Justicia dictó prisión preventiva contra Balcedo y se dilata su extradición

El juez Especializado en Crimen Organizado de 4º Turno, Pablo Benítez, (actuando como juez de Feria) aceptó la formalización de la indagatoria penal contra el empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa y dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 120 días contra ambos. El fiscal de Maldonado Rodrigo Morosoli presentó este martes las conclusiones primarias de la investigación efectuada contra Balcedo y su esposa, a partir de la detención de ambos el pasado 4 de enero. En este contexto, el representante del Ministerio Público dijo tener elementos para imputar al matrimonio por los delitos de contrabando, tráfico de armas y lavado de activos. En su imputación, el fiscal aseguró que Balcedo y su esposa tenían un estándar de vida que no se ajustaba con sus ingresos. Por ejemplo, el fiscal presentó un informe de la Dirección General Impositiva (DGI) que establece que, entre 2008 y 2017, el flujo de egresos del matrimonio y las empresas asociadas alcanzó a la suma de 14,8 millones de dólares. Y repasó los bienes incautados a Balcedo durante los diversos procedimientos efectuados tras su detención, entre ellos, autos de lujo, dos propiedades, joyas y dinero en efectivo (unos 8 millones de dólares). Asimismo, el fiscal recordó que Balcedo -secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y propietario del diario Hoy de La Plata- fue imputado en Argentina por los delitos de apropiación ilícita, y se lo vincula con actos de extorsión y narcotráfico. Por estos hechos, el juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó la extradición de ambos para juzgarlos en Argentina. Morosoli alegó que los delitos imputados en Argentina son precedentes al lavado de activos, por lo que Uruguay tiene la potestad de investigar el origen de los fondos. En este marco, detalló los autos y camionetas de alta gama incautados en El Gran Chaparral, la residencia del matrimonio en Playa Verde (Maldonado), entre ellos, un auto Mercedes McLaren -matricula uruguaya-, una Ferrari California -matricula uruguaya- y un Porsche Boxter S -matrícula argentina-, entre otros autos y camionetas, así como una moto niveladora, una retroexcavadora y un tractor cortador de pasto, todos marca John Deere. Asimismo, el fiscal detalló joyas y bijouteri de marca incautadas en el procedimiento, entre ellos, una cartera Louis Vuitton, que tenía unos 10.000 dólares en su interior. También se incautaron armas. Morosoli también mencionó el dinero encontrado en los cofres fort: en el primero, 1.389.700 dólares; en el segundo, 1.150.000 dólares; en el tercero, 1.310.000 dólares y cuatro monedas de color dorado (posiblemente oro); y en el cuarto, 2.370.000. En el quinto cofre fort se incautaron acciones y documentación societaria de tres personas jurídicas; esta documentación es investigada por las autoridades. El sexto cofre fort estaba vacío. Asimismo, el fiscal fundamentó los altos egresos del matrimonio con los pagos al personal de servicio. Por ejemplo, se refirió al pago de 2.500 dólares al mes a las niñeras que se encargaban del cuidado de los tres hijos del matrimonio, así como los pagos de 5.800 dólares al mes al personal trainer de la esposa de Balcedo, quien viajó con el matrimonio a Tahití, Aruba, Estados Unidos y la República Argentina. En este marco, el fiscal fundamentó la imputación. Afirmó que el informe del Servicio de Material y Armamento (SMA) del Ejército establece que ninguna de las armas estaba registrada en Uruguay y que dos de ellas estaban registradas en Argentina. “Es decir, el imputado Balcedo tenía depositadas en su domicilio armas de fuego y municiones que ingresaron a nuestro país provenientes de la República Argentina, sin autorización administrativa y contraviniendo normas legales”. El delito de contrabando, en tanto, se configura porque varios de los autos y camionetas incautados en el procedimiento ingresaron en forma ilegal al Uruguay. “Resulta incontrastable que los vehículos con matrícula argentina incautados en los allanamientos ingresaron al territorio aduanero uruguayo en forma clandestina. Sobre este punto los informes de la Dirección Nacional de Aduanas despejan toda duda”, argumentó Morosoli en su dictamen. En este contexto, el fiscal también imputó el delito de lavado de activos: “Tan importante cúmulo de bienes muebles e inmuebles y transacciones financieras y comerciales relevados e incautados en apenas tres semanas de investigación, sumado a la indagatoria argentina que culminó con