Desde hace muchísimos años a lo largo y ancho de todo el mundo, distintos colectivos de pequeños productores e integrantes de la Academia vienen impulsando un modelo alternativo a la producción agrícola capitalista, basado en algunos pilares que no necesariamente plantean como primer objetivo las formas organizativas de los productores, si bien fomentan su carácter asociativo.
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La sustentabilidad, la sostenibilidad, la soberanía alimentaria son tres de los ejes fundamentales de este importante y diverso movimiento agroecológico que recoge la experiencia de las producciones familiares pero que intenta ser superadora de las mismas, no tanto en el sentido capitalista de aumentar su capacidad de producción y rentabilidad, sino diversificando su producción y mejorando algunas prácticas y formas organizativas que les permita ser autónomos y salir del círculo de pobreza, en una fuerte apuesta al fin y al principio de un estrecho cuidado del medioambiente.
En Uruguay diversas organizaciones sociales venían impulsando el necesario reconocimiento legislativo e institucional de la propuesta, hasta que logran que en diciembre del 2018 por unanimidad de todos los partidos politicos se vote la Ley 19.717, de «Declaración de interés general y creación de una comisión honoraria nacional y plan nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas».
Germinando
La comisión honoraria está compuesta según determina esa ley y su decreto reglamentario por 13 miembros, seis en representación de la distintas organizaciones sociales y un representante por el Ministerio de Ganadería, uno por Vivienda, uno por Salud, uno por la Universidad, el INIA y la ANII, otro por la UTEC, uno por la OPP, el Mides y otro por el Congreso de Intendentes.
Luego de meses de febril trabajo iniciado en setiembre de 2019, en febrero de 2020, la Comisión Honoraria que trabaja en el marco de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP logra acordar un documento preliminar que define los objetivos y acciones más importantes y es presentado públicamente vía conferencia de prensa el 19 de febrero de 2020.
El carácter de preliminar del documento viene dado porque faltaba definir, tomando en cuenta el cambio de autoridades, la financiación, el presupuesto asignado para dicho plan.
Las organizaciones sociales que trabajaron y suscribieron el documento son: Red de Agroecología del Uruguay, Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Asociación de Fruticultores de Producción Integrada (Afrupi) y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).
El documento es fruto de los Grupos de Trabajo definidos donde participaron: Asociación de Fruticultores de Producción Integrada (Afrupi), Administración Nacional de Educación Pública, Asociación Barrial de Consumo (Asobaco),
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (Augap), Centro de Estudios Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (Ceuta), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Universidad de la República (Udelar), Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Instituto Nacional de Colonización (INC), Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIA), Intendencia de Canelones, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Río Negro, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de PNUD, Red de Agroecología del Uruguay, Red de Grupos de Mujeres Rurales,
Red de Huertas Comunitarias del Uruguay, Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Si nos arriesgamos a provocar el tedio de los lectores con esta lista de instituciones, es porque este documento fue tratado de borrador por parte de las nuevas autoridades, tema que ya abordaremos en profundidad.
La ley define como sujetos principales del plan a los productores familiares y a los sistemas de producción agrícola urbana y suburbana, una definición que el nuevo gobierno impulsa su cambio y es uno de los elementos de tensión más importantes dentro de la actual comisión honoraria.
Los once lineamientos definidos por ley para elaborar el plan son:
- A) Fomentar y facilitar la incorporación de prácticas agroecológicas y los procesos de transición a sistemas de producción agroecológicos, el acceso a mercados y fortalecer los sistemas ya existentes, como contribución al desarrollo sustentable y a la mejora de la calidad de vida de la población.
- B) Impulsar la oferta accesible de alimentos inocuos y de calidad, contribuyendo a una alimentación adecuada y saludable, para el afianzamiento de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la República.
- C) Promover el uso sustentable de los bienes naturales y la conservación de ecosistemas y su biodiversidad.
- D) Fomentar la conservación y el uso de recursos genéticos autóctonos y reconocer los derechos de los agricultores a reproducirlos y asegurar su disponibilidad.
- E) Promover un aumento en el número de productores bajo sistemas de producción, distribución y consumo de productos alimentarios de base agroecológica.
- F) Fomentar mercados locales y de cercanía para productos de base agroecológica, favoreciendo la interacción entre productores y consumidores y fortaleciendo una cultura de consumo responsable.
- G) Impulsar por la formación e investigación en agroecología.
- H) Fomentar sistemas integrales de extensión y asistencia técnica con enfoque de sistemas y bases agroecológicas.
- I) Presupuestar las actividades de los programas del Plan Nacional e identificar posibles fuentes de financiamiento.
