Dos de los condenados desarrollaban actividades vinculadas al comercio de leña. De acuerdo con la investigación fiscal, uno de ellos logró evadir más de 76,5 millones de pesos entre 2018 y 2021, mientras que el otro superó los 148,4 millones de pesos en el mismo período.
Proveedores inexistentes
Las maniobras incluyeron la utilización de decenas de empresas proveedoras inexistentes. En un caso se detectó el uso de 36 firmas fraudulentas y en el otro de 35. Estas entidades no presentaban declaraciones juradas, no abonaban tributos, carecían de personal e infraestructura y, cuando inspectores de la DGI intentaban ubicarlas en los domicilios declarados, comprobaban que no existían o que funcionaban allí viviendas particulares sin relación con las operaciones.
La Fiscalía explicó que el objetivo era inflar ficticiamente el denominado “IVA compras” para reducir las obligaciones tributarias. Además, en algunos casos se utilizaron facturas correspondientes a servicios reales, aunque emitidas a nombre de personas o empresas que no habían sido los verdaderos prestadores.
El tercer condenado pertenecía al rubro del calzado. Entre febrero y diciembre de 2020 declaró compras a una supuesta empresa proveedora que, en realidad, no estaba operativa. Gracias a esa maniobra consiguió evadir más de 9,5 millones de pesos en impuestos.
Entre las operaciones observadas por los investigadores figuraban facturas por millones de pesos. Una de ellas registraba la presunta compra de más de 10.000 pares de zapatos por unos 20 millones de pesos, transacción que posteriormente se comprobó que no tenía sustento real.
Defraudación tributaria y falsificación ideológica
Los tres empresarios fueron condenados por los delitos de defraudación tributaria y falsificación ideológica. Como parte de las penas acordadas deberán fijar domicilio, presentarse semanalmente ante una seccional policial y realizar tareas comunitarias durante seis meses.
La defraudación tributaria puede ser castigada con penas de hasta seis años de prisión, mientras que la falsificación ideológica prevé sanciones de hasta dos años de cárcel. Sin embargo, al aceptar su responsabilidad mediante el mecanismo de juicio abreviado, los imputados obtuvieron una reducción de las penas que eventualmente habría solicitado la Fiscalía en un proceso oral.
