoriadas- en las que se ratifican los montos totales de la indemnización.