Ineficaz aumento de penas
Desde la Ley de Seguridad Ciudadana, hace casi 30 años, que Uruguay aumenta las penas de los mayores, y más aún de los menores, sin que jamás ningún aumento haya disminuido la criminalidad o la infraccionalidad en la sociedad. Sin embargo, se insiste en ese aumento: porque no se sabe qué hacer seriamente con el tema, porque con eso se satisface simbólicamente a la cuasi mayoría histérica de una sociedad que clama por venganza a falta de conocimiento sobre qué hacer con el problema, y porque los planes neoimperiales norteamericanos aconsejan el crecimiento del equipamiento material y atribuciones legales de las agencias de seguridad del Estado para controlar –con la excusa del narcotráfico– la disidencia política interna.
No negamos la realidad del problema, pesado y pleno de efectos colaterales, pero la única manera eficaz y eficiente de eliminarlo es despenalizando las drogas, lo que dejaría como problema a las adicciones y consumos problemáticos, asunto muy menor en comparación con el tráfico, el crescendo bélico, la corrupción, los sicarios y ejércitos privados que crecen hoy debido a la prohibición de las drogas, sobredimensionadas como problema sanitario específico y subvaloradas como problema mayor debido a su prohibición.
Contradiciendo a la academia
Pierre Bourdieu y Loic Wacquant habían observado ya en 1999 el fenómeno de la transformación de estados sociales de bienestar en estados policial-penales, especialmente desde la perspectiva de crisis fiscal que hace imposible ofrecer satisfactores suficientes para una demanda imparable generada por la sociedad consumista de abundancia. El Estado se ve obligado entonces a reprimir a los que persigan ilícitamente tales satisfactores, o de modos que amenacen la estructura de poder y los márgenes de lucro de las clases dominantes, lo que ocurre en especial con la asunción de estados neoliberales posteriores a dicha crisis.
Hacia mediados de los años 40, Robert Merton había afirmado que la criminalidad era producto básico de la insuficiencia de disposición de medios lícitos para la obtención de los fines culturalmente legitimados, insuficiencia que hacía tentador el recurrir a medios ilícitos para conseguirlos. Medio siglo antes, en plan de contextualizar referencias, Emile Durkheim había enunciado algunas de las cosas más importantes jamás dichas por las ciencias sociales: que la sociedad no debía alentar el crecimiento de expectativas más allá de la accesibilidad de medios suficientes como para satisfacerlas, y que si eso ocurriera debería educarse en restringir moralmente la ambición. De lo contrario, siempre según Durkheim, la frustración estructural y reiterada produciría algún efecto indeseable de los siguientes: o bien la frustración se autoatribuía, produciendo autopuniciones tales como dolencias psíquicas de autocastigo infligido, en el extremo suicidios; o bien atribuía a otros el fracaso, produciendo heteropuniciones tales como delincuencia contra la persona y/o la propiedad.
Tanta sabiduría vigente es asombrosa. Sin embargo, la humanidad hizo exactamente lo contrario de lo que Durkheim aconsejó, y produjo los males que él previó y cuyo nacimiento y desarrollo había estudiado. Por lo tanto, vivimos en una sociedad criminógena, en la que la insatisfacción se resuelve heteropunitivamente y se persiguen ideales culturales impuestos por medio ilícitos. La nuestra es una sociedad psíquicamente enferma, y autopunitiva, en un extremo suicida.
El crecimiento de delitos y suicidios en los siglos XX y XXI es claro. Pero los capitalistas gobernantes no pueden atacar las causas de esa criminogenia y/o autopunición crecientes porque ofenderían los motores de lucro: el consumismo que asegura demanda para la oferta; la desigualdad que asegura excedente, ganancia y acumulación; protección contra la persecución ilícita de los fines culturalmente impuestos; seguro contra los ataques a la estructura de poder y las jerarquías establecidas.
Cárceles llenas y otros daños colaterales
En lugar de atacar a las causas de la criminogenia, mencionadas por Durkheim, Merton y Bourdieu-Wacquant, los gobernantes –incluidos los de izquierda, como explica Claus Offe– atacan los efectos, con lo cual nunca podrán con los problemas, hijos de las causas criminógenas y no de falta de ley, autoridad, orden y respeto.
Al concentrarse en los efectos, convierten en objetivos y causantes a las víctimas estructurales de la lógica capitalista de consumo-frustración. Sus planes, programas y leyes solo pueden apuntar a solucionar la inundación delictiva por la vía del mejoramiento de los baldes, los métodos de baldeo y el número de los baldeadores; jamás se les ocurrirá intentar cerrar o entornar las canillas de las que el agua sale; si lo hacen, estarían atacando el corazón de la lógica capitalista de que la demanda desee la oferta en cantidad, calidad y novedad.
No se puede tocar la criminogenia estructural (excedente, ganancia, acumulación, explotación, desigualdad, asimetría de estatus, consumo infinito en fuga hacia adelante); se quiere hacer creer que los efectos indeseables (delito heteropunitivo, dolencias psíquicas autopunitivas) se pueden combatir sin fijarse en el flujo de las canillas, solo legislando sobre baldes, baldeos y sumando baldeadores. Por supuesto que no conseguirán nada, como nunca lo han conseguido desde esta óptica imposible.
La urgente crueldad
Este largo capítulo de seguridad de la uruguaya ley de urgencia es otro intento imposible más en la historia de los falsos combates a la delincuencia. Es lo que puede intentar el capitalismo sin picarse como un alacrán. Pero con estos simulacros salva su lógica esencial, y hace creer que enfrenta seria y valientemente el problema: que los orígenes del auge criminal son las drogas y el narcotráfico, el descontrol familiar y la crisis de valores; que a los criminales se les contiene con leyes y represión unidas a prevención y vigilancia.
Estos son problemas, sí, pero claramente secundarios, como ya se ha visto en todos los intentos anteriores en el Uruguay y el mundo. La delincuencia no disminuirá, el deterioro psíquico y los suicidios tampoco. Durkheim tenía toda la razón; no le hicieron caso y aquí estamos con guapeadas ordinarias, autoritarias e inocuas en el futuro inmediato, salivazos para arriba que habrá que sufrir.
Además, las cárceles reventarán; la superpoblación producirá mayor criminalidad intracarcelaria; la rehabilitación será más utópica; los posgrados criminales, más suculentos; los organismos regionales e internacionales volverán a focalizar al paisito. Es la triste hora de los guapos autoritarios e inocuos, probablemente contraproducentes, porque les dejará presos a los gobiernos siguientes aunque sean de otras tiendas, dada la longitud de las penas propuestas. Y el aumento de las penas alentará, como siempre, más corrupción para evitarlas. Les puedo asegurar que la criminalidad no disminuirá si sus causas siguen presentes o se agudizan; lo más probable es un futuro inmediato que produzca la reacción que provocó el gobierno Macri, o la que está provocando el gobierno Bolsonaro. Uruguay: ex Estado social de bienestar pionero que se convierte, como tantos otros desde fines del siglo 20, en Estado policial-penal satélite de la seguridad geopolítica estadounidense.
