Más militarismo y dedazos
El vicepresidente del INAU solicitó que el perfil “oficial retirado militar” fuera incluido en el llamado abierto para supervisión de programas y centros del organismo. Aldo Velázquez justificó su propuesta en la experiencia de militares con niños, niñas y adolescentes. No pudo elegir peor argumento. No es lo mismo actuar en el Congo que en Uruguay. Necesitamos gente preparada para la paz (psicólogos, docentes, asistentes sociales) y no gente preparada para la guerra. Además, este jerarca pertenece a Cabildo Abierto, y ya hemos visto que cuando se trata de cargos, Manini Ríos designa a los militares más incapaces, retrógrados y nostálgicos de la dictadura, por más que protesten los pocos civiles que aún quedan en el partido militarista. No colocarán allí a oficiales recientemente retirados, sino a los compañeros de tanda del general, infectados hasta la médula con la tristemente célebre Doctrina de Seguridad Nacional y la ideología enfermiza de la Escuela de las Américas.
En el extremo del delirio, Aldo Velázquez mencionó como virtudes de estos oficiales retirados “la tolerancia” y la “formación en derechos humanos y relaciones públicas”. Bueno, puede que hayan recibido cursos sobre algo de esto; pero a juzgar por el comportamiento de la inmensa mayoría de militares retirados puestos por Cabildo Abierto en cargos del gobierno, deben haber copiado en los exámenes para aprobarlos. No necesitamos ni belicosos ni prepotentes, y menos en el INAU. Sé de militares que podrían trabajar allí de manera ejemplar; pero ninguno de ellos milita en Cabildo Abierto.
Afortunadamente, el directorio rechazó la propuesta.
Cabildo Abierto insiste en acomodar a sus militantes priorizando a militares retirados; porque para ellos, tanto civiles como policías retirados que operan para el general pertenecen a una casta inferior. No lo digo yo solamente; lo han expresado de manera pública varios cabildantes.
“¿Pudiste colocar algún cabildante en la Ursea??? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay CV para varios perfiles”. Este fue el mensaje que la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, envió a Silvana Romero, la titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Según lo informado por el semanario Brecha, el mensaje y la respuesta se difundieron a través de una captura de pantalla en un grupo de WhatsApp de militantes de Cabildo Abierto. La respuesta fue clara: “Sí, a Maru Pereda, la señora de Martín Sodano. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso”. O sea, “ya veremos cómo la acomodamos salteando los requisitos formales”.
Martin Sodano es diputado de Cabildo Abierto, mientras que la ministra llegó a tal cargo por ser la esposa del general Guido Manini Ríos.
Todo esto ocurre cuando aún perduran los ecos del escándalo protagonizado en marzo por el coronel (r) Enrique Montagno, quien fue grabado mientras se jactaba de haber metido a dedo a 135 personas en ASSE, imbecilidad extrema que le costó su puesto en el directorio del organismo.
Aunque sea el más indisciplinado de los partidos de la coalición, CA es el más parecido en sus prácticas al herrerismo, que la lidera.
Más inmoralidades
¿De qué manera se puede calificar el hecho de que los departamentos de Montevideo, Canelones y Salto (cuyos intendentes son frenteamplistas) estén en los últimos lugares de la lista para acceder a las vacunas contra la covid?
El expediente por el cual Azucena Arbeleche intentó beneficiar a la empresa privada de Isaac Alfie ha sido sellado con el rótulo de confidencialidad, protegiendo así al director general de la OPP del intento de los legisladores frenteamplistas de investigarlo.
El diputado colorado Omar Estévez confesó, en un audio que se hizo público, que envió en un ómnibus a ocho trabajadores positivos de covid-19 para trabajar en la cosecha de naranjas en Salto, no dejando duda alguna de que su amor por el dinero está muy por encima de su amor por la gente.
Estévez ya se había hecho notar cuando en 2020 participó en la cámara argumentando y votando un fondo para el sector citrícola, lo que le está expresamente prohibido al ser él mismo empresario citrícola.
Según él, tras el escándalo le comentó al senador Germán Coutinho su intención de abandonar la banca; pero este le habría dicho que “de ninguna manera debía renunciar”. Poco después (y quizá tras ver que amparar a Estévez era un quemo), Coutinho se desmarcó de tales afirmaciones, diciendo que no le negó la renuncia, sino que le recomendó que primero ejerciera la defensa ante los organismos correspondientes. Uno de los dos nos mintió.
Y el que nunca nos queda mal cuando elaboramos estas listas es nuestro ministro del Interior. Caras y Caretas publicó que el miércoles 5 de mayo, policías de Canelones confundieron el auto del jefe de Policía canario, Víctor Tressa, y le dispararon más de 30 tiros. Tressa sigue vivo gracias a la pésima puntería de sus funcionarios. Según lo informado por fuentes de la revista, “Jorge Larrañaga está en conocimiento del tema, no quiere que se hable sobre lo ocurrido y ordenó que se escondiera el móvil en un garaje policial de Canelones”.
A varios días de publicada la nota, no hemos visto ni el vehículo ni un desmentido oficial por parte del ministerio. Tampoco sabemos si algún legislador ha realizado el correspondiente pedido de informes.
Más intolerancia
En abril, Andrea Porta (de la Olla Popular Palermo) presentó una denuncia penal contra tres blancos: el senador Jorge Gandini, el ahora ministro Martín Lema y Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou. Canal 12 había filmado a cuatro referentes de esta acción solidaria portando camisetas contra la LUC. Los denunciados publicaron en Twitter una imagen donde figuraban los teléfonos de las personas filmadas, lo cual derivó en que tanto Andrea como sus compañeros fueran víctimas de amenazas e insultos. En la imagen que aún figura en la cuenta de Twitter de Nicolás Martinelli, se destaca una flecha apuntando a la cabeza de Andrea.
