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La jugada de Manini

Por Rafael Bayce.

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Caras y Caretas Diario

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El ahora senador por Cabildo Abierto y excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, junto a otros dos legisladores del grupo, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, presentaron un proyecto de ley que busca derogar la Ley 18.831 del gobierno de Mujica, en 2011, que pretendía ser interpretativa de la Ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, del primer gobierno de Sanguinetti. Dichos proponentes afirman que lo de ‘interpretativa’ fue un eufemismo para bautizar una ley de contenido ‘derogatorio’ de la de Caducidad, extendiendo forzadamente el plazo de imprescriptibilidad para homicidios militares agravados y declarándolos delitos de lesa humanidad, lo que los haría imprescriptibles. También objetan el rango normativo de la Sentencia de 1998 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables del caso Gelman hasta adaptando la legislación interna para hacerlo.

Entonces, los pilares jurídicos que el proyecto ataca son esos dos: la ley de 2011 y la Sentencia de 1998. Las objeciones son jurídicamente admisibles y discutibles porque se trata de asuntos en torno a los cuales la dogmática y la doctrina jurídica no tienen una sola opinión: la más recibida por la izquierda gobernante (2005-2019) ha sido una y la oficial hasta hoy; la otra campana es la seguida por el proyecto de ley de Manini.

Sanguinetti, en su momento, resolvió una urgencia política más que adherir a alguna de las bibliotecas, y ahora le toca al gobierno de Lacalle Jr. tomar ese fierro caliente específicamente, pasado el gobierno de quienes sostienen la biblioteca jurídica uno ante reclamos de quienes sostienen la biblioteca jurídica dos.

Buena suerte en una empresa imposible de resolver a satisfacción de todos, y preñada de efectos y consecuencias políticas en plazos diversos; ante una gran jugada de Manini, seguramente aconsejado por una internacional político jurídica, o sea ideológica, transnacional de ONG y bufetes de abogados. Zambullámonos en algunos de esos aspectos, riquísimos y altamente debatibles.

 

Los dilemas jurídicos

Dilema uno. Imprescriptibilidad vs. irretroactividad de delitos. En cada legislación nacional, tradicionalmente y como protección de la seguridad jurídica, se establecen plazos procesales de cese de la imputabilidad de responsabilidades: los delitos prescriben más allá de diverso tiempo de vigencia desde su fecha de formalización o comisión. La mira está, entonces, en las garantías para el imputado. Pero el derecho moderno estableció excepciones con delitos imprescriptibles, llamados de lesa humanidad, cambiando el foco hacia la protección de la víctima porque la penalización puede llevar muchos más años, y porque los derechos de las víctimas deben ser protegidas más allá de plazos de seguridad para los imputados. Pero el cambio hacia la imprescriptibilidad de algunos delitos no asegura la resolución de su colisión con la irretroactividad del derecho penal; es posible que un delito antes prescriptible se vuelva imprescriptible por ser de lesa humanidad, sí, pero ¿desde cuándo se vuelve tal? Porque un delito puede haberse convertido en imprescriptible, pero ello no anularía su inaplicabilidad por retroactividad. Lo que cuestiona el proyecto es la acumulación de imprescriptibilidad con irretroactividad en el caso del juzgamiento de los militares.

Dilema dos. Los argumentos de la propuesta de Manini cuestionan los argumentos jurídicos aceptados desde 1985 hasta 2019 sobre prescriptibilidad, sobre retroactividad, sobre su acumulatividad y sobre la jerarquía jurídica constitucional o no de las sentencias y pactos internacionales devenidos derecho positivo nacional. En este último caso, solo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia acepta el rango constitucional del derecho internacional vuelto derecho positivo nacional, que los proponentes califican como cesión de soberanía, incluso del ‘bloque constitucional’ que favorece esa asimilación.

Astutos ingredientes. Los proponentes agregan el argumento humanitario de la avanzada edad de los juzgables 50 años después, aun sin retroactividad y con imprescriptibilidad, hábil puente hacia el ‘mujiquismo’ y el ‘ñatismo’. También lo hacen proponiendo las amnistías, más amplias que las caducidades de pretensiones punitivas, puente hacia el ‘sanguinettismo’, reivindicando la tradición de la amnistía posbélica en Uruguay, puente hacia la historia blanca en clave Pivel Devoto. Pidiendo perdón por el símil, algo así como el código entre jugadores de fútbol que dicta que lo que pasó en la cancha debería quedar ahí, sin ulterioridades interpersonales ni jurídicas.

Dilema Tres. La empresa contra jueces y la cúpula fiscal, más allá de su viveza porque es un rival más débil dentro de los poderes del Estado, lo pone en entredicho con el Poder Judicial, lo que pone a Manini en posición de cuestionar la imparcialidad de quienes deberán pronunciarse sobre su desafuero, carambola a dos bandas que aprovecha, además, las fragilidades de la decisión del Frente Amplio de resolver los crímenes de la dictadura cívico militar por la vía judicial más que la política.