- J) Coordinar e integrar todos aquellos planes e instrumentos de la política pública que puedan favorecer el logro del cometido expresado en el artículo 4° de la presente ley, articulando los mismos en función de las especificidades y considerando
criterios de equidad para jóvenes y mujeres.
- K) Identificar las barreras arancelarias y paraarancelarias nacionales e internacionales de acceso a mercados y promover la remoción de las mismas.
Cambios de viento
El cambio de gobierno vaticinaba que el tratamiento del plan no siguiera rodando en el ambiente de acuerdos que se venían logrando.
A pesar de que el presidente Luis Lacalle Pou había anunciado que estaban preparados, como en tantos otros organismos, el nuevo presidente de la Comisión Honoraria no fue nombrado durante seis meses, deteniendo el trabajo.
En sustitución de José Olascuaga asumió como presidente de la comisión el asesor del ministro de Ganadería, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina.
Dejando claro el cambio de impronta en la presidencia de la comisión, Blasina presentó un nuevo documento, planteando que el documento preliminar era un borrador que debía contar con la aprobación de las nuevas autoridades.
Por si el mensaje no había quedado claro, envió una nota a cerca de 100 personas integrantes de algunas de las organizaciones, donde fundamenta los cambios conceptuales que pretende introducir y que, de no ser considerados, sugerirá la no firma del ministro Uriarte.
El plan no fue incluido en la ley de presupuesto, lo que, sumado a los recortes económicos planteados, pone en riesgo la implementación del plan una vez arribado a acuerdo.
Caras y Caretas consultó a Hugo Bértola, uno de los integrantes de la Red de Agroecología y a otros referentes de las organizaciones sociales que participan de la comisión honoraria sobre la nota de Blasina.
Entienden que en los cambios propuestos aparecen varios elementos que cambian el espíritu de la ley.
Blasina plantea en su nota: «Entiendo importante dejar en claro que el gobierno democráticamente electo no terceriza la política agropecuaria a ninguna organización. El MGAP es el el responsable de diseñar, implementar y evaluar todas las políticas agropecuarias de Uruguay, incluida la de agroecología».
Blasina concibe entonces la participación de las organizaciones sociales como una privatización, una tercerización de las políticas públicas. Es paradójico este concepto cuando sí se han tercerizado funciones del Estado, como por ejemplo la distribución de alimentos en el INDA, y se equipara un grupo empresarial como Adelante Uruguay con las organizaciones que integran la comisión.
Tal vez el cambio más complejo que impulsa Blasina es el cambio de definiciones sobre los sujetos principales del plan.
Blasina argumenta: «Las políticas agropecuarias deben ser inclusivas, de modo que todo productor debe ser bienvenido sin discriminar acerca de si va a exportar o no, si contrata dos o cinco personas, si tiene hijos o nos los tiene […] como el resto de las políticas, son herramientas que se ponen a disposición de todos y no discrimina ni por sexo, raza, religión, tamaño o destino de la producción».
Bajo la fundamentación de la inclusión y un espíritu democrático, Blasina impulsa que la agroecología deje de ser un sistema alternativo al agronegocio, en todo caso una suerte de producto especial, «el refrescante sin azúcares» de toda la línea cola.
Bértola advierte, sin embargo, que para estos cambios es necesario modificar el texto de la ley, y que no alcanza con el ámbito de la comisión por más que Blasina advierta: «Como asesor del ministro me veo en la obligación ética y profesional de recomendar al ministro que no ponga su firma a los textos que están marcados en rojo. De modo que si persisten, mi recomendación al ministro será que no los avale».
Los botines de Blasina
En el mundo hay una fuerte tendencia de consumo de productos ecológicos; eso implica el acceso a la cadena de consumo, a los canales de distribución y a los etiquetados.
Como en la guerra de patentes, a la incipiente institucionalidad uruguaya de la agroecología se la intentará subyugar ante la lógica productiva mercantil dominante.
La nota de Blasina
«Como presidente de la Comisión honoraria creada por la Ley 19.717, para la creación e implementación de un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas de Agroecología, quisiera compartir con ustedes algunos de mis puntos de vista respecto a la reunión de los grupos de trabajo de este jueves.
En primer lugar, entiendo es una instancia de suma importancia dado que tenemos que pasar de un plan que en su carátula dice provisorio a un plan que en su carátula tenga el logo del MGAP, porque ha pasado a ser una política de Estado. Tenemos como colectivo, una gran oportunidad y responsabilidad por delante, la de hacer avanzar y consolidar fuertemente a la agroecología en los próximos años, dentro y fuera del MGAP.
La Comisión de Agroecología es uno de los ámbitos del Estado uruguayo donde más se escucha la voz de las organizaciones sociales, por lo tanto podríamos decir que de lograrse un plan consensuado, será de los espacios de política más participativa de Uruguay.