De la interpretación que haga la Justicia de esta forma de marcar a una víctima, exponiéndola, deduciremos qué tan independiente es del poder político.
Andrea es madre soltera y tiene motivos para tener miedo. Uno de los cobardes que la amenazó es un policía que vive en el barrio. Lo primero que tendría que hacer el ministro, con o sin orden judicial, es quitarle el arma y sumariarlo.
El domingo 9 de mayo, unos desconocidos bajaron de un automóvil y mientras gritaban e insultaban arrojaron una piedra contra la vivienda de una docente de La Paz, rompiendo los vidrios de una ventana, tal cual denunció la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES). La vivienda está identificada con una balconera que convoca a firmar para derogar 135 artículos de la LUC.
Mientras tanto, un proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento plantea crear un Consejo de Laicidad, una especie de Santa Inquisición que lo que realmente busca es que los jóvenes no se metan en cuestiones políticas o sociales. A la derecha siempre le molestó que la juventud organizada se movilizara para defender las empresas públicas o los derechos humanos o para combatir medidas antipopulares de sus gobiernos.
La comisión solo aumentará la burocracia y el gasto por parte del gobierno; porque sobran los organismos habilitados para denunciar ante la Justicia cualquier violación de la laicidad que se constate en alguna parte. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, por citar un par de ejemplos, tienen el derecho y la obligación de denunciar algo así. De hecho, cualquier ciudadano puede hacerlo.
El proyecto presentado por legisladores colorados es preocupante en tanto implica un claro peligro para la libertad de expresión y de cátedra, dando a una institución paraestatal el poder de detener acciones hasta que la Justicia se expida.
Se trata, en pocas palabras, de aumentar el control político. Lo curioso es que dicho control solo se ejercerá sobre el sector educativo público y no sobre el privado. Es obvio; lo que puedan hacer docentes o estudiantes de instituciones ligadas al Opus Dei o colegios como el British Schools no les quita el sueño. Lo que les interesa es mantener a raya a organizaciones como la FEUU, entre otras, que han estado siempre en primera fila a la hora de frenar los abusos del poder.
Defender el principio de laicidad está perfecto; pero este proyecto tiene zonas demasiado oscuras, aunque deja entrever la hilacha.
Más silencio y desinformación
Lacalle I, Sanguinetti y otros expresidentes de derecha realizaron un comunicado público condenando la “ruptura del Estado de derecho” en… Y aquí es donde todos pensamos: “Claro, en Colombia; donde decenas de personas han sido asesinadas, violadas y desaparecidas en el marco de las protestas contra el gobierno”, pero no. La condena es contra el gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. En consonancia con la línea del gobierno uruguayo, no emitieron ni una sola letra contra la masacre que el narcogobierno de Iván Duque está realizando contra su pueblo.
Entre los firmantes están el sepulturero de Argentina, Mauricio Macri (el mismo que se acaba de vacunar en Estados Unidos luego de prometer no hacerlo), José María Aznar de España y Álvaro Uribe de Colombia. Dios los cría y ellos se juntan. A propósito, El País está celebrando con euforia el triunfo en Madrid del Partido Popular en alianza con el ultraderechista Vox. Veamos cuánto les dura la fiesta; porque aún recordamos a Edgardo Novick y Verónica Alonso celebrando el triunfo de Bolsonaro y a otros festejando el ascenso de Macri y el golpe de Áñez y ahora los domina el silencio. El tiempo suele poner las cosas en su lugar.
Más desorden, renuncias y despidos
A la ya incontable lista de ceses se suma la renuncia de Gabriela Bazzano, directora del Sistema de Cuidados y Discapacidad, tras ser movida a un cargo inferior. Hace unos meses el Frente Amplio exigió su renuncia por el tema de la adopción de hijos de personas con discapacidad cuando dirigía la ONG Seamos.
En el MGAP fueron cesados Eduardo Barre, exdirector general de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, y Gustavo Rossi, exdirector de la División Industria Animal del MGAP. El motivo fue un error en el etiquetado de cajas enviadas a China que derivó en la suspensión temporal, por parte del importador, del establecimiento 310 de Uruguay.
En el rubro despidos y renuncias, este gobierno ha batido todos los récords. Vale recordar aquí lo dicho por el presidente de la República al director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, cuando envió a la calle a 38 personas: “Tenés que sacar a alguno más”.
Por otra parte, Lacalle Pou decide darle 65 millones de pesos (para asistir a las ollas populares de Montevideo y el área metropolitana) a una fundación sin personería jurídica, mientras que al INDA (dirigido por el cabildante Ignacio Elgue) le da solo 50 y los tiene que administrar en coordinación con las intendencias del interior. Por un lado, Lacalle castiga así la indisciplina de Cabildo Abierto; por otro, la inmensa mayoría de las intendencias del interior son blancas, por lo que aprovecharán para hacer con estos recursos lo que mejor saben hacer: proselitismo de la más baja especie. Ellos mismos han confesado que pusieron a Martín Lema al frente del Mides para cumplir con objetivos que no serán técnicos ni sociales, sino políticos.
Y pensar que se enojaron con Miranda por decir que hacían política barata.
La derecha está de pie y el pueblo de rodillas.
Por ahora.