En suma, y diciéndolo previamente a la consideración de lo más propiamente político, una propuesta jurídicamente sostenible, ideológicamente muy pesada, amparada en bibliotecas ajenas a las usadas en Uruguay, pero internacionalmente vigentes. Y amparada también en desprolijidades jurídicas y legislativas cometidas, que presentan flancos explotables. Hueso duro de roer, que deberá ser masticado y metabolizado por este gobierno, acuciado no solo por las diversas factibilidades jurídicas sino también por las pesadas implicaciones políticas a futuro y en diversos plazos. Veamos.

 

Los objetivos políticos

Solo es posible sobrevolar algunos, que seguramente deberán ampliarse en futuras columnas.

Al interior de la coalición. La propuesta pone en un brete significativo a las otras dos fuerzas políticas de la misma: los partidos tradicionales. Al gobernante, P. Nacional, porque su actitud puede retacearle el apoyo de Cabildo Abierto, que tiene la llave para muchas mayorías legislativas, demasiado arduas sin ella. También juega con que la vuelta a la situación de la ley de caducidad fue copromovida por el P. Nacional, pese a su cacareada negativa a sumarse al pacto del club Naval. Ni que hablar que votar el proyecto los condena a calificativos fuertes en esta sociedad polarizada. Y no votarlo lo mismo, pero al contrario. Algún prestidigitador político tendrá que evitar ese estímulo a la polarización estigmatizante que parece estar en el horizonte, se haga lo que se haga, se diga lo que se diga. Al mismo tiempo, lo que hagan el gobierno y la coalición le puede dar argumentos a Cabildo para retirarse de esta última, cosa que sin duda piensa hacer, pero cuando le convenga y reúna elementos para decidirlo. Al Partido Colorado, lo pone en un brete porque tienta a Sanguinetti con restaurar una caducidad sanguinettista en lugar de una interpretación/derogación mujiquista, aunque fue una salida política entonces, que Sanguinetti no apoyaría hoy con el mismo énfasis. Pero también reflota la amnistía como utopía, propuesta sanguinettista rechazada en el pasado y apoyada tradicionalmente por muchos blancos desde la doctrina Pivel Devoto.

Entonces, con el chantaje del apoyo legislativo, la amenaza del desprendimiento como partido y los vínculos y tentaciones ideológicas e históricas, aumenta la importancia de su lugar en la coalición multicolor. Como en el caso del debate jurídico recién visto, jugada inteligente, pasaje al ataque que obliga a defender, con difícil contraataque.

El futuro electoral. Una propuesta como la de Manini probablemente tendría más apoyo electoral que el concitado hasta ahora por Cabildo Abierto si nos fijamos en los apoyos plebiscitarios anteriores y en las votaciones de la derecha desde 1971 hasta ahora. De modo que la decisión estaría entre crecer adentro o crecer afuera, saliendo desde dentro, más radicalizados, outsiders, nacionalistas y justicieros ofendidos; la segunda alternativa debería ser preferida y me caben pocas dudas de que será la elegida; el crecimiento abandonando la coalición convocaría mejor a la derecha y a los ultras -hasta promilitares- que una permanencia más amordazada en la coalición multicolor.

En el sistema de partidos. Varias consecuencias posibles: una, habría cuatro partidos de caudal representativo en lugar de los tres actuales, que ya excedían a los dos tradicionales. Ese cuarto y nuevo partido reuniría a la derecha, centrificaría a los partidos tradicionales, los desderechizaría de su abroquelamiento antiizquierdas desde el 71, devolviéndoles algo de lo que fue su naturaleza catch-all de más de 100 años, pero con una izquierda muy frentista y una derecha muy cabildista, casi condenados a constituir un ‘centro’ residual en materia de apoyo militante y electoral.

En el espectro político ideológico. La propuesta revela que habría una más articulada y políticamente poderosa defensa de la dictadura cívico militar, coartada de defensa que configuraría la primera derecha partidizada de la historia del país, que podría luego crecer con todos los argumentos que agrupan a las derechas en la región, pero más que nada en Europa y Estados Unidos: neonacionalismo, antiglobalismo, derechos humanos no intocables, conservadurismo neorreligioso, antiliberalismo premoderno; una agenda con cierta atracción juvenil en otros lares importable.

En suma, una propuesta peligrosamente inteligente, que toca múltiples ámbitos políticos, ideológicos, jurídicos, electorales y hasta internacionales hacia el futuro. Pesado fardo para el gobierno y su coalición. Desafío para la izquierda, que debe hacer autocrítica y actualizarse y pensar cómo reaccionar con una oposición llamativa y atractiva, sobre conceptos aggiornados y nuevos, aunque por ahora le resulta tan cómodo como irritante repetir los versos del pasado, aunque más amenazados que antes.

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