Pero entiendo importante dejar en claro que el gobierno democráticamente electo no terceriza la política agropecuaria a ninguna organización. El MGAP es el el responsable de diseñar, implementar y evaluar todas las políticas agropecuarias de Uruguay, incluida la de agroecología.
En ese sentido como asesor del ministro me veo en la obligación ética y profesional de recomendar al ministro que no ponga su firma a los textos que están marcados en rojo. De modo que si persisten, mi recomendación al ministro será que no los avale.
Esto se basa en las siguientes consideraciones:
Las políticas agropecuarias deben ser laicas, particularmente las de agroecología. No deben tomar partido sobre neoliberalismo, socialismo, ateísmo, cristianismo u otros ‘ismos’. Deben asentarse sobre valores universales como la sustentabilidad, la protección de la salud humana, de los animales y de la naturaleza, la equidad, la no discriminación, las oportunidades para jóvenes y mujeres, la estabilidad del clima, entre otras, sin entrara en dicotomías que terminan referidas a aspectos político partidarios o a filosofías particulares.
Las políticas agropecuarias deben ser inclusivas, de modo que todo productor debe ser bienvenido sin discriminar acerca de si va a exportar o no, si contrata dos o cinco personas, si tiene hijos o nos los tiene. La producción familiar es priorizada en tanto se valora el arraigo en el territorio, y la pequeña producción se prioriza en tanto se entiende las políticas son preferencialmente para quienes más necesitan apoyo. Pero la agroecología como el resto de las políticas son herramientas que se ponen a disposición de todos y no discrimina ni por sexo,raza, religión, tamaño o destino de la producción. Las políticas agropecuarias deben de ser inclusivas, estar orientadas a todos los productores, de todos los tamaños ya sea que destinen su producción al mercado interno como a la exportación, más allá de que se trate de forma diferenciada y preferencial a los pequeños y que habitan en el predio.
Los ejemplos de agroecología florecen en todo el mundo, por lo tanto a la hora de observar referencias internacionales se observa el mundo entero y no solo los ejemplos que están entre México y Ushuaia.
La gobernanza del plan no se puede abrir a instituciones que no existen en el presente y que no se sabe como se van a configurar. Los núcleos territoriales pueden llegar a constituirse en un espacio de trabajo interesante una vez que quede claro en qué van a consistir pero tal y como están planteados quedan muchos aspectos confusos y por lo tanto hasta tanto no se clarifique como se constituyen y qué objetivos específicos tienen, no serán recomendados al Sr. ministro.
Otros aspectos del plan preliminar se recomendará que no se aprueben por ser inexactos. Por ejemplo el plan dice que en Uruguay baja el área de trigo y maíz, algo que no se corresponde con la realidad.
Finalmente el plan preliminar recurre a casos puntuales que no se consideran una argumentación sólida para un plan de agroecología. La fundamentación se debe basar en aspectos permanentes y no en casos particulares ocurridos varios años atrás.
Los puntos anteriores fueron marcados en rojo (no se recomiendan en un plan definitivo) sobre la base de que, si fueran aprobados tal como están en el plan preliminar, generarían repercusiones en la prensa y la sociedad que se entiende serían negativas para el ministerio y para la agroecología por ser en algunos aspectos altamente contradictorios con todas las políticas que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca han sostenido históricamente: laicidad, inclusividad, vocación exportadora, fundamentación sólida, ejemplos globales, trazabilidad, políticas de uso y manejo del suelo, por mencionar algunas.
De modo que en caso de que permanezcan, quiere advertirse cual será la recomendación hacia el ministro.
El plan no debe ser por eso menos político. Es justamente político en busca de una producción más limpia, más sana, más justa, pero al mismo tiempo debe tener la redacción propia de una política de Estado para ser una política de Estado.
Finalmente, lo anteriormente expresado no significa para nada un desconocimiento del trabajo anteriormente realizado que permitió llegar a un plan preliminar y permitió además llegar a incluir a la agroecología en el presupuesto.
Ahora se trata de construir el pasaje a un plan consensuado y que, como política de Estado sea transversal a todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería e incluso trascienda los límites del Ministerio de Ganadería para convertirse en un plan que abarque a todo el gobierno uruguayo y quede instalado como una política de Estado que sirva de base a los gobiernos por venir sean del partido que sean.
Les deseo un fructífero trabajo. No participaré para promover la libre discusión y evitar debates que pueden ser infructuosos, pero estaré atento a cualquier comentario que quieran hacerme llegar en esta aventura de construir un plan de agroecología de consenso».