La coalición de partidos encabezada por Luis Lacalle Pou alcanzó una serie de acuerdos programáticos públicos, caracterizados por la enunciación sin método, aunque con el propósito evidente de redistribuir regresivamente los ingresos y la riqueza desde los sectores medios y trabajadores a los sectores más ricos de la economía. Una lectura atenta del texto permite ver, tras el fárrago publicitario, la voluntad de eliminar las tributaciones que pagan los ingresos más altos, devaluar la moneda y hacer un ajuste fiscal feroz, mediante una disminución del gasto público que obviamente va a afectar a la salud, a la educación y al gasto social, aunque esté encubierto con medidas cosméticas, cuantitativamente irrelevantes, pero propagandísticas, como la disminución de las flotas de vehículos del Estado o la reducción del número de asesores. En varios de los puntos acordados se aprecia la intención de privatizar, como cuando promete “avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica” y queda claro desde el vamos que, en el caso de que la propuesta opositora triunfe, los aumentos salariales y, por lo tanto, los de las jubilaciones quedarán atados al aumento de la “productividad”, lo que, básicamente, y junto con la redefinición de los Consejos de Salarios, significa que en los próximos cinco años se va a registrar una caída sideral del salario real y un empobrecimiento general de la población, salvo los estancieros, los militares de rango o las personas que perciban una jubilación privilegiada, de las que hoy tributan IASS.
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Pese al maquillaje poético, el combo acordado garantiza la aplicación de un proyecto neoliberal que va a perjudicar a la inmensa mayoría de los uruguayos, como ya lo hizo cuando se aplicó en el país, y como lo está haciendo en el resto del continente donde se aplica. Sin embargo, no va a quedar ahí, lo que ya sería mucho, sino que la propia composición de la coalición asegura que el próximo gobierno, para sostenerse funcionando, va a tener que ir más allá de una economía de capitalismo salvaje y se va a internar en un lodazal oscurantista en el ámbito de lo social, tironeado por el Opus Dei, que ya tiene un ministro designado, y las pulsiones medievales de Cabildo Abierto, cuya incidencia va a ser fenomenal toda vez que tienen los senadores indispensables para que Lacalle Pou sueñe con la mayoría parlamentaria. Pablo Mieres puede escandalizarse todo lo que quiera por lo que digan los dirigentes ya electos, como senadores y diputados de Cabildo Abierto, pero el líder independiente está fuera, no tiene votos, apenas le queda el sello y su firma, mientras que la fuerza política de Manini Ríos cuenta con más de una decena de legisladores repartidos entre ambas cámaras, cuyas comparecencias son la condición insoslayable para que Lacalle Pou sueñe con las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar las leyes que le permitan gobernar.
La pregunta central, con independencia del documento, es si Lacalle Pou acordó un programa económico neoliberal a cambio de un conjunto de políticas inconfesables. La pregunta es pertinente porque hoy es obvio que no están dispuestos a hacer público todo lo que se acordó. De hecho, si no están dispuestos a la foto de familia, a mostrar en la gráfica quiénes efectivamente son los que acordaron, ¿por qué habrían de estar dispuestos a mostrar todo el contenido del acuerdo? Es de cajón que solo muestran lo que sienten que les conviene para los votos; lo que les pueda restar, incluyendo la foto en cariñoso montón -que parece una trivialidad para los interesados en política, pero no lo es para el resto-, simplemente lo ocultan.
Me atrevo a decir que entre lo acordado está el gabinete y muchos cargos de relevancia. Si somos ingenuos, podemos llegar a creer que Cabildo Abierto va a querer solamente la cartera de Defensa, como corolario a una estrategia de corporativismo militar, pero eso, al margen de que ya ha sido desmentido por el propio Manini, no tiene ningún sentido ni se corresponde con la historia de las coaliciones. El maninismo va a tener varios ministros, por lo menos dos, y va a tener fuerza para tener tres o cuatro, porque si no los tiene, si Lacalle Pou no accede a sus exigencias, simplemente le quitan la mayoría parlamentaria y se terminó el partido; y gobernar pasa a ser un mero suplicio para el gobernante que encuentra en el Palacio el muro infranqueable de las manos de yeso, en contra.
Las declaraciones concordantes en los últimos días de varios legisladores electos por Cabildo Abierto revelan que su vehemencia contra la legislación civil, los tipos diversos de familia, el matrimonio igualitario, la legalidad del aborto, las leyes de adopción y hasta el derecho a trabajar de las mujeres con hijos no son una mera locura personal de algunos de sus integrantes, sino un componente central de su programa y una parte medular de su proyecto. Ese proyecto va a alcanzar una porción importante de poder si Lacalle Pou accede a la presidencia y no hay coraje político ni posibilidad práctica para que el líder del Partido Nacional lo desautorice. Por eso no lo hace ahora mismo, ni él, ni ninguno de sus allegados principales. Simplemente callan. Y en este terreno, en el medio de una campaña electoral que va a definir varios años del futuro de Uruguay, el que calla sobre temas de esta magnitud, evidentemente, otorga.
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