una solicitud de extradición, permiten concluir sin esfuerzo que el origen de los fondos con que fueron adquiridos es de inequívoca naturaleza ilícita”. “En el caso, la conversión efectuada por los imputados de fondos ilícitos en diferentes bienes y propiedades, amén del ocultamiento de dinero efectivo en cofres fort, los hace ingresar 33 sin esfuerzo en las previsiones de los artículos 54, 56 y concordantes del decreto ley 14.294 y sus modificativas”, señaló Morosoli. Ante la gravedad de los delitos imputados y el eventual riesgo de fuga de los dos imputados, el fiscal solicitó una medida cautelar de privación de libertad por 150 días. Pedido humanitario El juez Benítez estableció una medida cautelar de prisión preventiva contra el matrimonio por 120 días. Ese tiempo estará destinado para la continuidad de la investigación sobre los bienes y el entramado de empresas de Balcedo en Uruguay. El fiscal no se opuso a esta decisión, pero la defensa -ejercida por los abogados Victor Della Valle y Alejandro Balbi- cuestionó la medida y alegó su total desacuerdo con la misma. La defensa afirmó que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) establece la excepcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva y argumentó que el matrimonio está embargado, por lo que su capacidad económica está disminuida y sus pasaportes fueron retenidas por las autoridades, para evitar un eventual egreso del país. Además, se señaló que Balcedo y su esposa no son extranjeros “golondrina” que llegaron al país, sino que tienen un arraigo en Uruguay, ya que hace once años residen en el país, y sus hijos hace siete años que concurren a un instituto privado en Punta del Este (Maldonado). Pero tras una reunión con sus clientes, la defensa decidió pedir exclusivamente una medida cautelar no privativa de la libertad para la esposa de Balcedo, en virtud de la necesidad de mantener la custodia de sus tres hijos menores de edad -uno de 2 años-, que están bajo custodia de su tía. Para esto, la defensa alegó cuestiones humanitarias y presentó una pericia psicológica de los niños -elaborada por profesionales argentinos- en la que establece que padecen sufrimiento y aislamiento por la parafernalia de la detención y el estar lejos de su padre. El abogado Alejandro Balbi argumentó que en la medida “está en juego la salud mental de niños menores de edad” y afirmó que más allá de la defensa de la mujer, en la decisión se debe atender “el interés superior de los niños”, como se prevé en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El abogado argumentó que todos los niños cuyos padres están privados de libertad sufren estas situaciones, pero que en este caso es especial, ya que ambos padres fueron detenidos y encarcelados el mismo día. “Esto no es normal”, insistió Balbi y pidió al juez revertir su decisión y amparar la prisión domiciliaria de la mujer para evitar un daño irreparable en los tres menores de edad. Sin embargo, el juez no amparó el pedido y mantuvo su decisión. Los bienes Balcedo y su esposa fueron detenidos el pasado 4 de enero, tras una requisitoria internacional librada por la Justicia argentina, que los investiga por delitos de apropiación indebida, extorsión y narcotráfico. Ese procedimiento permitió detectar los bienes de ambos en Uruguay y derivó en el inicio de una investigación sobre el origen de los mismo, que derivó en la formalización de la causa y la imputación por tráfico de armas, contrabando y lavado de activos. En este contexto, la formalización del proceso penal contra Balcedo y su esposa en Uruguay es relevante porque implicará la postergación de una eventual extradición del matrimonio hacia Argentina -causa en la cual se realizará una audiencia este miércoles, aunque la defensa tiene previsto solicitar su postergación-. Como informó Caras y Caretas Portal, una eventual condena de Balcedo y su esposa por parte de la Justicia uruguaya implicará la posibilidad de que el Estado uruguayo reclame parte de los bienes incautados durante la investigación judicial. Tras la formalización de la indagatoria, la Fiscalía deberá formular la acusación contra ambos imputados. La investigación se puede extender durante un año, con la posibilidad de solicitar una prórroga por otros dos años. Luego de que el fiscal presente su acusación se iniciará el juicio oral que culminará con la condena o el sobreseimiento de los imputados. En caso de ser condenados, la extradición hacia la República Argentina se postergará hasta que ambos cumplan el total de la pena impuesta por la Justicia uruguaya.