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Justicia Tribunal | Casás | Olmos

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Tribunal de conducta política del FA no encontró indicios contra Olmos

En lo sustancial, el informe del tribunal subraya que la denuncia no describe actos que constituirían acoso laboral como conducta distinguible del acoso sexual.

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El informe preliminar del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio fue contundente luego de desmenuzar la existencia o no de acoso laboral y sexual denunciado en noviembre por la diputada suplente de Fuerza Renovadora, Martina Casás, contra el diputado titular de ese sector, Gustavo Olmos.

El informe fue emitido y notificado el 21 de febrero pasado. Al día siguiente, el 22 de febrero, en la edición papel de La Diaria se publicó una entrevista a la diputada suplente. Luego de relatar su denuncia, Casás, quien ya había recibido el informe de marras, declaró, sin embargo, que “a estas alturas no sé qué va a pasar con el Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio”. En lo sustancial, el informe subraya que la denuncia no describe actos que constituirían acoso laboral como conducta distinguible del acoso sexual. Ante el TCP la propia denunciante dijo que no existieron hechos que configuraron acoso laboral como una conducta distinta de su denuncia de acoso sexual, sino que se trató de acoso sexual en el trabajo.

La versión de los hechos divulgada por su vocera, letrado patrocinante y por la propia diputada suplente fue variando con el paso de los días: primero acoso laboral y sexual en el ámbito de trabajo, luego escaló al delito de abuso sexual y finalmente a violencia política.

Por su parte, los testimonios de personas que compartían el espacio de trabajo con la denunciante y el denunciado, fueron contestes en describir un clima laboral respetuoso y afectuoso. Surgen elementos públicos como la frecuente participación de la diputada suplente en sesiones y comisiones parlamentarias, así como en eventos internacionales como, por ejemplo, Colombia y Egipto (2022), Chile, Bélgica, Nueva York, Washington y Dubái (2023). La conferencia en Dubái a la que asistió Casas –sobre cambio climático– se desarrolló entre el 1° y 7 de diciembre de 2023, luego de presentada su denuncia.

El Tribunal de Conducta Política resaltó que, durante su declaración, Casás se refiriera al despacho, secretarias y proyecto de ley como “mi despacho”, “mis secretarias” y “mi proyecto”, dando cuenta expresiones indicativas de un reconocimiento y participación mayor a la usual a cualquier representante suplente. El informe preliminar concluyó que no hay elementos ni siquiera indicios de existencia de una situación de acoso laboral.

El TCP además analizó si hubo hechos de naturaleza sexual no deseados, luego que Casás denunciara abrazos prolongados y besos cerca de la boca. Por su lado, Gustavo Olmos reconoció abrazos y manifestaciones recíprocas. El TCP reunió pruebas que permiten concluir la verosimilitud de esa relación de afecto recíproco, con manifestaciones de acercamiento corporal como abrazos y besos, que se daban en presencia de otras personas. La gente que trabaja con ellos “declaró su sorpresa ante la denuncia”, sostiene el informe. Según consignó el informe preliminar al que accedió Caras y Caretas, algunos de los testigos señalaron que Martina Casás es “más abrazadora que él” y otros que los abrazos entre la denunciante y el denunciado eran demostración de afecto y que eran normales. Entre la prueba recabada, el Informe destaca mensajes de WhatsApp que mostraron fuertes expresiones de afecto de Casás, con emojis de corazones, envíos de mensajes de besos y frases en ese sentido que Olmos exhibió en su celular incluso en fechas próximas a la denuncia. El informe hizo constar que no transcriben esos mensajes para mantener la privacidad de las comunicaciones. Fuentes indicaron que la razón es no exponer públicamente a la denunciante. En tanto, el Tribunal de Conducta Política solicitó acceder al WhatsApp de Casás para intentar verificar los mensajes expuestos por Olmos pero ésta no lo permitió.

En cuanto a la admisión de una relación de pareja consensuada, ni la denunciante ni el denunciado, ni el Informe describieron ese extremo. A lo que sí hace referencia es a la reciprocidad en una relación de afecto y confianza.

Martina Casás confesó ante el TCP no haberse opuesto ni con palabras ni con gestos a esas expresiones de afecto y expresó no haber podido hacerlo. Ante esto el TCP analizó si tenía libertad real para oponerse y concluyó que no hay elementos que hagan suponer que, de rechazar la conducta, Olmos hubiese insistido, ya que el vínculo era de confianza. El TCP sostuvo que, si hubiera existido alguna conducta no deseada por la denunciante, es razonable entender que tanto el sector como el Frente Amplio habrían tomado medidas cautelares, así como efectivamente actuó desde la denuncia. El informe al que accedió Caras y Caretas descarta, en base a la prueba, la existencia de ambiente de trabajo hostil o discriminatorio, ni presiones o amenazas contra la denunciante. Agrega que “la actividad del diputado suplente no depende del titular sino del sector”. El informe del TCP concluye que se probó que hubo acercamientos como los relatados, pero no se probó que fueran rechazados, que hubo una relación de afecto recíproco con manifestaciones de abrazos y besos en presencia de la gente que trabaja en el mismo lugar que los involucrados.

El abogado de Casás confirmó en varios medios que hasta ahora no presentó la anunciada demanda laboral, en tanto la denuncia ante Fiscalía continúa en ese ámbito sin avanzar a la judicial.

El informe del TCP lamentó la difusión pública de la denuncia así como los pronunciamientos públicos para mantener al TCP libre de presiones.

El TPC está integrado, entre otras personas, por Margarita Percovich y Liliana Pertuy, dos feministas de larga trayectoria y reconocida labor en la lucha contra la violencia de género. Además lo integran Blas Buscio, María Estella González, Mariana Gula, Ariel Nicolliello, María Sara Ribero (quien se excusó en este caso) y Ademar Silvera, presidente del Tribunal.

En tanto, fuentes consultadas indicaron que el informe del TCP, aunque se restringe a un ámbito de conducta política que no sumará ni restará en el área judicial, es hasta ahora el único procedimiento tramitado en cumplimiento de las normas y protocolo interno.

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